El Poder Judicial pide «consensos» frente al veto de Bolaños en los nombramientos al Supremo y a una Fiscalía alineada con el Gobierno

La apertura de este Año Judicial en el Supremo ha tenido un poso especial al cumplirse cincuenta años de la histórica sesión de 1976 en la que la Corona retomaba la Presidencia del acto solemne, recordaba la presidenta del Alto Tribunal al rey Felipe VI, en el arranque de su discurso de ayer. Una intervención en la que Isabel Perelló, que escribía el texto en los últimos tres días sobre algunas ideas que había ido recogiendo durante el verano, llamaba al «valor institucional» del «consenso» en la Justicia, en general, y en el marco de las «decisiones» que corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que encabeza.

«Como presidenta del Consejo General, reitero, ha sido siempre trabajar por alcanzar» la «unanimidad», «ejerciendo un papel imparcial y neutral, con criterio propio y con un único objetivo: actuar al servicio de la Justicia y del interés general y nunca al servicio de otroa intereses», «sin ceder a influencias, presiones, ni injerencias de ningún tipo», advertía.

Una afirmación en la que muchos leían entre líneas una queja implícita de Perelló al actual bloqueo en los nombramientos de las vacantes del Alto Tribunal que han arrancado en el seno de su institución y que, según ha podido saber El Debate, tardarán en concretarse por la falta de acuerdo en la elección de los candidatos. Los huecos que se han ido produciendo, en los últimos meses, cuatro solo en la Sala Segunda de lo Penal, por causas «ajenas al vencimiento del mandato legal» como, por ejemplo, la jubilación del titular de la Sala Tercera, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, tras su «jubilación», están abocadas a cronificarse. Y es que el veto aritmético del considerado bloque izquierdista del Pleno en las Comisiones de Calificación «está condenando» la sustitución de algunos magistrados, bajo la alargada sombra del ministro Félix Bolaños, han apuntado algunas fuentes consultadas por este diario.

No en vano, las relaciones entre el colegio de jueces y el responsable de su Departamento atraviesa horas tan bajas que, este mismo jueves, al concluir el acto de rigor, Bolaños abandonaba la sede del Supremo de manera precipitada, sin disfrutar de los corrillos posteriores, ni pararse con la prensa, como suele ser costumbre en este tipo de eventos.

Sobre la mesa, no sólo el malestar general del colegio de jueces con la ley de planta aprobada por el actual Gobierno y promovida por el propio ministro como un mérito personal, cuya implantación práctica está siendo «nefasta»; sino, además, el intento frustrado de los vocales del Consejo propuestos por el PSOE por condicionar el contenido del discurso de la presidenta Perelló, que hace unos días provocada una reacción airada de varios de ellos en una nota que tascendía a la prensa.

El comunicado hecho público resulta «difícilmente conciliable con la lealtad institucional» que ellos mismos reclaman y sobre la que, ayer mismo, insistía Perelló. Mentras «la discrepancia es legítima y consustancial al funcionamiento de un órgano constitucional plural», como es el CGPJ, trascenderla a la opinión pública antes, incluso, de que se haya tratado en el seno del Consejo y «a espaldas de la presidenta y el resto de los vocales», no parece demasiado admisible. Y, según ha podido saber El Debate, este gesto de nueve vocales de los diez que integran el ala izquierdista no ha sido un episodio «aislado».

Fuentes conocedoras de la situación han apuntado cómo desde la renovación de las comisiones del Consejo en octubre del año pasado, se viene reiterando «una dinámica en la que, cuando determinadas posiciones no obtienen el respaldo suficiente dentro del órgano, la discrepancia se traslada al exterior y se convierte en un cuestionamiento de la actuación de la presidenta y de los vocales que no comparten esos planteamientos» que enturbia el ambiente a nivel interno y que, cada vez más, refuerza la necesidad de implantar la histórica reivindicación de los jueces y magistrados para que los vocales del Consejo sean elegidos por sus pares.

Precisamente, contra esta exigencia de la Carrera Judicial, a la misma hora en la que el Rey, la presidenta del Supremo y la fiscal general del Estado inauguraban el curso tras las vacaciones, el PSOE y sus socios de Gobierno rechazaban en el Congreso -como exigen la Comisión Europea y la Comisión de Venecia- una inciativa del PP para que los jueces españoles puedan elegir, directamente y sin interferencias partidistas, a 12 de sus 20 representantes.

La Fiscalía, en entredicho

Así las cosas, el tono de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que se estrenaba en la Apertura Judicial desde que tomase posesión de su carto, sonaba mucho más complaciente con el Ejecutivo socialista que la nombró tras la salida de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación como responsable de un delito de revelación de datos reservados y sobre el que todavía se desconocen, en detalle, las razones que llevaron a rehabilitarle en la actividad profesional. Hasta en dos ocasiones se ha negado la fiscal general a proporcionar el contenido del decreto por el que recuperó a su predecesor.

Peramato dejaba la sensación de «querer agradar» al ministro Bolaños, durante su intervención, y suscitaba nuevas críticas en el seno de la Carrera, pese a su queja explícita para que no se confundan «con la descalificación sistemática» de la Fiscalía.

Las críticas «hay que saber asumirlas en un Estado de Derecho» y siempre que estén «fundadas en razones jurídicas y de legalidad», afeaban después, off the récord, los fiscales a los que Peramato interpelaba en un discurso que pareció «plano», «muy plagado de lugares comunes» y en apoyo cerrado «a todas las reformas» planteadas desde el actual Ejecutivo. Entre ellas, especial mención el traspaso de la instrucción a los fisacles, prevista en la modificación, pendiente, del Estatuto Orgánico del Ministerio Público en una institución en la que se carece no sólo de la suficiente «autonomía», como reclamaba su titular, e independencia «que no se reivindicó».

Tampoco ha parecido convencer a los mienbros de la Fiscalía la reflexión de su máxima representante sobre Ceuta a la que Peramato se refería de pasada, «sin molestar a nadie» y omitiendo cualquier referencia al ataque a la integridad territorial que sí incorporaba, en cambio, Isabel Perelló en su mensaje.