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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d)Europa Press

Los inspectores de Hacienda alertan sobre el cupo catalán: «Tendremos ciudadanos de primera y de segunda»

Denuncian su «ilegalidad» y consideran que «obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat»

Los inspectores de Hacienda llevan tiempo intranquilos ante los avances que se iban produciendo en Cataluña en materia tributaria. Unos pasos que este lunes se han hecho realidad después de que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña hayan pactado el cupo catalán.

Ante esto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que representa a cerca del 80 % de los inspectores, han denunciado la «ilegalidad» del régimen, a no ser que se modifique la normativa. Además, han alertado de que se «vulnera los principios de igualdad y solidaridad reflejados en la Constitución».

La base del modelo es que Cataluña recaude el 100 % de los impuestos y defina una «cesta de tributos», calculada, a partir de «criterios objetivos y comprobables». De ahí se entregará una cuota de «solidaridad» al Estado por las competencias compartidas entre todas las autonomías.

Los inspectores de Hacienda aseguran que si Cataluña recauda todos los impuestos, «se verán perjudicados el resto de las comunidades autónomas, que tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos, y por tanto, tendremos ciudadanos de primera y de segunda».

Además, se abre así la puerta que este modelo se pueda generalizar al resto de CC.AA., algo que tendría consecuencias «muy graves». Por un lado, supondría «dinamitar el sistema tributario», incluido el fraccionamiento de la Agencia Tributaria.

Por otro, es que el Estado no dispondría de los fondos necesarios para atender sus funciones. «No se podría financiar el importe de las pensiones que se financian con impuestos, los intereses de la deuda pública, el pago de los servicios sociales, como es el mínimo vital, así como el pago, en determinadas situaciones, como sucedió con los Ertes en época de pandemia», avisan.

«No hemos oído ni una sola opinión positiva, o alguna ventaja del nuevo modelo por parte de los expertos, y solo obedece a un acuerdo político para el nombramiento del presidente de la Generalitat», sentencian.

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