Un asistente social habla con una pareja que okupaba con su hijo un piso en Barcelona
Cataluña
Los Mossos crean una unidad específica para desahucios y okupaciones
También han elaborado dos protocolos para abordar las intervenciones policiales en ambos casos, en los que se priorizará la mediación
La ocupación ilegal es uno de los mayores problemas a los que tiene que hacer frente Cataluña. Por este motivo, y porque a veces los lanzamientos judiciales son complicados, los Mossos han creado una unidad específica para desahucios y ocupaciones ilegales. Se trata de la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda. y también se han aprobado dos protocolos para llevar a cabo estos operativos. De esta forma, aseguran los responsables de los Mossos, habrá criterios unificados para toda Cataluña. Estos protocolos también incluyen la intervención de las unidades de orden público de la policía autonómica, la ARRO y la BRIMO, aunque en situaciones de «última necesidad».
Hay que tener en cuenta que la CUP había pedido que directamente los Mossos no participaran en desalojos de viviendas, pero desde Interior dejan claro que son «policía judicial» y, por lo tanto, tienen que ser «fiables». Estos protocolos se han pactado con la Fiscalía.
Ambos procedimientos tendrán en cuenta de si se está ante una ocupación flagrante, que es delictiva, o bien del desalojo de familias vulnerables, de aquellas familias que no pueden pagar el alquiler. En ningún caso se trata, dicen los responsables de Interior, de personas que pagan a las mafias para que les busque un piso. En el caso de que un juez ordene el desalojo de una familia vulnerable, la Comisaría general de Información evaluará el posible riesgo de incidentes y los calificará con una escala de tres grados: ninguna protesta, protesta pacífica y protesta con riesgo para personas y bienes.
Se apuesta por la mediación
La intervención de la policía, será, en cualquier caso, proporcional y gradual. Se empezará con las unidades de Mediación, se continuará con agentes de seguridad ciudadana y en última instancia ya se avisará a las unidades de orden público, que no podrán actuar de oficio, «si lo piden judicialmente o haya situaciones de riesgo evidente», decía el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent. Y para ser aún más garantista, la policía autonómica comprobará que los servicios están al corriente del desalojo, aunque la obligación de hacerlo es de los juzgados.
Y respecto a la nueva unidad, estará formada por un caporal y tres agentes. Su trabajo será fundamentalmente analítico y dará pautas a las Áreas Básicas Policiales, que serán las que tengan que decidir el dispositivo en función del riesgo que puedan prever. En definitiva, se pretende pasar de la reacción al análisis.
El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, dice que lo que se busca es conseguir un equilibrio entre los diferentes derechos que hay en juego: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Y también ha precisado que en caso de que se detecte de que se está a punto de ocupar ilegalmente una vivienda, o de que los vecinos avisen de que han entrado unos okupas, los agentes podrán actuar sin una orden judicial previa.
5.000 denuncias en seis meses
Hay que tener en cuenta que en los últimos seis años se han hecho casi 74.000 desalojos en Cataluña. En el 21 % de los casos se ha requerido la presencia de la policía, y no llega al 1 % que han tenido que intervenir los antidisturbios. Son 601 casos en concreto. En la primera mitad de año se han tramitado casi 5.000 denuncias por ocupación ilegal en Cataluña, especialmente de las regiones Metropolitana Norte, la Sur y la de Barcelona.
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