Vox pide que el Parlament declare el islamismo como movimiento político-religioso incompatible con Occidente

Que el Parlament declare al islamismo como «movimiento político-religioso incompatible con Occidente y los principios de libertad, igualdad y democracia, nuestras leyes civiles y nuestro modo de vida». Es lo que se pide en una propuesta de resolución que ha presentado el grupo parlamentario de Vox en la cámara catalana, para que sea sustanciada en la Comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament, a la que ha tenido acceso El Debate

En la propuesta también se pide que se persigan los discursos de odio «proferidos por islamistas contra la dignidad de las personas, las mujeres, los cristianos o cualquier otra comunidad»; que se elabore un plan para detectar aquellos barrios de Cataluña «en peligro de convertirse en zonas no go»; que se elabore un plan integral contra el yihadismo en Cataluña, además de eliminar las subvenciones a «asociaciones, organizaciones, fundaciones y oenegés que promuevan valores islamistas o que provengan y/o mantengan relación con estados fundamentados en la sharía»

Son solo algunos de los puntos que recoge el documento, en el que se denuncia que la islamización es un proceso de «transformación social y cultural que preocupa cada vez más a los ciudadanos europeos». Y a eso hay que añadir «el relativismo y la promoción del multiculturalismo», que han dificultado «seriamente» la integración social y cultural de muchos inmigrantes.

Se asegura que en España ese proceso no ha alcanzado la «gravedad» de otros países, como Francia o Reino Unido, pero los diputados de Vox consideran que han empezado a aparecer «síntomas preocupantes». Sería el caso de la existencia de «comunidades paralelas con normas sociales ajenas a nuestra cultura, donde el radicalismo encuentra terreno fértil para expandirse».

Y, en ese sentido, aportan datos. Según el último estudio estadístico de la Unión de Comunidades Islámicas, del 2023, en España residen algo más de 2.412.000 musulmanes, que representan casi el 5% de la población española. Pero esta cifra ha crecido de forma importante en los últimos años. Y destaca especialmente el caso de Cataluña, comunidad autónoma en la que viven más de 660.000 musulmanes. Es el doble, por ejemplo, de Andalucía, Madrid o Comunidad Valenciana.

También se ha duplicado el número de mezquitas en los últimos veinte años, y ahora se contabilizan más de 280. Además, según se recoge en la proposición, refiriéndose a datos de los Cuerpos de Seguridad, «en una de cada tres mezquitas catalanas se difunden ideas radicales vinculadas al salafismo». Y esto, aseguran los diputados, genera «preocupación porque se crean contextos sociales cerrados, donde se fomentan valores incompatibles con los principios fundamentales de igualdad, libertad e integración reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico».

Un contexto que también ha facilitado prácticas como los matrimonios forzados, cuya incidencia ha aumentado en Cataluña un 20% en solo un año, o la imposición de determinadas prendas, como el velo islámico.

También se recuerda el riesgo «vinculado al radicalismo yihadista», y no solo por los atentados en Barcelona y Cambrils de 2017, sino también así lo demuestra «las recientes deportaciones de los imanes de La Jonquera y Figueres, así como la de un peluquero de Mataró, todos ellos implicados en la difusión del salafismo y en la construcción de redes yihadistas preparadas para atentar en nuestro país».

De ahí que el grupo parlamentario de Vox pida que se tomen medidas para «proteger nuestra identidad cultural, garantizar el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, asegurar la plena aceptación por parte de los inmigrantes musulmanes y segundas generaciones de nuestro código moral y dinámicas sociales, así como defender ta vigencia de nuestras leyes civiles».