Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña
Cataluña
La Generalitat pagó el año pasado casi medio millón a la oficina de la ONU que hizo el informe sobre Pegasus
No es la primera vez que el gobierno catalán financia a este organismo que ya ha emitido varios informes alineados con las tesis independentistas
ERC y las entidades independentistas aireaban a bombo y platillo la semana pasada un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el que se recogían todos los argumentos de los republicanos en este caso. Así, por ejemplo, en el documento se expresaba la «preocupación muy seria» por el uso de este programa de espionaje, Pegasus, entre otras cuestiones porque España «vulneró sistemática el derecho a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones» o a «ser iguales ante la ley». Y remarcaba una preocupación especial porque los afectados «son todos miembros de la minoría del pueblo catalán».
Respondía así esta Oficina de la ONU a una comunicación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que presentó al organismo en nombre de las «víctimas de los republicanos» y también en coordinación con otras organizaciones afectados por este caso de espionaje, ¨llamado también «Catalangate». Y ahora se ha conocido que el año pasado, según publica El Confidencial, el Govern pagó casi medio millón de euros a fondo perdido a este organismo. Lo hizo a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, que está presidida precisamente por ERC.
Más de 1 millón de euros
Pero no es la primera vez que el Govern paga a esta Oficina de la ONU, que en los últimos años ha emitido varios informes que avalan las reclamaciones o las tesis independentistas. Como, por ejemplo, el informe en el que se acusaba a España de haber «vulnerado» en 2018 los derechos políticos de los líderes del ‘procés’, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, al suspenderlos como diputados antes de ser condenados por el Tribunal Supremo. Y en otro informe se pedía a España la liberación inmediata de los líderes independentistas al considerar que su encarcelamiento había sido «arbitrario». Es más, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, llegó a hacer una declaración institucional en la que aseguró que esta resolución de la ONU era de «obligado cumplimiento».
Pero hay que tener en cuenta, según publica la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que en 2021 la Generalitat pagó a este organismo 290 mil euros; en 2020 la cifra fue superior y se pagaron 350 mil, mientras que en 2019 la Oficina recibió 150 mil euros. En total, teniendo en cuenta estos pagos y este último que se ha conocido, la cantidad asciende a 1,3 millones de euros.
Basado en CitizenLab
Y ha todo esto hay que añadir, que el informe de esta oficina de la ONU se basa en otro, elaborado por CitizenLab, de la Universidad de Toronto, que ha sido ampliamente cuestionado. Por un lado, y como ya denunció el Foro de Profesores, por una «variedad de aparentes conflictos de intereses (políticos y económicos), que involucran a los autores del informe y las personas que colaboran con su trabajo de campo». Además de una «falta de transparencia muy inusual con respecto a la metodología».
Y es que precisamente el trabajo de campo fue coordinado por un activista independentista, Elías Campo, «sin ninguna experiencia previa en investigación o título de educación superior completo», y que además «hizo afirmaciones falsas sobre su situación laboral», falseó su currículo y no estaba afiliado a CitizenLab. Pero es que Campo, y otros cinco participantes son sospechosos de colaborar con los servicios secretos rusos para crear en 2019 el Tsunami Democrático, una plataforma que sirvió para coordinar protestas, como bloqueos en carreteras o en el aeropuerto de Barcelona, además de otros disturbios en Cataluña. Pero, recuerda el Foro de Profesores, «estos lazos bien documentados con Rusia y los intentos rusos de desestabilizar España y la UE, apoyando a los secesionistas catalanes son totalmente omitido del informe».
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