Entrevista | Ana de la Herrán, sobre el cupo catalán  La presidenta de los Inspectores de Hacienda: «Vamos hacia un suicidio. Las regiones más ricas se alejarán de las más pobres»

Esta semana el Gobierno y la Generalitat han acordado que Cataluña pasará a recaudar el 100 % de los impuestos, rompiendo así la caja común. Ante esto, los inspectores de Hacienda volvieron a alzar la voz, pero esta vez han endurecido el tono y han exigido la dimisión «inmediata» de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

«Hay que dar la cara y explicar exactamente cuáles son los beneficios del cupo catalán. Por eso hemos pedido la dimisión de la ministra: porque no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde», ha explicado Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, a El Debate.

— Es la primera vez que los Inspectores de Hacienda piden la dimisión de un ministro.

— Ha sido una decisión muy dura, pero creemos que era lo mejor. Este colectivo lleva mucho tiempo preocupado por todas las noticias que han ido saliendo acerca del acuerdo, desde el año pasado y por este paso adelante que se ha dado. Nos parece un peligro por todos los perjuicios que puede causar, tanto en la financiación como en nuestro trabajo dentro de la administración tributaria, que conocemos bien.

— ¿Realmente es posible implementar este acuerdo?

— Nosotros siempre hemos dicho que es muy difícil de implementar. No se trata simplemente de reformar o actualizar el sistema actual, sino de articular un nuevo sistema de financiación, una nueva arquitectura de la Hacienda española, teniendo en cuenta todas las consecuencias que ello conlleva. No es escribir negro sobre blanco en un papel, sino hacer todas las modificaciones que tienen que acordarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. No se puede modificar el sistema de financiación de la noche a la mañana.

Pero también es cierto que no es imposible. Por eso creemos que tenemos el deber moral de alertar sobre las consecuencias que podría tener la implementación de este acuerdo, que supone un nuevo modelo completamente distinto del que establece nuestra Constitución y su marco normativo.

— El Gobierno afirma que este acuerdo va a ser beneficios para Cataluña, pero también para el resto de España.

— Esa afirmación lo que hay que hacer es argumentarla técnicamente. Es necesario explicar, desde un punto de vista concreto, qué servicios se van a mejorar, cómo va a actuar el Estado y las comunidades autónomas, y en qué se va a beneficiar realmente el ciudadano. No basta con una declaración general, que es justamente lo que criticamos. Hay que dar la cara y explicar exactamente cuáles son los beneficios, por qué se hace y por qué sería bueno para los españoles. Por eso hemos pedido la dimisión de la ministra: porque no está asumiendo la responsabilidad que le corresponde.

Nosotros, en cambio, sí hemos argumentado y señalado cuales son los perjuicios. Hay dos grandes áreas afectadas. Por un lado, la financiación de los servicios públicos. Es como si una persona con altos ingresos, y que en el IRPF contribuye más para el sostenimiento de los gastos públicos, decide unilateralmente cuánto va a aportar y en qué condiciones. Eso rompe con el principio de solidaridad y con la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

Si no se controla adecuadamente, los defraudadores pagarán menos y, por tanto, el resto de ciudadanos tendrán que pagar más

Por otro lado, afecta a la estructura y eficiencia de la Agencia Tributaria. Dividirla en múltiples administraciones, como se plantea, supone romper su eficiencia. Lo dijo esta semana el exministro Josep Borrell: no se puede fraccionar la AEAT en 17 trozos. Ha alertado de ello, también, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero. No es solo una ocurrencia de los inspectores, como se ha querido hacer ver por parte del Gobierno. Es una manifestación que se apoya en los argumentos que han dado los expertos, en estudios de entidades como Fedea, que advierten del desastre que supondría para la Hacienda española. Incluso juristas de reconocido prestigio y catedráticos lo han señalado.

Además, aumentará la burocracia, lo que afectará directamente al contribuyente. Y lo más grave, se abre una brecha para el fraude fiscal. Si no se controla adecuadamente, los defraudadores pagarán menos y, por tanto, el resto de ciudadanos tendrán que pagar más. Esto ya se sabía hace años, y el propio Gobierno de Cataluña era consciente de ello.

— ¿Cataluña tiene capacidad para gestionar todos los impuestos ellos solos?

