El Gobierno inicia la voladura del régimen común en medio de un motín autonómico

Lo llaman Acords per avançar, aunque lo único que avance sea la desigualdad entre las comunidades. Al menos, a juicio de la oposición, de Junts, de los presidentes regionales del PP y también del asturiano Adrián Barbón, el castellano-manchego Emiliano García-Page y el canario Fernando Clavijo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, compareció este lunes al término de la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, detrás de un cartel con ese eslogan y orgulloso del pacto alcanzado; que es el pago de una parte de la deuda contraída por el PSOE con ERC por apoyar la investidura de Salvador Illa el pasado verano.

Torres no solo defendió la voladura del régimen común para darle a Cataluña la gestión del 100 % de los tributos, sino que además presumió de que «esto va a ser aplaudido por todos los territorios». Todo lo contrario. En sus primeras reacciones, la presidenta de Extremadura lo calificó de «saqueo», el de Castilla y León reiteró que acudirá a los tribunales y la portavoz de la Junta de Andalucía lo llamó «atentado». En su caso, agravado por el hecho de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es también la candidata del PSOE en Andalucía.

El ministro de Política Territorial intentó aclarar que Cataluña seguirá aportando a la caja común. «Se prevé una aportación solidaria, trasparente, para seguir contribuyendo al bienestar de los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas, calculada con transparencia y criterios objetivos», según él. También, que este modelo podrá ser aplicado en otras comunidades, teniendo en cuenta «las necesidades y singularidades». Esa aportación aún no está especificada.

Tampoco hay un calendario de aplicación, sino que lo pactado por ahora entre el Gobierno y la Generalitat es un esquema. Montero debe llevar una propuesta de nuevo modelo al Consejo de Política Fiscal y Financiera y, en paralelo, hay que modificar varias leyes en las Cortes. Especialmente dos: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la del régimen de cesión de tributos.

Para ambas reformas, el PSOE y ERC necesitarán a Junts, que este lunes mostró su disconformidad con el modelo pactado. Su vicepresidente, Antoni Castellà, señaló que no hay nuevo modelo, «ni singular ni plural», sino una mera «gestión administrativa».

Y para la gestión de los impuestos necesitará una Agencia Tributaria de Cataluña mucho mayor de lo que es ahora, que cuenta con 839 personas frente a las 3.800 que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) solo en Cataluña. De entrada, Cataluña no podría asumir en solitario la campaña de la renta del año que viene.

El acuerdo de este lunes es el primero de los movimientos de Pedro Sánchez para reconstruir la mayoría de investidura, después de que el miércoles sus socios le dieran un balón de oxígeno -condicionado- en el Pleno monográfico sobre corrupción. Este martes, el presidente recibirá al lendakari en la Moncloa, que también viene con varias transferencias pendientes.