La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz.
La AIReF concluye que el IMV sigue arrastrando los mismos problemas cinco años después de su creación
El organismo advierte de que más de la mitad de los hogares con derecho a la prestación todavía no la solicita
Cinco años después de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha echado el cierre a su evaluación anual de la principal prestación contra la pobreza con el mismo diagnóstico que realizó en la primera opinión: el sistema continúa arrastrando problemas de diseño que dificultan el acceso de los potenciales beneficiarios y siguen desincentivando la incorporación al empleo.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha presentado este jueves la quinta y última opinión sobre el IMV, con la que el organismo pone fin al ciclo de evaluaciones previsto en la ley. La institución considera que la prestación ha alcanzado un grado de madurez que hace innecesario mantener informes anuales y solo retomará este ejercicio si el Gobierno introduce reformas o se producen cambios relevantes que justifiquen una nueva revisión.
El balance, sin embargo, está lejos de ser complaciente. La AIReF reconoce avances significativos en la implantación del IMV: el número de hogares beneficiarios aumentó un 16 % en 2025, la cobertura alcanzó el 44,2 % de los hogares potencialmente beneficiarios y el tiempo mediano de tramitación se redujo hasta 99 días, 104 menos que un año antes.
Pero esos progresos no han mitigado las deficiencias que el organismo lleva años observando. El 52 % de los hogares con derecho al IMV continúa sin solicitar la prestación, porcentaje que asciende al 71 % en el caso del complemento de ayuda para la infancia (CAPI). Además, uno de cada dos hogares beneficiarios sigue viendo modificada su ayuda como consecuencia de la revisión posterior de rentas, un síntoma de que el sistema continúa apoyándose en información tributaria desfasada y obliga a realizar numerosas regularizaciones.
Ese es precisamente uno de los motivos por los que la AIReF vuelve a reiterar las cinco recomendaciones que ya había formulado en evaluaciones anteriores y que siguen sin solucionarse. Entre ellas figuran la reformulación completa del incentivo al empleo, la automatización de las comprobaciones para facilitar el acceso a la prestación, el refuerzo de las campañas de información, la definición de objetivos medibles y la elaboración de estadísticas homogéneas que permitan evaluar el funcionamiento del sistema.
Más protección, pero más permanencia
El 46 % de los hogares continúa percibiendo el IMV cinco años después de haber accedido a la prestación. Ese porcentaje alcanza el 57 % entre quienes reciben una ayuda más próxima a la renta garantizada, frente al 34 % de aquellos cuya prestación representa una proporción menor de esa renta.
Aunque el organismo insiste en que el IMV ha reducido la pobreza gracias al aumento de la renta disponible de los hogares, considera que estos datos obligan a rediseñar los incentivos para favorecer la incorporación al mercado laboral entre los beneficiarios con capacidad de trabajar.
Simultaneidad de ayudas
En esta ocasión, la AIReF hace mención a la superposición entre el IMV y otras prestaciones sociales, especialmente el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El 51 % de los hogares que perciben el IMV recibe además alguna otra prestación durante el año y casi un tercio compatibiliza la ayuda con prestaciones por desempleo.
En el caso concreto del subsidio para mayores de 52 años, la simultaneidad se duplica a partir de esa edad, cuando esta ayuda adquiere carácter indefinido hasta la jubilación. Ante esa situación, la AIReF propone revisar la coherencia entre ambas coberturas para evitar que una misma necesidad quede atendida mediante dos prestaciones distintas.
Una ayuda más generosa, pero menos eficaz
Además, otra de las novedades que incorpora en la quinta opinión es la comparación con otros países europeos. Según el organismo, España dispone de una de las prestaciones de último recurso más generosas de la Unión Europea, pero obtiene resultados inferiores a la media comunitaria tanto en cobertura como en reducción de la pobreza.
La AIReF atribuye parte de esa diferencia a un diseño que sigue utilizando rentas de ejercicios anteriores, mantiene una definición amplia de la unidad de convivencia y exige menos obligaciones de activación laboral que otros sistemas comparables.
