Carles Puigdemont, en un acto público celebrado en Perpiñán en 2020
Puigdemont disuelve 'su' parlamento de 121 afines para tener las manos libres al negociar con Sánchez
Algunas voces críticas empiezan a pensar que la amnistía no es suficiente contraprestación para la investidura
Carles Puigdemont no quiere interferencias en su negociación con Pedro Sánchez ni ninguna voz discordante así que ha procedido a suprimir la asamblea de representantes del Consell de la República. De esta manera evita ser objeto de crítica desde su propio entorno en los días decisivos.
La asamblea de representantes del Consejo de la República es un pseudoparlamento del falso Gobierno en el exilio que se eligió en octubre de 2021. La ahora extinta asamblea tenía 121 miembros elegidos entre más de 500 candidatos. En las elecciones a dicha asamblea participaron 22.500 de los más de 80.000 socios del Consell de la República.
El Consejo de la República cuenta con un Gobierno presidido por el propio Puigdemont que actúa bajo la ficción de ser un Ejecutivo de la Generalitat en el exilio, y a su vez la asamblea ejercía funciones de parlamento que se reunía de forma asamblearia presencial en Perpiñán (Francia) o bien de forma virtual.
Disolución sorpresa
La supresión de este organismo ha pillado por sorpresa al mundo independentista aunque diversas fuentes del entorno de Junts señalan que Puigdemont tiene manos libres para negociar las condiciones de la investidura con Pedro Sánchez y que la aparición de voces críticas que consideran que la amnistía no es suficiente contraprestación para la investidura del líder socialista le han llevado a tomar esta decisión.
En los últimos días diversas voces del indepenentismo han exigido a Puigdemont que solo apoye la investidura de Pedro Sánchez si se da por válido el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Ante estas voces críticas, desde Junts, con el objetivo de atajarlas, se han filtrado exigencias cada vez de mayor calado para hacer viable la investidura. Entre las nuevas condiciones está que los negociadores del PSOE se trasladen a la sede del Consejo de la República en Waterloo (Bélgica) para firmar el acuerdo como forma de reconocimiento de Puigdemont y del citado Consejo de la República como actor político.
Críticas por «blando»
Asimismo, junto con la amnistía, Puigdemont exige garantías para su retorno inmediato a España sin pasar ni 24 horas en una celda y poder ser candidato en las próximas elecciones autonómicas que, a más tardar, se celebrarán en febrero de 2025. Uno de los problemas de esta exigencia es que el indulto a los líderes del procés juzgados por el Tribunal Supremo es que dicho indulto no afectó a la inhabilitación para ejercicio de cargo público. Dicha inhabilitación sigue vigente hasta 2031, lo que supone que en caso de atender la demanda de Carles Puigdemont este podría ser candidato pero Oriol Junqueras, líder de ERC, no. Este trato diferencial dificultaría la investidura dado que Junts y ERC son partidos rivales fuertemente enfrentados entre sí y los republicanos no aceptarían un trato deferente a Puigdemont en relación a su líder.
La supresión del asamblea del Consejo pretende evitar que las críticas que está recibiendo Puigdemont por «blando» en la negociación con Sánchez no procedan de personas calificadas o con relevancia política. Desde Waterloo se ha intentando desvincular la supresión del órgano representativo del Consejo con la negociación con el PSOE.
Carles Puigdemont ha enviado una carta a todos los miembros del consejo, que pagan una cuota, en los que les informa que en el futuro la asamblea será bicameral pero en ningún caso anuncia la fecha de nuevas elecciones. El 21 de agosto desde el Consejo de la República se lanzó una consulta a los 103.000 miembros del Consejo sobre si desde el mismo se tenía que bloquear la formación del nuevo Gobierno o no. Los resultados de dicha consulta no han sido publicados aún.
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