Trabajo excluye del reparto de fondos entre las autonomías los objetivos que considera «clave», como reducir el paro

Reducir el desempleo, acortar los periodos de paro o mejorar la cobertura de vacantes son algunos de los objetivos que el Ministerio de Trabajo considera «clave» dentro de su política de empleo. Sin embargo, ninguno de ellos influirá en el reparto de los más de 2.500 millones de euros que el Estado distribuirá este año entre las comunidades autónomas para financiar las políticas activas de empleo, un criterio que el Gobierno mantiene desde 2021.

El BOE acaba de publicar el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) para 2026, un texto clave para el diseño y la ejecución de políticas de empleo en todo el país. Un año más, el documento asigna un peso del 0 % en la fórmula de reparto de fondos entre las autonomías a los objetivos considerados «clave» por el Ministerio, como reducir el desempleo, aumentar la activación y reducir los periodos de paro, mejorar la participación de los servicios públicos de empleo en la cobertura de vacantes y elevar el grado de satisfacción de empresas y demandantes. Según el documento, dichos objetivos «serán objeto de evaluación, pero no entrarán en la distribución de fondos».

En consecuencia, la financiación que recibirán las comunidades autónomas no dependerá de la evolución de esos cuatro indicadores, sino exclusivamente del cumplimiento de los llamados objetivos estratégicos y objetivos estructurales, que reciben un peso del 50 % cada uno dentro de la fórmula de reparto.

Estos bloques incluyen indicadores relacionados con la implantación de los servicios garantizados a los demandantes de empleo, el desarrollo de programas para colectivos prioritarios, la intermediación laboral, la atención a las empresas, la formación, la orientación, el emprendimiento, la igualdad de oportunidades o la mejora del funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo. En definitiva, prevalece el cumplimiento de criterios de gestión sobre los resultados finales del mercado laboral.

Fuentes del Ministerio señalan que la evolución del desempleo no depende únicamente de la actuación de los servicios públicos de empleo, sino también de factores como el crecimiento económico, la estructura productiva de cada territorio o la coyuntura nacional e internacional. Comparar exclusivamente la reducción del paro entre comunidades podría favorecer a unas autonomías frente a otras por circunstancias ajenas a la gestión de sus servicios de empleo.

No obstante, el diseño elegido por el Ministerio deja fuera del sistema de financiación precisamente los cuatro objetivos que el propio PAFED identifica como «clave» para evaluar el éxito de las políticas activas de empleo.

Reducir el paro al 8,5 %

El propio plan mantiene como objetivo la reducción de la tasa de paro al 8,5 % al término del periodo de vigencia de la estrategia, además de mejorar la intermediación laboral y aumentar la satisfacción de empresas y trabajadores con los servicios públicos de empleo. Sin embargo, ninguno de esos cuatro indicadores tendrá efectos sobre la distribución de los recursos estatales destinados a financiar las políticas activas de empleo de las comunidades.

2.572 millones para las CC.AA.

El PAFED prevé movilizar más de 6.300 millones de euros para financiar actuaciones de orientación, formación, empleo, emprendimiento, igualdad de oportunidades y modernización de los servicios públicos de empleo, de los cuales 2.572 millones se repartirán entre las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Para 2026, Andalucía será la comunidad más beneficiada con 417 millones, seguida de Cataluña (414 millones), Madrid (344 millones), Comunidad Valenciana (234 millones), Galicia (196 millones), Castilla y León (161 millones), Canarias (157 millones) y Castilla-La Mancha (123 millones).