Isabel Perelló: «No es admisible la descalificación pública de los jueces como instrumento de presión» a sus decisiones

Si algo ha quedado claro en el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, durante al apertura del Año Judicial es su voluntad permanente de «consenso», su altura institucional y la reivindicación, una vez más, del «respeto y la lealtad que se debe a la Justicia, desde los propios órganos judiciales pero, en especial. por parte de quienes «ejercen responsabilidades» públicas, cuyos ataques con cada vez «más graves».

«No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio» de sus funciones jurisdiccionales, ha recordado Perelló. «El Estado Constitucional exige», ha dicho, que «cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás".

«No se trata de una mera deferencia política, sino de una expresión de cooperación instituciomnal que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto» del sistema democrático, precisamente, en el mismo día en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a denostar a algunos jueces por hacer política y «querer gobernar el país por detrás».

La discusión sobre las razones de una resolución [concreta] no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, por la mera discrepancia con lo resuelto

En contra de la polémica, la Constitución proclama que «la Justicia emana del pueblo» y, en consecuencia, merece un respeto en su papel como «verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado», ha zanjado la presidenta del Supremo.

Para Perelló «puede discutirse la valoración de la norma» y, por eso, «siempre será bienvenida la crítica fundada», incluso la más «severa», ha reflexionado la titular del Poder Judicial, frente a las «acusaciones expresas y generalizadas» que, en los últimos tiempos, han deslizado que hay «jueces y tribunales que adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan en sus resoluciones».

Semejante «imputación» ha mereceido la desaprobación de Perelló porque, de lo contrario, se podría estar incurriendo en «la atribución de una conducta delictiva» que pone «en cuestión que la actuación judicial responde exclusivamente al Derecho»; y, con ello, «compromete» «uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción y, asimismo, el Estado de Derecho».

De hecho, la presidenta del CGPJ ha apelado a una complicidad institucional con el Rey Felipe VI a quien ha parafraseado en una de las partes de su intervención: «Señor, como afirmásteis en 2019, sin democracia, el Derecho no sería legítimo; pero, sin Derecho, la democracia no sería real ni efectiva». Una aseveración a la que Perelló añadía su propia cosecha: «Tampoco puede haber democracia sin un Poder Judicial independiente».

Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más

Por supuesto, la presidenta del Supremo ha admitido que «la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones». "La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas”, ha manifestado.

Sin embargo, ha señalado que, "pese a las descalificaciones, los ciudadanos confían en la labor de los jueces, «en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela que hacemos de sus derechos y libertades y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna».