Dos personas entran en una oficina del SEPE de Móstoles.
Las regularizaciones del IMV ya recortan o eliminan la prestación a más de 300.000 beneficiarios
Las revisiones anuales con Hacienda afectan cada vez a más perceptores y las ayudas reducidas o extinguidas han aumentado un 50 % en dos años
El IMV se calcula y actualiza teniendo en cuenta los datos fiscales e ingresos del año anterior y, una vez que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cruza esa información con los datos de la Agencia Tributaria, revisa las prestaciones concedidas y corrige su importe. El aumento del número de beneficiarios ha hecho crecer también las regularizaciones que se traducen en una reducción de la cuantía o incluso en la pérdida completa de la ayuda.
En su quinta y última opinión sobre el IMV, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reveló que, en el año 2025, el 32 % de los beneficiarios vio reducida la cuantía de su prestación tras el cruce anual de datos con Hacienda, mientras que un 10 % dejó de cumplir los requisitos y causó baja en el sistema. En conjunto, un 42 % de los perceptores terminó recibiendo menos ayuda de la inicialmente reconocida o dejó de percibirla por completo.
Aplicando estos porcentajes al número de perceptores del IMV publicado por la Seguridad Social, se estima que más de 309.000 personas vieron reducida o extinguida su prestación en 2025, frente a las cerca de 207.000 de 2023. Se trata de un incremento cercano al 50 % en apenas dos años.
Por el contrario, únicamente un 9 % de los beneficiarios vio incrementada la cuantía del IMV tras la revisión, muy lejos del 33 % registrado dos años antes. Los datos reflejan un cambio en el resultado de las regularizaciones, con un peso cada vez menor de las revisiones favorables y un mayor volumen de prestaciones reducidas o extinguidas. En otras palabras, por cada beneficiario al que la revisión fiscal aumentó la ayuda en 2025, hubo casi cinco cuya prestación se redujo o desapareció.
Un problema de diseño
Estas revisiones son una consecuencia del propio diseño del IMV. La prestación se reconoce inicialmente con la información de renta disponible en ese momento, pero su cuantía definitiva se ajusta posteriormente cuando la Agencia Tributaria consolida los datos fiscales del ejercicio correspondiente.
La AIReF lleva varios años advirtiendo de las dificultades que genera este sistema. En su última evaluación volvió a recomendar que el cálculo de la prestación incorpore información de renta más actualizada para reducir el elevado número de revisiones posteriores y ofrecer una mayor certidumbre a los beneficiarios.
Según el organismo, la utilización de datos fiscales con retraso provoca que muchas familias reciban inicialmente una cuantía superior o inferior a la que finalmente les corresponde, lo que obliga a revisar miles de expedientes cada año.
La propuesta pasa por utilizar información de renta más actualizada para calcular la prestación desde el primer momento y reducir así las regularizaciones posteriores. Sin embargo, el organismo mantiene esta recomendación –así como muchas otras– desde hace varios años sin que el Gobierno haya incorporado ninguna de las propuestas.
