Imagen de la cárcel de Topas, situada en la provincia de Salamanca
Casi ocho años de cárcel para un funcionario de la prisión de Salamanca por agredir sexualmente a una interna
El tribunal considera acreditado que el funcionario imponía los contactos sexuales mediante intimidación, recordándole que él era «funcionario» y ella «una presa»
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un funcionario del Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, a cinco años y dos meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual y a dos años y seis meses por abuso de la función pública, tras acreditar que sometió durante meses a una interna a tocamientos, besos, masturbación forzada y presiones psicológicas aprovechando su posición jerárquica dentro del centro.
Los hechos probados sitúan las agresiones entre septiembre de 2023 y enero de 2024, siempre en el economato del módulo 1, donde la víctima trabajaba. El tribunal considera acreditado que el funcionario imponía los contactos sexuales mediante intimidación, recordándole que él era «funcionario» y ella «una presa», y advirtiéndole de que «podrían pasarle muchas cosas» si no obedecía. La interna, que padecía trastornos psicológicos previos, sufrió una agravación de su sintomatología, valorada en dos puntos de secuela por el médico forense.
La sentencia destaca la persistencia, coherencia y verosimilitud del testimonio de la víctima, corroborado por responsables del centro penitenciario y por la prueba biológica, ya que la interna logró recoger restos de semen tras una de las agresiones, y el análisis del Instituto Nacional de Toxicología confirmó que el ADN coincide con el perfil genético del acusado. El tribunal descarta fallos en la cadena de custodia y rechaza la versión del funcionario, que solo declaró en el juicio para negar los hechos.
La Audiencia aprecia varias agravantes como la relación de superioridad del funcionario sobre la interna, la especial vulnerabilidad de la víctima y el carácter particularmente degradante y vejatorio de los hechos, acompañados de coacciones y acoso psicológico.
Además de las penas de prisión, el tribunal impone al funcionario inhabilitación absoluta por periodos de 10 y 8 años, respectivamente, y medidas de protección como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella durante ocho años, así como libertad vigilada durante cinco años tras su excarcelación.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar 2.500 euros, cantidad ya consignada, más los intereses legales. Las costas procesales se le imponen íntegramente, incluidas las de la acusación particular.
La resolución subraya que los hechos constituyen un ataque grave a la libertad sexual y a la dignidad de una persona bajo custodia del Estado, ejecutado mediante abuso de poder y aprovechamiento de la estructura penitenciaria.