Dos inspectores de Hacienda desmontan el cupo catalán: «Cataluña no está infrafinanciada, pese a los lamentos de sus políticos»

El Gobierno de España ha pactado el pasado lunes con la Generalitat la financiación singular para Cataluña, que nace con un doble pecado original, y una mácula.

Este sistema viene de un acuerdo de dos partidos políticos catalanes –el Partido Socialista de Cataluña, con ERC– para la investidura de Salvador Illa. Acuerdo que tiene consecuencias en el resto de territorios.

No lo quieren llamar cupo, porque el Gobierno, la Generalitat, el PSC, ERC, Gobiernos del País Vasco y de Navarra, partidos de esas comunidades autónomas y todos los expertos, saben que el cupo vasco y el navarro son absolutamente injustos para las CC.AA. del régimen común y que vulneran el principio de igualdad solidaridad y equidad fiscal. Y lo saben porque el cálculo del cupo no se basa en datos –aunque se vista de ellos–, sino en un acuerdo político fruto de una negociación por votos, donde uno vende su mercancía (los votos) por dinero (el importe del cupo).

El cupo es como una caja negra de la que resulta una cantidad que no tiene nada que ver con la realidad y con la justicia fiscal. El importe del cupo vasco para 2025, según el presupuesto de esa comunidad, es de 1.488,9 millones de euros, 0,22 % más que el de 2024. El principio del cálculo parte del 6,24 % de los ingresos del País Vasco, que se fijó en 1981. Y simplemente aportar dos datos más: el déficit de las pensiones de esta Comunidad es de más de 3.000 millones. El importe de los intereses de la deuda pública de España en 2024 supera los 39.000 millones.

Con ellos bastaría para indicar la gran ventaja que tiene el cupo para esta región respecto al resto, a lo que habría que añadir el hecho de que su renta per cápita fue en 2022, según los últimos datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 36.421 €, cuando la media del conjunto de España es de 28.748 €. Y dado que el IRPF es un impuesto progresivo, debería contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo a su capacidad.

El Gobierno de España no ha informado al resto de grupos políticos, ni antes de firmar el acuerdo, ni después, y no ha habido debate en la sociedad española

Otro tanto sucede con Navarra, de cuyo cupo no se suele hablar en los medios de comunicación y en los ámbitos políticos y, que en 2023 ha sido de 778 millones, inferior incluso al de 2022 que fue de 879 millones (con ajustes). El PIB de 1995 fue del 1,61 % del total nacional, y el déficit de las pensiones en 2023 es de 375 millones.

Esta gran financiación que tiene el País Vasco y Navarra es la que desean para sí los dos partidos políticos catalanes inicialmente firmantes y que hará suya el Gobierno de España.

La mácula la acabamos de conocer. La reunión del Gobierno de España y la Generalitat se desarrolló en Barcelona. Illa sí informó a los demás partidos políticos catalanes. Sin embargo, el Gobierno de España no ha informado al resto de grupos políticos del Congreso de los Diputados, ni antes de firmar el acuerdo, ni después del mismo, y por supuesto no ha habido debate en la sociedad española.

Este oscuro acuerdo del que se desconoce su aplicación práctica, así como los cálculos que han hecho o han podido hacer, el Gobierno, y fundamentalmente el Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), tiene tres aspectos importantes que se deberían analizar.

Aspecto jurídico

A nuestro juicio tienen un difícil encaje en la Constitución. La disposición adicional primera establece que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

Por supuesto que, respetando otras opiniones, nuestra Constitución no habla en ningún momento de una financiación especial para el País Vasco ni para Navarra y desde luego nada dice que tenga que ser una financiación privilegiada, solo habla de derechos históricos. Es más, el artículo 14 establece que «los españoles son iguales ante la ley» y el 31 que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos (...) mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Cataluña habla de que respetarán el principio de solidaridad, es evidente que lo dicen sabiendo que serán ellos los que gestionarán y decidirán cuanto aportar. Y es obvio que va a ser menos de lo actual, porque para aportar más no se crea este sistema de financiación especial.

Es como si un rico dijera: «yo voy a pagarme un seguro de salud, voy a llevar a mis hijos a un colegio privado, voy a tener un sistema de seguridad privado y, por lo tanto, de mi renta me quito esos gastos, y ya con mi renta neta, ya decidiré yo cuanto aporto en impuestos a la solidaridad. De modo que, si no tengo un camino pagado por todos a mi finca de recreo, entonces no voy a aportar nada, y en todo caso ya lo negociaré en un futuro y seré yo quien en última instancia decida».

En principio, además de la dudosa constitucionalidad del acuerdo, entendemos que sería preciso modificar como mínimo la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Aspecto económico

Es evidente que los ciudadanos ricos deben aportar más a los servicios públicos que los menos ricos. A nadie se le escapa que el señor Amancio Ortega tributa mucho más que cualquiera de nosotros, y que recibe del Estado prácticamente lo mismo y con ese dinero de más que aporta respecto a lo que recibe, se pueden prestar los servicios de sanidad, educación, intereses de deuda, inversiones a los menos ricos. Los ricos tienen un déficit fiscal, ya que reciben menos servicios de lo que pagan por impuestos.

La Generalitat dice que van a ser solidarios. Es posible que así sea, pero no tiene ningún sentido establecer un cupo para obtener menos ingresos que con el sistema actual. Por lo que queda muy bien para el relato, pero en la práctica vemos que dista mucho de ser real.

La Generalitat dice que van a ser solidarios, pero no tiene ningún sentido establecer un cupo para obtener menos ingresos que con el sistema actual

El hecho de que además sea Cataluña el que decida, por su libre albedrío, lo que aportar a la solidaridad supone una superioridad, que creemos contraria al principio de igualdad.

