Zapatero cobró un peaje total de 2 millones de euros como operador geopolítico con China y Venezuela

El auto con el que, este martes, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Central número 4 de la Audiencia Nacional, el juez José Luis Calama, levantaba el secreto de sumario del 'caso Plus Ultra', decretando la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendía hasta a los más escépticos por su contundencia. Y es que, más allá del papel que el histórico socialista jugó en el rescate concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea, en plena pandemia, presuntamente sin que ésta cumpliese los requisitos objetivos necesarios para ello, el magistrado ha puesto el foco en la dimensión internacional de una trama que gestionó influencias a nivel geopolítico, financiero e ideológico, entorno al petróleo venezolano, por la que Zapatero llegó a ingresar, supuestamente, hasta 2 millones de euros en total.

De hecho, tal y como explica el juez Calama, la compra del crudo de Venezuela, bajo el régimen chavista de Nicolás Maduro, implicaba el pago de un peaje al ex presidente del Gobierno español, a través de un sistema en el que el comprador tenía que dirigir una carta de intenciones a la oficina del Grupo Zapatero -como lo designaban los miembros de la red-, en el que figura una empresa íntimamente relacionada con el Partido Comunista Chino- que era, en último término, el que daba el visto bueno a la solicitud.

Una vez aprobada ésta, la hoy presidenta interina del país caribeño, antes vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, apodada «la Dama» en el seno del organigrama criminal, era la que se encargaba de asignar las cantidades, rutas y los barcos cargueros en origen, para consumar el transporte y la entrega del producto a los postores.

Es decir, el «liderazgo» que el instructor atribuye a Zapatero, en el vértice de la trama, trasciende el beneficio concreto de Plus Ultra, los informes ficticios de consultoría -«desvinculados» de la prestación de servicios reales- y su ascendencia sobre el actual Ejecutivo socialista, para situarlo al frente de una red de 'lavado' o blanqueo de fondos procedentes de la empresa estatal del petróleo venezolano (PDVSA) y del programa de cartillas de racionamiento de alimentos, diseñado por el chavismo (CLAP). Aspecto, este último, que añade un grado de reproche moral mayor, a la mera atribución de posibles consecuencias penales, para un Zapatero que se convirtió, durante años, en el valedor de un régimen tiránico que rentabilizó la hambruna de todo un pueblo, para hacer negocio.

De hecho, la corrupción vinculada al CLAP adquiere una relevancia total en la investigación que la Fiscalía de Nueva York lidera contra los cabecillas del régimen narcoterrorista del chavismo. No en vano, según las acusaciones del Tesoro de EE.UU. el ex Ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Alex Saab, recientemente deportado por la Administración Trump, habría desviado dinero para los hijastros de Maduro a través de los cupos de comida de los venezolanos, convertidos en una pantalla bajo la que enmascarar los sobornos, los sobreprecios y las 'mordidas' que terminaron en el bolsillo de los miembros más próximos al poder, entre los que habría estado, presuntamente, el propio Zapatero, como activo internacional.

Para ocultar los ingresos procedentes de las tropelías de ese universo corrupto, el auto del juez Calama describe cómo, además, se diseñó una estructura de canales financieros opacos, sociedades interpuestas y hasta una entidad off-shore, domiciliada en Dubai.

Los pagos se articularon, tal y como ha podido desentrañar la UDEF (Unión de Delincuencia Económica y Financiera) de la Policía Nacional, a través de un sistema jerarquizado, articulado a través de numerosas empresas que se coordinaron para pactar la emisión de facturas que no se correspondían con una prestación real de servicios y para lo que llegaron a concertar tanto los conceptos a reflejar en las mismas, como las cantidades que debían constar para aflorar el dinero negro, de manera creíble, al circuito legal.