El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado por el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en una imagen de archivo
Menos papeleo y hasta 133 normas que podrían desaparecer: los cambios que prepara la Junta de Castilla y León
El Ejecutivo autonómico somete a consulta pública un plan con 16 medidas para reducir la burocracia y facilitar las gestiones de ciudadanos y empresas
La Junta de Castilla y León quiere reducir algunos de los trámites burocráticos que complican las gestiones de ciudadanos y empresas. Entre sus propuestas figura evitar que una persona tenga que presentar documentos que ya están en poder de la Administración, reducir las autorizaciones exigidas para determinadas actividades y revisar hasta 133 normas que continúan en vigor pese a haber perdido su finalidad.
Todas estas medidas forman parte del Plan de Desregulación 2027-2028, cuyo borrador ha salido a consulta pública. El documento, impulsado desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales que dirige Carlos Pollán (Vox), vicepresidente primero de la Junta, recoge 16 actuaciones y establece un plazo hasta el 20 de noviembre para que ciudadanos y empresas puedan presentar sus aportaciones.
Una de las principales novedades afecta directamente a quienes realizan gestiones con la Administración. La Junta pretende que los organismos públicos consulten entre sí la documentación que ya tienen disponible, en lugar de volver a reclamársela a los interesados. El objetivo es reducir la documentación exigida y evitar gestiones que pueden resultar innecesarias.
También se plantean cambios para las empresas, especialmente en aquellos procedimientos que requieren una autorización antes de iniciar una actividad. En este caso, el objetivo es revisar estos controles y determinar cuándo pueden sustituirse por una declaración responsable o una comunicación, siempre que no exista una justificación para mantener la autorización previa. A ello se suma la intención de eliminar requisitos que superen las exigencias establecidas por la normativa.
El Gobierno autonómico también quiere revisar parte de la legislación que se ha ido acumulando con los años y que, en algunos casos, continúa formalmente vigente aunque ya no tenga una finalidad práctica.
Hasta 133 normas pendientes de revisión
Castilla y León cuenta con 360 normas con rango de ley en vigor, de las cuales 133 han sido identificadas como candidatas a derogación por haber agotado su objeto. Entre ellas se encuentran presupuestos de ejercicios anteriores, leyes singulares y disposiciones que modificaron otras normas. La Junta plantea estudiar su derogación expresa, aunque corresponderá a cada consejería justificar cuáles deben mantenerse.
El volumen normativo es todavía mayor si se tienen en cuenta las disposiciones de carácter reglamentario. En la Comunidad permanecen formalmente vigentes 1.590 decretos y 3.442 órdenes, una situación que el Ejecutivo pretende abordar mediante una reorganización de la legislación por materias.
La intención es que ciudadanos, profesionales y empresas puedan localizar con mayor facilidad las normas que necesitan consultar y conocer su contenido actualizado, sin tener que buscar entre distintas modificaciones publicadas a lo largo de los años.
El plan también contempla revisar los procedimientos en los que la falta de respuesta administrativa equivale a una denegación, así como estudiar la posible fusión o supresión de órganos colegiados y consejos asesores que no aporten valor. Paralelamente, se establecerán criterios más exigentes para elaborar nuevas disposiciones y se impulsará la formación del personal encargado de tramitar expedientes.
Para comprobar el cumplimiento del plan, la Junta establecerá un sistema de seguimiento basado en 26 indicadores, acompañado de dos informes semestrales y balance anual de carácter público. La iniciativa contará también con una evaluación final prevista para 2029.