En el sistema actual, según todos los expertos, Cataluña no está infrafinanciada, a pesar de los lamentos de los políticos de esa región. Los estudios de Fedea indican que las regiones forales tienen una financiación por habitante ajustado del doble que las del resto de las CC.AA. Igualmente indican que Cataluña tiene el déficit fiscal que le corresponde.

De acuerdo con los cálculos de Fedea, y sus previsiones, en esta primera fase Cataluña va a tener un aumento de la financiación de unos 13.000 millones al año.

Aspecto organizativo

Asumir la gestión, recaudación e inspección de todos los tributos por parte de la Agencia Tributaria Catalana supone contratar un personal y unos medios tecnológicos de los que ya dispone la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por lo que habrá que invertir en recursos, y, por tanto, duplicar los gastos.

Pero, sobre todo, va a suponer una disfunción importante. La información de la AEAT es una información única con la que se pueden tomar decisiones económicas estratégicas. Por ejemplo, el gobierno conoce cuánto se puede recaudar si se sube o baja medio punto la escala del IRPF o del IVA; se sabe cuánto cuesta a una región, una bonificación por material escolar. También se pueden hacer previsiones o simulaciones de cuánto costaría una medida de política fiscal.

El deshacer la AEAT, va a suponer un aumento del fraude, y un problema añadido en la lucha contra el mismo. Además, se crea la deslocalización de negocios dentro de España.

Así si una empresa tiene una fábrica y el domicilio fiscal en la Comunidad A y una fábrica en la Comunidad B, ¿las retenciones de esta segunda fábrica van a ir A o a B? ¿En A van a tener información de los trabajadores de ambas, o simplemente de los que están en su Comunidad? La empresa, ¿va a tener que realizar una única declaración informativa o va a tener que hacer dos? En caso de que un trabajador viva en una tercera Comunidad (C), ¿esta última Comunidad va a tener información de las retenciones practicadas por la empresa? Y si la declaración de IRPF sale a devolver, ¿qué región va a realizar la devolución, la A, la B o la C? ¿Cómo se van a transferir entre las Comunidades Autónomas el importe de las retenciones de personas que no vivan en esa Comunidad?

Esto que ya sucede ahora con los trabajadores transfronterizos, como un empleado de la Diputación de Badajoz, y que tributa en Portugal, se va a multiplicar exponencialmente, sobre todo si este sistema se llega a extender a todas las demás comunidades autónomas.

La falta de compartir información ya se aprecia claramente en las estadísticas que pone a disposición del público en general la Agencia Tributaria. Por ejemplo, si en la página web de la AEAT, en el buscador indicamos «avance mensual de matriculación de vehículos» vemos que en el mes de mayo en Cataluña se han matriculado 13.989 vehículos, con una base imponible del impuesto de 336.018.371 euros, pero cuando buscamos en el mismo cuadro cuantos se han matriculado en el País Vasco o en Navarra, por supuesto no lo encontramos. Por lo que, seguramente, cuando Cataluña gestione este impuesto dejará de aparecer esta información.

Tanto el Gobierno de España como la Generalitat, además de la solidaridad, exponen en público la lealtad entre instituciones, el problema luego es la práctica. Así sucede con el País Vasco y Navarra donde tenemos antecedentes como el caso Coca-Cola, Volkswagen, y otros diversos casos donde la colaboración ha sido nula, cuando el fraude no ha sido favorecido por una de las administraciones y todo con el fin de recaudar unos impuestos que tal vez correspondían a la otra administración. Esta misma falta de lealtad se pone de manifiesto cuando para cualquier petición de información a un contribuyente de otra administración requiere la previa autorización por parte de la otra administración tributaria. La falta de lealtad institucional en la práctica se aprecia todavía más en los casos de grandes fraudes.

Los ingresos del Estado son como una gran tarta. Si un comensal se come un trozo mayor, el resto tendrán menos para comer

Esta modificación del sistema de financiación es imposible de retornar. En primer lugar porque el Gobierno de España, casi siempre, va a necesitar los votos de los partidos nacionalistas. Y en segundo porque no va a haber un partido que se atreva a quitar estos privilegios, perdería casi todos los votos de Cataluña, del mismo modo que se perderían los del País Vasco o Navarra, donde nadie se atreve a exponer el cálculo del cupo de modo transparente.

Nos parece lamentable, y nos entristece que el Gobierno no haya pedido el más mínimo informe a la AEAT sobre las consecuencias que pueden producirse, que no haya contado con la participación de la misma, y por supuesto que desde la Agencia Tributaria no se haya manifestado su opinión, ni se haya dado el mínimo paso para impedir esa división, consintiendo sin rechistar las ineficacias e ineficiencias que se van a producir en el futuro. Lamentamos que se haya llevado a cabo un acuerdo sin luz. Acuerdo que va a afectar a la prestación de los servicios públicos básicos de todos los españoles, decididos en un mercadeo de votos, sin las más elementales garantías.

Los ingresos del Estado son como una gran tarta. Si un comensal se come un trozo mayor, el resto tendrán menos para comer, y por lo tanto la ración de cada uno es menor, salvo que hagamos mayor la tarta, en cuyo caso supondrá subir los impuestos. En España ya hay ciudadanos de primera y de segunda, pero a partir de ahora va a haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.

Esperamos que los partidos políticos de las comunidades autónomas perjudicadas voten en contra de este cupo, y que hagan lo mismo los diputados del PSOE de esas regiones y que deseen la igualdad de sus ciudadanos.

Tomás Alberdi Alonso y Javier Vicente Matilla. Inspectores de Hacienda del Estado jubilados.