La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Trabajo prepara un despido más caro y personalizado según la situación de cada trabajador
Díaz considera «baratísima» la indemnización, que sitúa en una media de 8.000 euros, y descarta limitarse a recuperar los 45 días anteriores a 2012
El Gobierno prepara una reforma para encarecer el despido y modificar la forma en la que se calculan las indemnizaciones. Yolanda Díaz ha confirmado este miércoles en el Congreso que su Ministerio pretende cambiar el modelo actual para que la compensación pueda tener en cuenta las circunstancias particulares de cada trabajador y no dependa únicamente de un baremo general.
«La respuesta es sí», ha contestado Díaz al portavoz económico de EH Bildu, Oskar Matute, después de que este le preguntara durante la sesión de control si el Gobierno tiene previsto reformar las indemnizaciones por despido.
Según los datos de la ministra, la indemnización media ronda actualmente los 8.000 euros, cifra que en el País Vasco asciende a 12.000 euros. «Es baratísimo despedir a un trabajador. Por lo tanto, vamos a hacer algo», ha afirmado.
Trabajo no pretende, sin embargo, limitarse a deshacer la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Aquella modificación redujo con carácter general la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades para el periodo trabajado desde la entrada en vigor de la reforma.
Díaz ha descartado que la solución consista simplemente en recuperar los 45 días y ha defendido un modelo capaz de valorar el perjuicio que el despido ocasiona a cada trabajador.
La indemnización por despido improcedente se determina fundamentalmente a partir del salario y la antigüedad. La propuesta que estudia el Gobierno incorporaría también las circunstancias particulares de la persona despedida y el daño económico que le ocasiona la pérdida del empleo.
Díaz ha utilizado un ejemplo para explicar qué pretende. «No es lo mismo si despiden a una mujer que tiene 60 años, que no tiene formación, que tiene enfermedades, que si despiden a una persona joven que habla muchos idiomas y con un futuro en el trabajo», ha señalado.
La vicepresidenta considera que la indemnización debería servir para reparar el daño provocado por el despido y tener en cuenta también el lucro cesante, es decir, los ingresos que el trabajador deja de obtener como consecuencia de la pérdida de su puesto.
Críticas del CEDS
El anuncio de Trabajo llega después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano del Consejo de Europa encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Social Europea, haya cuestionado el sistema español de indemnización tasada por despido improcedente.
El organismo considera que los límites establecidos por la legislación española pueden impedir que la indemnización sea suficiente para reparar el perjuicio sufrido por el trabajador y tenga un efecto disuasorio para la empresa.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha rechazado que la indemnización legal por despido improcedente pueda incrementarse judicialmente, con carácter general, mediante cantidades adicionales vinculadas a las circunstancias concretas de cada caso. En una sentencia de diciembre de 2024, el Alto Tribunal concluyó que el baremo establecido en el Estatuto de los Trabajadores no podía elevarse por esta vía invocando el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.
