El ala izquierda del CGPJ fracasa en su intento por condicionar el discurso de Isabel Perelló en el Supremo

Los dicursos del Rey de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo son, siempre, una ocasión perfecta, la primera de cada curso, para medir la salud de la Justicia y sus retos pendientes. Este año, en un escenario de choque institucional que ha estado marcado por las críticas del Gobierno a los jueces y por los intentos de remover a algunos de ellos, en casos determinados, encargados de las causas más comprometidas. Quizás, por ello, este año, cobre todavía más valor el texto que Isabel Perelló leerá ante el Rey Felipe VI en el Supremo, tras el intento de un grupo de vocales del ala izwuierdista del Consejo por condicionar, en un gesto inédito, el contenido de sus reflexiones.

Las medidas cautelares adoptadas por la Sala Tercera del Alto Tribunal contra la 'ley de nietos' del Ejecutivo socialista y las acusaciones abiertas de varios ministros a la magistrada María Tardón, la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la invasión de Ceuta, del pasado mes de julio, obligarán a Perelló a insistir en la defensa de la separación de poderes, la independencia judicial y el máximo respeto a la labor de los miembros de la Magistratura. Si bien su intervención es uno de los secretos mejor guardados de esta cita.

Por su parte, la fiscal geberal del Estado, Teresa Peramato, se enfrentará a su primer intervención en la cita desde que asumiera el cargo, el año pasado, tras la dimisión de su predecesor, Álvaro García Ortiz, que renunció al cargo al ser condenado a dos años de inhabilitación por el Supremo, como culpable de un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al acto está previsto que asistan vocales del CGPJ, integrantes de la Sala de Gobierno del Supremo y magistrados de este órgano judicial, además de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otras autoridades judiciales.

Igualmente se prevé que acudan la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El Supremo sirve de escenario como cada año a un acto que, en esta ocasión, tiene lugar apenas dos días después de que su Sala de lo Contencioso-Administrativo acordara paralizar temporalmente el voto para nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' y nuevas altas en el censo electoral mientras no resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados estimaron medidas cautelares solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa contra la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados la decisión. Los recurrentes celebraron la decisión de «suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones».

Nada más conocer la decisión, el Gobierno reaccionó señalando que no la comparte y que confía en «la imparcialidad de la justicia en el Estado de derecho», en palabras de su ministra portavoz, Elma Saiz.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha urgido este miércoles al Supremo a pronunciarse pronto sobre la situación de los descendientes de exiliados que residen en el extranjero, para que «intente resolver cuanto antes» y especialmente «antes de las elecciones de 2027».

Sánchez ha asegurado en una entrevista que el Gobierno no está a favor de la resolución del Supremo, en línea con las declaraciones del ministro de Justicia, que antes ya había reclamado que resuelva «lo antes posible» el fondo de la cuestión sobre el derecho de voto de los españoles nacionalizados mediante la denominada 'ley de nietos'.

«Respetuosamente», Bolaños pidió a los magistrados que den prioridad al asunto, al considerar que se trata de «lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto», y que para «privar» de ello a miles de ciudadanos tienen que conocerse «todos los argumentos que puedan justificar una medida de esa envergadura», ya que por ahora el Supremo sólo ha dado a conocer la decisión.

A la controversia sobre la 'ley de nietos' hay que sumar el enfrentamiento con la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que indaga en la crisis migratoria de Ceuta, por pedir reserva a los investigadores policiales para que no informaran a sus superiores del desarrollo de las pesquisas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reprochó esa postura a Tardón, defendiendo que no es incompatible cumplir los requerimientos judiciales con informar a los responsables políticos ante una situación grave como la vivida en la ciudad autónoma.

Para el Gobierno, el desconocimiento por parte de la cadena de mando de la Policía Nacional del informe elaborado por un departamento interno de extranjería y fronteras, que atribuyó a fuerzas de seguridad de Marruecos el «guiado activo» de migrantes hacia la ciudad autónoma española, podía afectar a la seguridad nacional.

Sánchez ha manifestado en las últimas horas que es un «hecho objetivo» que la jueza Tardón fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, añadiendo que este pasado con el «compromiso político coyuntural de una persona» no está «reñido» con su labor actual en la Audiencia Nacional.

Y ha señalado que el Gobierno tiene «máxima confianza» en la justicia y responderá con «transparencia» porque «no tienen nada que ocultar» sobre la entrada masiva.

Lo ha hecho después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmara que es «bastante extraño» que la jueza pidiera al equipo investigador de la Policía no transmitir a los mandos las conclusiones del informe, ya que son «cuestiones relativas a la seguridad nacional».

«De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar», declaró Puente, que incidió en que Tardón «viene del mundo político».