El ala izquierda del CGPJ fracasa en su intento por condicionar el discurso de Isabel Perelló en el Supremo

Los dicursos del Rey y de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo (TS)son, siempre, una ocasión perfecta, la primera de cada curso, para medir la salud de la Justicia y sus retos pendientes. Este año, ambos se derán en un escenario de choque institucional que ha estado marcado por las críticas del Gobierno a los jueces y por los intentos de remover a algunos de ellos, en general, y contra algunos nombre propios, en particular, encargados de las causas más comprometidas. Quizás, por ello, este jueves, cobre todavía más valor el texto que Isabel Perelló leerá ante el Rey Felipe VI en el Supremo, tras el intento de un grupo de vocales del ala izquierdista del Consejo por condicionar, en un gesto inédito, el contenido de sus reflexiones.

No en vano y, según ha podido conocer El Debate, a lo largo de los últimos días -en los que el CGPJ ha arrancado con las comisiones de calificación de los candidatos a incorporarse a varias vacantes del TS, entre las que hay varias en la Sala Segunda de lo Penal- ha fracasado un movimiento interno en virtud del cual, una parte de los consejeros propuestos por el PSOE trataron de que Perelló incorporase entre sus líneas alguna referencia interesada.

Un movimiento que no sólo no tuvo ninguna acogida por parte de la titular del órgano, quien hasta la fecha se ha caracterizado por su independencia sino que, además, hace unos días provocaba la emisión de un comunicado en el que algunos de ellos invitaban, públicamente, a la Perelló a hacer «autocrítica», este jueves, como parte de su «responsabilidad» al frente de un órgano que, según su criterio, no puede obviar «la crítica legítima a las resoluciones judiciales». En especial, aquellas más incómodas para el presidente del Gobierno y su entorno, se traslucía.

No en vano, las medidas cautelares adoptadas por la Sala Tercera del Alto Tribunal contra la 'ley de nietos' modificada por el Ejecutivo socialista sin el aval del Parlamento y las acusaciones abiertas de varios ministros a la magistrada María Tardón, la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta, del pasado mes de julio, obligarán a Perelló a insistir en la defensa de la separación de poderes, la independencia judicial y el máximo respeto a la labor de los miembros de la Magistratura. Si bien el tono y el alcance de su intervención es uno de los secretos mejor guardados.

No menos expectación habrá con la fiscal geberal del Estado, Teresa Peramato, que se enfrenta a su primera intervención en la cita desde que asumiera el cargo, el año pasado, tras la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, que renunció al cargo al ser condenado a dos años de inhabilitación por el Supremo, como culpable de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Precisamente, y por primera vez desde que García Ortiz fuese declarado culpable, Peramato ha dado explicaciones concretas y poemenorizadas, en la Memoria Anual del Ministerio Público, sobre la decisión de rehabilitar a su predecesor en el ejercicio profesional. Y, lo hacía utilizando, para ello, la criticada sentencia del Supremo, De hecho, la fiscal general considera que la pena de inhabilitación especial impuesta por el Alto Tribunal queda limitada al puesto concreto que ocupaba García Ortiz y no es una prohibición absoluta para el ejercicio de otras funciones públicas. De ahí que autorizase reactivar la incorporación de éste al servicio activo en la Carrera.

Los asuntos mñas espinosos del año

El Supremo sirve de escenario, como cada año, a un acto que, en esta ocasión, tendrá lugar apenas dos días después de que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acordase paralizar, de manera provisional, el voto para nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' y, en consecuencia, congelar las nuevas altas en el censo electoral, mientras no resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados estimaron las medidas cautelares solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa contra la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados y, con ello, su participación en cualquiera de los próximos comicios lo que supone un presunto «intento de manipulación del censo electoral» para alterar la balanza en favor de un Gobierno que sigue en caída libre.

Nada más conocer la decisión, desde Moncloa reaccionaron señalando su discrepancia con el auto del Alto Tribunal y apuntando en su confianza con «la imparcialidad de la Justicia en el Estado de derecho», en palabras de su ministra portavoz, Elma Saiz.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha urgía este miércoles al Supremo a pronunciarse pronto sobre la situación de los descendientes de exiliados que residen en el extranjero, para que «intente resolver cuanto antes» y especialmente «antes de las elecciones de 2027».

Sánchez ha asegurado en una entrevista que el Gobierno no está a favor de la resolución del Supremo, en línea con las declaraciones del ministro de Justicia, que antes ya había reclamado que resuelva «lo antes posible» el fondo de la cuestión sobre el derecho de voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada 'ley de nietos'.

«Respetuosamente», Bolaños pidió a los magistrados que den prioridad al asunto, al considerar que se trata de «lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto», y que para «privar» de ello a miles de ciudadanos tienen que conocerse «todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura», ya que por ahora el Supremo sólo ha dado a conocer la decisión.

A la controversia sobre la 'ley de nietos' hay que sumar, en los últimos días, el enfrentamiento con la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que indaga en la avalancha de Ceuta, por pedir reserva a los investigadores policiales para que no informaran a sus superiores del desarrollo de las pesquisas y que lo hiciesen, directamente, a ella.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reprochó esa postura a Tardón, defendiendo que no es incompatible cumplir los requerimientos judiciales con informar a los responsables políticos ante una situación grave como la vivida en la ciudad autónoma. Un pronunciamiento que motivó el apoyo cerrado de la presidenta del CGPJ, en una carta remitida al ex magistrado, y de la Sala de Gobierno de la AN, por unanimidad.

Para el Gobierno, el desconocimiento por parte de la cadena de mando de la Policía Nacional del informe elaborado por un departamento interno de extranjería y fronteras, que atribuyó a fuerzas de seguridad de Marruecos el «guiado activo» de inmigrantes ilegales hacia la ciudad autónoma española, podía afectar a la seguridad nacional.

Sánchez ha manifestado en las últimas horas que es un «hecho objetivo» que la jueza Tardón fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, añadiendo que este pasado con el «compromiso político coyuntural de una persona» no está «reñido» con su labor actual en la Audiencia Nacional.

«De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar», declaraba el ministro Puente, que incidió en que Tardón «viene del mundo político».