Moncloa irá a juicio ante el TSJM por ocultar los vuelos en Falcon de Begoña Gómez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entra en escena para aclarar uno de los misterios de los últimos años que Pedro Sánchez intenta mantener a oscuras por todos los medios: el uso del Falcon por parte de su esposa y los destinos de esos desplazamientos que también se han pretendido esconder. Hasta ahora.

Moncloa se resiste a dar toda la información relativa al uso personal del Falcon por parte de la esposa del presidente del Gobierno, tal y como desveló este periódico. Después de que los servicios jurídicos que asesoran a El Debate iniciasen un procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el silencio sepulcral al respecto de los vuelos en Falcon que realiza la esposa del presidente, Presidencia del Gobierno admitió la existencia de desplazamientos de carácter personal. Sin embargo, Moncloa sigue ocultando información e impartiendo instrucciones a la Abogacía del Estado, que ha intentado poner fin al procedimiento en dos ocasiones, aunque no lo ha conseguido, por lo que la causa sigue en manos de la Justicia, que respalda la posición de este periódico en defensa del derecho a la información.

De hecho, este mismo 5 de febrero el TSJM ha vuelto a dar la razón a El Debate acordando «la continuación del curso del presente procedimiento por no apreciarse por el momento satisfacción de la información requerida, ya que la parte actora alega que no se le ha facilitado toda la información», una vez que Presidencia del Gobierno sigue sin cumplir con lo exigido en la resolución 2024-1057, dictada nada menos que el 19 de septiembre de 2024.

En ella, se obligaba a Moncloa a detallar cuántas veces Begoña Gómez ha usado las aeronaves del Ejército presidencial, así como los destinos y motivos de tales viajes, además de aclarar si las arcas públicas han costeado vuelos comerciales a la esposa de Pedro Sánchez, con los que podría poner rumbo a cualquier destino y sin restricción gracias a que posee pasaporte diplomático. Este tipo de pasaportes son «documentos especiales de viaje, expedidos para facilitar a sus titulares el ejercicio de la acción exterior del Estado», en palabras de Cristina López Heras, Directora General del Servicio Exterior.

El obstruccionismo de Moncloa en esta causa viene de lejos y siempre la misma: dilatar plazos y ocultar información. De hecho, tal y como ya informó El Debate, únicamente cuando Presidencia tuvo constancia de la existencia del procedimiento judicial, remitió un listado de los vuelos en el Falcon en el que se incluían viajes para asuntos vacacionales o públicos, ya que el matrimonio acudió al concierto de despedida de Serrat o al homenaje de Almodóvar, en ambos casos urdiendo la excusa de que se tratan de actos presidenciales, los únicos que aparecían en la agenda de Pedro Sánchez.

Además, según Moncloa, a todos estos viajes «habría que añadir los traslados habituales a las residencias oficiales de descanso del jefe del Ejecutivo en Lanzarote (la Mareta), Huelva (Marismillas) o, en su caso, Toledo (Quintos de Mora) que se realizan en aeronaves de las Fuerzas Aéreas y del Espacio», sin especificar fechas y sin acreditar que los mismos fuesen aparejados a la presencia de Sánchez.

Junto a ello, tampoco aclaró si había costeado otros viajes que «no se hayan realizado en medios oficiales pertenecientes al ejército español», es decir, si con cargo a las arcas públicas se ha sufragado la compra de billetes de compañías aéreas privadas, con indicación en su caso del destino, escalas efectuadas y razón del desplazamiento.

EL TSJM respalda en dos ocasiones a El Debate pese a los intentos de la Abogacía de cerrar la causa

Por ello, 19 de noviembre de 2025, el TSJM dio la razón a este periódico, continuando con el procedimiento, pese a que la Abogacía del Estado intentó argumentar que «la Administración ha llevado a efecto lo ordenado por el CTBG (…). Todo ello ha de conducir, necesariamente, al archivo del presente proceso por satisfacción extraprocesal sin que proceda imponer las costas a ninguna de las partes».

Ante esta situación, Moncloa ha vuelto a remitir otro nuevo documento, fechado el 19 de diciembre, en el que señala que ya había comunicado todos los viajes existentes, puntualizando que «todos ellos se realizaron en aeronave de las Fuerzas Aéreas y del Espacio, dependientes del Ministerio de Defensa, a excepción del desplazamiento realizado el día 6 de septiembre de 2023, con motivo de la preparación de los actos Programa de acompañantes de jefes de Estado y jefes de Gobierno en la Cumbre de Granada, que se realizó en vuelo comercial».

Además, a esto ha añadido un nuevo listado con «los desplazamientos del presidente del Gobierno a residencias oficiales realizados en medio de transporte aéreo desde 2019». En él figuran cuatro viajes en 2019, En él figuran cuatro viajes en 2019- tres a la finca Quintos de Mora (Toledo) y otro a Las Marismillas en Doñana-; dos en 2020 a Lanzarote y Doñana, respectivamente; cinco en 2021, repartidos entre la finca toledana, La Mareta y Las Marismillas; tres en 2022, otros tantos en 2023 y cuatro en 2024.

Por ello, una vez más, la Abogacía del Estado intentó dar por finiquitado el procedimiento, considerando que ya era suficiente con todo ello. Sin embargo, Moncloa sigue sin dar toda la información requerida, ya que el listado sigue sin estar completo, pues se refiere exclusivamente a los vuelos de ida, sin especificar el medio en que se produjo el regreso, además de añadir un vuelo comercial nuevo que no estaba en la relación anterior y sin que especifique el medio en que se realizó la vuelta.

Del mismo modo, la resolución hace referencia a los «desplazamientos del presidente del Gobierno a residencias oficiales» cuando los desplazamientos requeridos eran los de la mujer del presidente, lo que impide saber si Gómez ha utilizado los medios de transporte y las residencias oficiales sin que Sánchez estuviera presente.

Por tanto, ante esta nueva situación, el TSJM ha vuelto a dar la razón a este periódico, ordenando continuar con un procedimiento que Moncloa, con el apoyo de la Abogacía, intenta dilatar y torpedear para evitar aclarar cuál es el alcance real del uso que da Begoña Gómez a los recursos del Estado.