Yolanda Díaz ultima el registro horario que esquivó al Congreso y que puede costar 900 millones al año a las pymes

Hace un año, el Congreso propinó a Yolanda Díaz una de sus mayores derrotas políticas al tumbar la reducción de jornada, un revés que anticipó el declive de quien había sido una de las figuras más fuertes del Gobierno. Doce meses después, y con una legislatura que desprende ya aroma de fin de ciclo, la vicepresidenta vuelve sobre aquella reforma para sacar adelante una de las medidas que sobrevivieron al naufragio: un registro horario cuestionado por el Consejo de Estado y que puede dejar a las pymes una factura cercana a los 900 millones de euros al año.

La semana pasada, Díaz aseguró que el nuevo control horario se aprobará «con carácter inmediato» después de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Economía para responder a las objeciones planteadas por el Consejo de Estado. «Hay acuerdo para aprobar ya el registro», afirmó la vicepresidenta, que lleva meses defendiendo que la medida saldrá adelante pese a los obstáculos acumulados durante su tramitación.

El origen de este largo recorrido está precisamente en la derrota parlamentaria de hace un año. El proyecto que llegó al Congreso reunía en una misma ley la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas, el nuevo registro horario y el derecho a la desconexión. El 10 de septiembre de 2025, PP, Vox y Junts aprobaron conjuntamente sus enmiendas de devolución por 178 votos frente a 170 y la reforma regresó al Gobierno sin haber superado siquiera su primer gran trámite parlamentario.

Tras el varapalo, Trabajo decidió separar las piezas. La reducción de jornada exigía modificar el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, encontrar una mayoría parlamentaria que seguía sin existir. El registro horario, en cambio, ofrecía otra vía: desarrollarlo mediante un real decreto que pudiera ser aprobado directamente por el Consejo de Ministros sin necesidad de someterlo a una nueva votación en el Congreso. El Gobierno aceleró esa vía y el 30 de septiembre declaró urgente su tramitación, reduciendo a la mitad los plazos administrativos.

Díaz conseguía así mantener viva una parte importante de su reforma pese a la derrota de las 37,5 horas. El nuevo sistema debía sustituir los registros en papel y otros mecanismos fácilmente manipulables por un modelo digital, trazable y accesible que permitiera conocer las horas efectivamente realizadas por cada trabajador y reforzara el control de la Inspección de Trabajo.

Sin embargo, la vía elegida para esquivar el bloqueo parlamentario terminó convirtiéndose meses después en uno de los principales problemas de la reforma. En marzo, el Consejo de Estado emitió un dictamen especialmente contundente con el proyecto y cuestionó, entre otros aspectos, que algunas de las nuevas obligaciones que Trabajo pretendía imponer pudieran aprobarse mediante un reglamento. «No procede aprobar el real decreto proyectado», señaló tajante el organismo.

El Consejo de Estado calculó que el registro podría suponer un coste inicial de unos 867 millones anuales para las pymes

El Consejo de Estado también puso en cuestión la evaluación del impacto económico realizada por Trabajo. Mientras el Ministerio descartaba un impacto significativo, el órgano consultivo calculó que el nuevo registro podría suponer un coste inicial de unos 867 millones de euros anuales para las pymes, a partir de una estimación de 55,4 euros por cada uno de los aproximadamente 15,6 millones de trabajadores afectados. A esa cantidad podían añadirse otros gastos de implantación, formación y mantenimiento.

El dictamen obligó al Gobierno a revisar una reforma que Trabajo pretendía aprobar rápidamente después de la derrota parlamentaria. Para entonces, además, las discrepancias habían llegado al interior del Ejecutivo.

Carga desproporcionada

Economía compartía la necesidad de reforzar el control horario, pero reclamaba cambios para evitar que la implantación del nuevo sistema impusiera una carga desproporcionada a autónomos y pequeñas empresas. El departamento dirigido por Carlos Cuerpo exigió introducir salvaguardas y garantizar una aplicación más flexible para los negocios con menor capacidad para asumir la digitalización del registro.

Las diferencias entre ambos ministerios prolongaron durante meses la negociación de una norma que Trabajo había querido sacar adelante con rapidez tras la derrota de las 37,5 horas. El decreto llegó al verano sin acuerdo y el Gobierno terminó aplazando su aprobación hasta septiembre, mientras aumentaba también la presión de los sindicatos para desbloquearlo.

El retraso terminó por elevar también la tensión con los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exigió el pasado miércoles al Ejecutivo que reactivara «de manera inmediata» el real decreto y advirtió de que la paciencia de los sindicatos «tiene límites». El dirigente sindical reconoció que el Gobierno estaba trabajando en las modificaciones reclamadas por el Consejo de Estado para evitar una posible impugnación de la norma, pero amenazó con trasladar el conflicto a las mesas de diálogo social y a la firma de futuros acuerdos.

La respuesta de Díaz llegó ese mismo día. La vicepresidenta aseguró que las diferencias con Economía ya estaban resueltas y que únicamente quedaban por incorporar los últimos cambios jurídicos antes de llevar el decreto al Consejo de Ministros. Trabajo confiaba así en culminar en los próximos días una reforma que pretendía aprobar hace casi un año por la vía rápida.

Horas extra no remuneradas

Díaz sostiene que el nuevo registro es necesario para acabar con las horas extraordinarias que se realizan sin pagar. Según las cifras esgrimidas por la ministra, cada semana se hacen en España 2,5 millones de horas extra no remuneradas, una situación que considera perjudicial no solo para los trabajadores, sino también para las empresas que cumplen con la legislación por la «competencia desleal» que generan quienes no lo hacen.

La incógnita está ahora en cuánto ha tenido que ceder Trabajo para sacar adelante el decreto. El texto que llegue finalmente al Consejo de Ministros deberá incorporar las modificaciones derivadas del dictamen del Consejo de Estado y del acuerdo alcanzado con Economía, después de que las objeciones del primero y las exigencias del segundo obligaran al Ministerio a revisar el proyecto inicial.

Un año después de la derrota parlamentaria, la reducción de jornada y el registro horario han seguido caminos muy diferentes. Las 37,5 horas continúan bloqueadas a la espera de una mayoría que el Gobierno no tiene. El registro horario, separado de aquella ley para poder avanzar sin el Congreso, está ahora a las puertas de ser aprobado tras casi doce meses de travesía en el desierto y con una factura para las pymes que el Consejo de Estado cifra en cerca de 900 millones de euros anuales.