Sareb estudia alquileres asequibles para las 23 familias de Salamanca que durante años pagaron a una empresa fantasma

La intervención iniciada la semana pasada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en una promoción de viviendas de Babilafuente ha supuesto un primer paso para regularizar la situación de las familias residentes y estudiar soluciones adaptadas a cada caso.

La actuación, que ha contado con la presencia de mediadores sociales de la entidad, se enmarca en el protocolo que aplica la Sareb para analizar situaciones de vulnerabilidad y facilitar el acceso a fórmulas de alquiler asequible cuando se cumplen los requisitos establecidos.

Según fuentes de la Sareb consultadas por este periódico, este martes varios gestores sociales de la entidad se desplazaron hasta la promoción residencial para mantener contacto directo con las familias que habitan los inmuebles. Durante la jornada, la colaboración de los residentes fue mayoritaria y permitió recopilar documentación relevante para conocer la situación de cada unidad familiar.

Las mismas fuentes han explicado que los representantes de la Sareb solicitaron documentación identificativa, incluidos documentos nacionales de identidad, debido a que la entidad no disponía del registro completo de todas las personas que actualmente ocupan las viviendas. Asimismo, se requirió la aportación de recibos, contratos y otros documentos relacionados con la ocupación de los inmuebles. La determinación de la validez jurídica de dichos contratos corresponderá, en su caso, a los tribunales, ya que, según las fuentes consultadas, no es competencia de la Sareb establecer esa valoración.

Inspección de desperfectos

La visita también permitió acceder a varias viviendas cuyos ocupantes autorizaron la entrada de los técnicos. El objetivo era comprobar de primera mano el estado de conservación de los inmuebles y detectar desperfectos que puedan requerir intervención.

De acuerdo con las fuentes de la Sareb, la inspección no se limitó a las viviendas particulares, sino que alcanzó igualmente a distintas zonas comunes de la promoción donde se han identificado problemas que deberán ser objeto de futuras actuaciones de mantenimiento y reparación. La entidad considera esta fase como un paso previo imprescindible para asumir plenamente las obligaciones propias de un arrendador.

Tras esta primera toma de contacto, la Sareb iniciará el estudio individualizado de cada caso. Según las fuentes consultadas, aquellos residentes que acrediten una situación de vulnerabilidad podrán ser derivados a entidades y servicios sociales que colaboran con la entidad para proporcionar acompañamiento y seguimiento social.

Además, la Sareb contempla la posibilidad de ofrecer alquileres asequibles a quienes demuestren haber actuado de buena fe y cumplan los requisitos previstos en los protocolos vigentes. Las mismas fuentes destacan que en la promoción de Babilafuente no se han detectado situaciones de conflictividad, una circunstancia que facilita la tramitación de este tipo de soluciones.

Estudio individualizado

La hoja de ruta diseñada por la entidad contempla varias etapas. En primer lugar, la recopilación de la documentación de los residentes, un proceso ya iniciado durante la visita realizada esta semana y que permanecerá abierto un tiempo para permitir la entrega de documentos por parte de quienes todavía no lo hayan hecho.

El segundo paso consistirá en la elaboración de informes por parte de los servicios sociales competentes, que evaluarán la situación económica y familiar de los ocupantes. Finalmente, se estudiará cada expediente para determinar si reúne las condiciones necesarias para acceder a un alquiler social o a otras medidas de apoyo previstas en el protocolo de la Sareb.

Las fuentes consultadas señalan que el plazo máximo que maneja la entidad para completar este procedimiento es de aproximadamente tres meses.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es la posibilidad de acceder a rentas bonificadas ajustadas a la capacidad económica de cada hogar. Según explican desde la Sareb, la referencia habitual es que el alquiler represente alrededor del 30 % de los ingresos de la unidad familiar, aunque cada expediente será analizado de forma individual.

Esta circunstancia podría traducirse en cuotas incluso inferiores a las que algunos residentes afrontan actualmente. Los contratos se formalizarían conforme a los plazos y condiciones establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Una vez completada toda la tramitación y regularizada cada situación, el expediente pasaría a ser gestionado por el organismo estatal Casa 47, encargado de asumir estos casos dentro del marco de las políticas públicas de vivienda.