— No. Nos ha sorprendido mucho esa intrepidez al afirmar que el 1 de enero de 2026 estarán en condiciones de gestionar todo el IRPF. ¿Con qué personal va a contar? ¿Con qué sistema informático? El sistema de la Agencia Tributaria no es un simple Excel con datos de contribuyentes. Es una estructura tecnológica compleja, con una base de datos inmensa que integra programas de análisis de riesgos, que sirven para decidir qué comprobaciones hay que hacer, cómo hacerlas, y en qué casos.

Ese sistema informático, que ha costado tantos años, que es tan complejo y que se nutre de toda la información de las declaraciones de los propios contribuyentes y de otras fuentes de datos, no se puede crear de la noche a la mañana, como pretenden.

Además, no tienen recursos humanos suficientes, ni tienen la formación ni la preparación, que es muy compleja, para este desafío. Por lo tanto, ¿qué pretenden? ¿Cambiar a los funcionarios de un sitio a otro como si fueran muebles viejos? Esos funcionarios, primero, son personas y, segundo, han accedido por una oposición muy exigente, específica para el cuerpo estatal, no para el de la comunidad autónoma. Nos sorprende como se puede jugar así con la vida de las personas.

— ¿Qué les trasladan esos funcionarios?

— Hay una cierta inquietud, una cierta preocupación. Están en una situación muy delicada, y eso genera ansiedad. Además, el problema se agrava por la falta total de claridad en los mensajes políticos.

Los políticos, lo hemos dicho muchas veces, están muy alejados de la realidad del cuerpo funcionarial. Y es preocupante, porque son los que tienen que organizar la administración. Y la administración no es solo un edificio con unos sistemas informáticos y unos recursos materiales. Fundamentalmente son las personas que están detrás del manejo de esa organización, de los servicios y de los recursos materiales.

Son personas que tienen derechos adquiridos tras haber superado unas oposiciones muy exigentes. Y nadie puede ahora, de repente, de la noche a la mañana, decir y cambiar esas condiciones.

— ¿Este pacto abre la puerta para que otras comunidades autónomas sigan los mismos pasos que Cataluña?

— Eso es algo que nos preocupa profundamente. Se está diciendo que este modelo puede beneficiar a todos, y que, igual que se acuerda para Cataluña, se podría extender a otras comunidades. Pero eso sería, como dijo Borrell, un dislate. No solo para la Agencia Tributaria, sino para todas las comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas que son deficitarias y necesitan recursos del Estado para poder prestar en condiciones de igualdad los servicios públicos a todos los ciudadanos no pueden querer este régimen porque van a tener menos recursos.

No puede ser que un ciudadano de Murcia o de Sevilla reciba un peor servicio público que otro de Barcelona o Tarragona

Y esto lo saben perfectamente los presidentes de todas las regiones afectadas —que, recordemos, son todas excepto Cataluña, Madrid y Baleares, que son las excedentarias—. Por tanto, el resto debería estar en alerta máxima, porque van a dejar de percibir unos recursos que hasta ahora estaban recibiendo y que permiten garantizar servicios básicos como la educación o la sanidad.

Hay que garantizar, independientemente de la autonomía y de la gestión que puedan realizar, que el servicio público se preste en condiciones de igualdad. No puede ser que un ciudadano de Murcia o de Sevilla reciba una atención sanitaria peor que otro de Barcelona o Tarragona.

Si se sigue este camino, se avanzará hacia un suicidio, donde los territorios más ricos se distanciarán cada vez más de los más pobres. No es un modelo solidario, ni igualitario, ni constitucional.

— ¿Se están creando ciudadanos de primera y de segunda?

— Sin ninguna duda, habrá ciudadanos de primera, de segunda, e incluso de tercera. Esto lo que generará es una mayor desigualdad. Los habitantes de los territorios más ricos —en este caso Cataluña— accederán a mejores servicios públicos. En cambio, otros, como los de Valencia, no podrán recibir los servicios en las mismas condiciones de igualdad.

Por eso nos sorprende que se pueda decir así sin más que esto va a ser perfectamente aplicable al resto y que todas ganarán. La verdad que nos sorprende. Y sobre todo, faltan argumentos, faltan datos. Falta todo lo que sería necesario para convencer y garantizar a la sociedad que este acuerdo es justo y beneficioso.