Los técnicos advierten: es «imposible a medio y corto plazo» trasvasar personal a la Hacienda catalana

Pasar de gestionar 5.000 millones de euros a 30.000 millones en concepto de IRPF. Es el gran salto que debería asumir la Agencia Tributaria Catalana si prospera la propuesta de financiación singular pactada entre el Gobierno y la Generalitat. Un modelo que tendría un impacto directo en el conjunto de España, pero también afectaría, en particular, a los funcionarios de la AEAT en Cataluña.

Y es que desde la Generalitat se da por seguro que para que la llamada Hacienda Catalana pueda asumir esa gestión y recaudar ese impuesto el próximo año, sí o sí, va a necesitar un trasvase de funcionarios del Estado. ¿Pero eso va a ser posible? Los técnicos de Hacienda, Gestha, dicen que «es muy difícil». Son palabras de su presidente, Carlos Cruzado, quien ha explicado a El Debate el porqué de esa afirmación.

Recuerda que, ahora mismo, la ATC «no dispone, de ninguna manera, de los medios suficientes ni de los efectivos para llevar adelante esta gestión, liquidación y recaudación del impuesto de la renta en su integridad». Este organismo cuenta, actualmente, con poco más de 800 personas, de las que «una pequeña parte son inspectores y técnicos, que serían los que llevarían la gestión y el control». De ahí que se necesite ese traspaso, porque no habría tiempo material para que la Generalitat pudiera convocar ofertas públicas de ocupación.

Pues bien, hay que tener en cuenta que la AEAT en Cataluña tiene 6.359 empleados y la gran mayoría, dice Cruzado, rechazaría integrarse en esa 'Hacienda Catalana', y por una razón muy sencilla: «los 2.000 técnicos con los que cuenta la Agencia Tributaria Estatal en Cataluña, la mayoría, no tienen arraigo. Y de hecho, van solicitando el traslado a otras comunidades autónomas a la mínima que pueden».

Un problema endémico

Es más, desde Gestha consideran que la posible cesión de una parte de los 2.049 técnicos de Hacienda, que son el 78,3 % de la plantilla con funciones superiores de recaudación, comprobación y liquidación tributaria y aduanera, aumentará exponencialmente «las ya altas demandas de movilidad de Cataluña, sin que las mayores retribuciones y la integración en un cuerpo superior en la ATC sean un atractivo suficiente, pues la gran mayoría carece de lazos afectivos y familiares en la región».

Hay que tener en cuenta que el panel de movilidad de los técnicos de esta semana, solo realiza 561 trasladados frente al millar del año pasado. Y, según los técnicos de hacienda, ha resultado «decepcionante para las altas demandas de traslados, principalmente de los técnicos destinados en Cataluña y Madrid, que necesitan más de 20 años de antigüedad para llegar a buena parte de las provincias deseadas».

Desde luego esta problemática, la alta rotación de funcionarios no es una característica exclusiva de la AEAT, porque también la padecen otros organismos del Estado en Cataluña, como la Policía Nacional o el SEPE, que, en determinadas zonas, no pueden cubrir incluso todas las vacantes y se ve obligada a cerrar oficinas. Es el caso de las oficinas de la Seguridad Social en municipios de Gerona, como La Bisbal y Sant Feliu de Guíxols. En este caso, funcionan alternativamente con personal que va de una a la otra.

Y es que «por las razones que sea», asegura Cruzado, «los ciudadanos catalanes no ven atractivo ir a las convocatorias de la Función Pública, del Estado, a diferencia de otros territorios. Por este motivo, siempre hay déficit en Cataluña. Y todos los años se tienen que cubrir las plazas en esta comunidad, con gente de otras partes del Estado». Y el resultado es que estas personas acaban pidiendo el traslado «con la mayor rapidez posible, porque no hay esa vinculación con el territorio».

En este contexto, Gestha ve que la dimensión de la ATC es «muy pequeña» para asumir la gestión del IRPF en Cataluña y seguir con la gestión de los impuestos cedidos y propios al contar con solo 832 personas empleadas, de ellas solo 29 inspectores y 41 técnicos tributarios autonómicos, ambos del subgrupo A1, que realizan las funciones superiores de control tributario. De ahí que Carlos Cruzado sentencie: «parece difícil, desde luego, a corto y medio plazo, que la agencia catalana pueda llevar adelante este proyecto».

Estas dificultades, dicen desde esta entidad, les «hacen pensar que quedará para un momento muy posterior la negociación más problemática, que es la aportación a la solidaridad de Cataluña con las demás comunidades autónomas, a pesar de que reconoce que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos tengan niveles similares con un esfuerzo fiscal también similar».

Por cierto, Cruzado también se quiere referir a la cesión de recursos materiales, como sería del sistema informático de Hacienda que, recuerda, «es muy eficaz y eficiente». Y en caso de que prospere ese modelo de financiación, asegura, aparecían problemas «en la lucha contra el fraude» por el hándicap que supondría «no contar con toda la información de todos los declarantes del impuesto de la renta». Un impuesto recuerda, que «es el que está dando más del 90 % de la progresividad a nuestro sistema frente a otros impuestos como el de patrimonio, el de sucesiones que lo hacen en menor medida». Por este motivo, también en este punto cree que va a ser «complicada» su aplicación a corto y medio plazo.