Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), en una infructuosa operación contra la okupación
Los vecinos de una urbanización okupada de Valladolid llevarán a Sareb ante la Justicia por su «inacción reiterada»
Exigen al llamado banco malo que asuma las responsabilidades que le corresponden como propietario de los inmuebles
La comunidad de propietarios de Arroyovereda, la urbanización okupada desde hace cuatro años en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), ha decidido emprender todas las acciones y reclamaciones judiciales que correspondan frente a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), propietaria de los pisos okupados.
Esta resolución se adoptó por unanimidad en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado miércolese, y responde a la «inacción reiterada y evidente» de Sareb, el llamado banco malo.
Según denuncian los vecinos, la situación ha provocado importantes perjuicios tanto para la Comunidad como para los residentes afectados, algo que consideran «inadmisible».
Con esta decisión, quieren reafirman su «compromiso con la defensa de la convivencia, la seguridad y los derechos de todos los vecinos». Al mismo tiempo, exigen a Sareb que asuma «de manera inmediata» las responsabilidades que le corresponden como propietario de los inmuebles.
Esta misma semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, dijo en el Senado que el caso de Arroyovereda se encuentra «en este momento en manos de la administración de Justicia, sobre la que expreso mi confianza». «Además, la Sareb se ha puesto ya en contacto con el ayuntamiento del municipio y espero que funcione la colaboración institucional», afirmó.
«Esto no ocurre en ningún país europeo»
El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación que atraviesan los vecinos de Arroyoverenda. Hace algo mes de un mes, remitió varias cartas al Defensor del Pueblo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP CyL) para denunciar lo que considera una deriva preocupante del Gobierno, que «legaliza okupaciones a través del Sareb».
«Promueve políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario», dijo. Según el regidor, lo que ocurre en España con la okupación de viviendas «no ocurre en ningún país de la Unión Europea, y sobre lo que la FEMP guarda silencio».
