La huelga electoral llega con la izquierda peleando por no bajar de 120 escaños y riesgo de pinchazo

La primera huelga general con Pedro Sánchez en el Gobierno es una que, en realidad, no va en su contra. Eso afirmó la directora de estrategia de la campaña del PSOE, María Jesús Montero, y eso creen en el Ejecutivo. Y así lo ratificó el líder de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista concedida a El Debate el domingo. «No, claro que no irá contra el Gobierno», señaló, tajante.

El Gobierno afronta la jornada de este miércoles con la convicción de que la huelga no dañará sus intereses electorales, sino que en todo caso remará a su favor. Sea como fuere, la huelga electoral es un arma de doble filo para la izquierda, porque el riesgo de un pinchazo compromete el relato de que su electorado ha empezado a movilizarse y es imparable. Y llega en un momento muy delicado para esta.

El promedio de los últimos 11 sondeos elaborado por Electocracia, actualizado a fecha de este martes, sigue dibujando un abismo entre los dos bloques; con el PP y Vox sumando 195 escaños y el PSOE, Frente Amplio y Podemos sin pasar de los 122. Pedro Sánchez ha ido recortando su desventaja de los últimos meses respecto a Alberto Núñez Feijóo, pero esta es aún de 4,3 puntos: el 31,4 % frente al 27,1 %, con un margen de aproximadamente 21 diputados.

La diferencia la marca el partido de Santiago Abascal, al que la media de encuestas sitúa en el 18,8 de intención de voto y 64 escaños. El sondeo más desfavorable a Vox le da 62 diputados, frente a los 33 que tiene ahora. El más favorable, 69. Frente Amplio sigue en estado catatónico, luchando por el 6,8 % de voto y 12 escaños. Y Podemos no tiene asegurado ni siquiera el de Irene Montero por Madrid.

Todos los miembros del Consejo de Ministros, empezando por el presidente, han decidido vaciar sus agendas este miércoles y no harán apariciones públicas. Solo trabajo de despacho, según informan fuentes de la Moncloa. No está previsto que el Ejecutivo vaya informando del seguimiento del paro de 24 horas, como venía siendo costumbre cuando los sindicatos protestaban contra el poder y no contra la oposición.

Desde el Gobierno piden «respeto»

La portavoz del Ejecutivo fue preguntada este martes si el Gobierno se siente interpelado por una convocatoria que, inicialmente, fue convocada por el Sindicato de Inquilinas y después secundada por UGT y Comisiones Obreras. Elma Saiz se limitó a señalar que es una huelga «a favor de los derechos de todos y todas», que la lucha social y sindical ha logrado «importantísimos avances y reformas» y que la huelga es «un derecho constitucional». Además, la portavoz pidió «respeto» para los convocantes y para los trabajadores que se sumen, dirigiéndose implícitamente al PP y a Vox.

El ala socialista del Ejecutivo se ha cuidado de no aplaudir la huelga general con entusiasmo, sino limitarse a expresar su consideración. Ello para guardar las formas pero, sobre todo, para que si los sindicatos fracasan lo hagan solos. Desde Sumar, por el contrario, el ministro Pablo Bustinduy aprovechó ayer su presencia en la sala de prensa de la Moncloa para hacer un llamamiento a la participación. «Todos los derechos se han conquistado luchando y haciendo huelgas. Esta huelga es contra un sistema de especulación en la vivienda», afirmó, y prometió hacer «todo lo posible» para que la jornada fuese histórica.

Hasta la semana pasada, los sindicatos habían puesto el medidor del éxito no tanto en los paros laborales como en la afluencia de trabajadores en las manifestaciones convocadas por la tarde en toda España. Sin embargo, el paso de la borrasca Charles va a dejar lluvia por todo el país, lo que desincentivará la asistencia de público.

El PSOE jugará la baza del decreto Maricarmen horas después. Los socialistas quisieron que la Diputación Permanente del Congreso en la que ha de convalidarse el real decreto ley de vivienda se celebrase justo después de la huelga general, y no antes. Así que la votación y más que previsible convalidación se producirá este jueves.

En su entrevista del domingo con este periódico, el secretario general de UGT reconoció que se trata de una huelga «atípica» y que no va contra el Gobierno. «¿Cómo vamos a hacer una huelga a un Gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional un 66 %?, ¿cómo vamos a hacer una pancarta contra un Gobierno que hemos llegado a un acuerdo en el año 2021 que revaloriza y garantiza el sistema público de pensiones hasta el año 2050, ¿cómo vamos a ir con una pancarta contra un Gobierno que en vivienda tiene unas responsabilidades relativas? Reclamamos un pacto de Estado por la vivienda. Y, en ese sentido, también interpelamos al Gobierno del Estado, pero no es una huelga que el centro sea el Gobierno», explicó Álvarez.

Cuando Sánchez llegó al Gobierno, las subvenciones anuales para financiar la actividad sindical, fundamentalmente de UGT y Comisiones Obreras, se situaban en 8,8 millones. En unos años se multiplicaron hasta los 17 millones anuales, como los panes y los peces. Y desde 2025 reciben del Ejecutivo 32 millones de euros al año por ese concepto. Es decir, incluso sin Presupuestos Generales desde 2023, el PSOE ha sabido ser generoso con los sindicatos.

Hasta se manifestaron juntos con motivo del 1 de mayo de 2025, para pedir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Allí estuvieron, detrás de la pancarta, la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Óscar López, Sira Rego y Mónica García.

A pesar de que Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder del PP en acudir a un congreso de UGT, en esta ocasión ha sido muy crítico con una huelga «contra la oposición» que considera «un disparate». También Santiago Abascal, para quien debería ser «ilegal» esta «huelga política contra la oposición».