Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en una imagen reciente
España
Ada Colau, investigada por presunta malversación, prevaricación y tráfico de influencias
La alcaldesa de Barcelona habría otorgado, presuntamente, ayudas sin justificar a sociedades afines y próximas a la órbita ideológica de su partido
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar en calidad de investigada por delitos del malversación, prevaricación y tráfico de influencias por otorgar, presuntamente, cuantiosas ayudas sin justificar a sociedades afines y próximas a la órbita ideológica de Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa.
La declaración tendrá lugar el próximo 4 de marzo a las 10:30 horas y ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona.
La querella fue presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. En ella, esta agrupación sostiene que la alcaldesa de Barcelona entregó ayudas de forma discrecional y sin concurso público alguno a organizaciones afines y próximas al Observatorio DESC, una asociación en la que trabajó Colau antes de asumir el bastón de mando en la segunda ciudad de España.
También a otras como Ingenieros Sin Fronteras o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que la propia Colau fue una de sus caras más visibles antes de ser elegida alcaldesa.
Debería dimitir, según el código ético
La noticia de la imputación de la regidora de la ciudad condal ha generado las primeras reacciones en el ámbito político barcelonés. En concreto, en el seno del Ayuntamiento.
María Luz Guilarte, concejal y presidenta del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, ha pedido en Twitter que Colau dimita, en base al código ético de En Comú Podem, que estipula que los cargos de la formación que gobierna el Consistorio catalán deben hacerlo en caso de ser investigados por la justicia.
En concreto, el código ético de la formación ligada a Unidas Podemos recoge el «compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».
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