06 de diciembre de 2022

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau interviene durante la jornada de inauguración de la XXXVII Reunión del Cercle d'Economia

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la jornada de inauguración de la XXXVII Reunión del Cercle d'EconomiaEFE/ Quique García

Barcelona

Demanda contra Ada Colau por convocar oposiciones para colocar a afines

Llibertats solicita al juzgado la suspensión cautelar de la convocatoria mientras se llevan a cabo las pruebas solicitadas para evaluar la legalidad de la misma

La Asociación de Juristas constitucionalistas por las libertades, Llibertats, ha presentado un contencioso-administrativo contra Ada Colau por haber realizado una selección de personal con la finalidad de favorecer a altos cargos de su entorno.
Nuevos problemas judiciales para Ada Colau, en esta ocasión es la asociación Llibertats la que recorre a la justicia para pedir la suspensión de las asignaciones de plazas que afectan a tres altos cargos de Colau: el concejal Eloi Badia –quién afirmó renunciar a la plaza–, el conseller de distrito del partido de Colau, Ancor Mesa y el Comisionado Khalid Ghali. Los demandantes alegan que el jurado estaba formado por subalternos de las personas ganadoras de la plaza y, por lo tanto, no gozan de imparcialidad para valorar de forma objetiva las candidaturas.
La asociación de juristas catalanes Llibertats ha presentado una demanda contencioso-administrativa impugnando la convocatoria de ampliación de bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona y las bases que rigen dicha convocatoria por entender que el significativo número de miembros del consistorio municipal presentados a la convocatoria podría vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública y perjudicar los derechos y oportunidades de otros aspirantes.
Además, desde Llibertats se considera que se ha quebrantado el régimen de incompatibilidades por el que se deben regir los miembros de la Comisión de Selección. Dicha Comisión estaba formada por altos cargos del Gobierno municipal que deben su cargo a personas a las que se ha dado acceso a la bolsa de trabajo municipal, como los concejales del equipo de Ada Colau, Eloi Badia, miembro del Gobierno municipal, Ancor Mesa, consejero de Distrito en Sants-Montjuic o el comisionado de Diálogo Intercultural Khalid Ghali.
Para Manuel Miro, abogado de Llibertats, «estamos frente a un caso de amiguismo donde cargos que deben su posición laboral a sus jefes les devuelven el favor dándoles acceso a un empleo público, lo que supone un perjuicio frente a otros ciudadanos sin conexiones políticas o que no militen en la órbita de Ada Colau».
Según detalla Llibertats, los miembros de la Comisión de selección no son imparciales, dado que deben su posición preminente en la administración a personas como las que bajo su arbitraje en la convocatoria han accedido a las plazas y, en consecuencia, habrían presuntamente quebrantado las Bases de la convocatoria, incumpliendo disposiciones expresas de la normativa de aplicación como la neutralidad que conllevarían la nulidad de la composición de la Comisión y, por extensión, del procedimiento seguido para adjudicar plazas a cargos electos u otros cargos de designación digital.
El recurso presentado enumera un abanico de presuntas irregularidades, como el incumplimiento de las normas de paridad en la designación y composición de la comisión de selección, la quiebra de la garantía de imparcialidad de los miembros de la Comisión de Selección, el incumplimiento del deber de abstención por los indicados candidatos y los miembros de la comisión de selección, la infracción de los principios éticos y reglas de conducta a que están sujetos, y la infracción de la normativa de incompatibilidades del personal de las administraciones públicas y de la normativa de régimen electoral.
En consecuencia, Llibertats solicita al juzgado la suspensión cautelar de la convocatoria, limitada a la participación en el proceso selectivo de los cargos políticos y asesores del Ayuntamiento de Barcelona citados en la demanda, mientras se llevan a cabo las pruebas solicitadas para evaluar la legalidad de la convocatoria.
Esta demanda se suma a la presentada por la Cámara de propiedad por temas urbanísticos, a la querella del fondo de inversión Vauras Investments, a la anulación de las multas impuestas por el Ayuntamiento en la Zona de Bajas Emisiones o a la imputación de la alcaldesa por la concesión de ayudas a asociaciones afines.
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