Illa se irá de vacaciones surfeando el caso Cerdán y deja los detalles del cupo para septiembre

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparece este martes por la tarde en el Parlament de Cataluña, en el último pleno antes de las vacaciones estivales, para dar explicaciones sobre el caso Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE implicado en una presunta trama de corrupción investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La intervención, solicitada tanto por el propio Illa como por Junts, PP y Vox, busca aclarar cualquier relación del presidente catalán con el escándalo y su posible afectación a Cataluña. La sesión comenzará con una intervención sin límite de tiempo por parte de Illa, seguida de las intervenciones de los grupos parlamentarios –en orden de mayor a menor representación, salvo el PSC-Units, que cerrará el turno– y una respuesta del presidente, que podrá dirigirse a los grupos de forma individual o conjunta.

En cualquier caso, no se espera gran cosa de la comparecencia de Illa. No está previsto que se mueva ni un milímetro de lo que hasta ahora ha explicado sobre esta cuestión. ¿Pero por qué el presidente de la Generalitat ha salido a la palestra por este caso? Porque su nombre aparece en los audios incautados por la UCO, mencionados por Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, en relación con un tal «Chili», cuya identidad Illa ha negado conocer en repetidas ocasiones.

De hecho, en las dos últimas sesiones de control al Govern, tanto el Partido Popular como Vox han interpelado a Illa sobre su posible conexión con la trama. Y, en ambas ocasiones, el presidente de la Generalitat ha respondido con malos modos y visiblemente enfadado, pero ha asegurado que «no tengo nada que esconder, estoy completamente tranquilo, limpio y dispuesto a dar la cara cuando se me pida». También ha advertido que podría emprender acciones legales contra quienes intenten vincularlo sin pruebas con el caso, como ocurrió el pasado 1 de julio. Una amenaza que dirigió al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

El dirigente popular insistió sobre esta cuestión en la siguiente sesión de control, apuntando quién podría ser el tal «Chili». Sería Xiaojuan Li, un empresario chino vinculado a la empresa FCS Select que habría recibido adjudicaciones millonarias para el suministro de mascarillas durante la pandemia, algunas de las cuales habrían sido defectuosas. En esa época Salvador Illa, recordemos, era ministro de Sanidad.

La estrategia de Illa

Aun así, la estrategia del Govern y del presidente de la Generalitat ha sido, durante todo este tiempo, de desvincularse de la tormenta política del PSOE. De hecho, el propio Illa llegó a asegurar que él era militante del PSC, un partido «diferente» al PSOE.

Y, en cualquier caso, ha insistido por activa y por pasiva en que él y sus consejeros siguen a lo suyo, que no es otra cosa que la gobernabilidad de Cataluña y la «hoja de ruta» de la legislatura que pasa por «cumplir» los acuerdos de investidura con ERC y Comunes que permitieron su investidura. Eso quiere decir, que se concretó el traspaso de Rodalies y la financiación singular.

Precisamente sobre financiación, Illa se va a ir de vacaciones sin dar más detalles sobre ese modelo pactado entre el gobierno central y el catalán durante la reunión de la Comisión Bilateral. Allí se fijaron las bases para una nueva «arquitectura», para un «cambio de paradigma» en la financiación, sin profundizar en cifras, ni plazos.

Illa defiende este modelo como «un avance hacia un sistema más justo, transparente y eficiente», destacando que permitirá a Cataluña financiar servicios esenciales como la sanidad, la educación y la seguridad, sin depender de los anticipos del Estado. Y también deja claro que no es un privilegio exclusivo para Cataluña, sino que puede extenderse a otras comunidades con competencias específicas.

«No buscamos privilegios, sino justicia financiera para atender las necesidades de los catalanes y garantizar la igualdad de derechos en toda España», ha insistido Illa una y otra vez, que también ha repetido que «nadie saldrá perjudicado». Todo ello, en un intento de apaciguar las críticas que han venido de otras comunidades autónomas que han denunciado «agravio comparativo».