Marlaska anunció la posibilidad de acudir a votar con miDNI antes de que lo validara la JEC

Durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros el 1 de abril de 2025 en la que el titular de Interior informó de la aprobación del Real Decreto 255/2025 que introducía en España por vez primera el DNI digital, Fernando Grande Marlaska se arrogó por adelantado la prerrogativa de convalidar su app miDNI para votar (min 25:41) cuando ni tan siquiera había pasado por el filtro de la Junta Electoral Central (JEC).

«Hemos previsto que la implantación del DNI se realice en varias fases. En la primera que empieza mañana mismo servirá para acreditar la identidad de su titular en cualquier tipo de trámite presencial», dijo el ministro.

Y añadió: «el DNI digital nos permitirá acciones tan cotidianas pero también tan relevantes como acceder a cualquier espacio público privado en el que sea necesario acreditar nuestra identidad antes de entrar, realizar trámites presenciales ante cualquier administración pública –incluido algo tan importante como el ejercicio del derecho al voto–, establecer cualquier tipo de relación jurídica cualquiera ya sea abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de compraventa de una casa firmar, las escrituras ante el notario o suscribir un crédito hipotecario».

Incluir el ejercicio del derecho al voto cuando ni siquiera se había consultado al órgano superior de la Administración Electoral en España era, cuanto menos, temerario. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) define la JEC como el órgano permanente encargado de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad entre los candidatos.

Es el máximo árbitro del proceso electoral en España y no el Ejecutivo quien aplica e interpreta la normativa electoral para garantizar que las elecciones se celebran conforme a la ley y, por tanto, quien debe validar el nuevo DNI digital del Gobierno.

Cinco meses después de que Marlaska adelantara que serviría para votar la JEC convalidaba el uso de miDNI como medio de identificación ante las mesas electorales. La decisión se adoptó, como informábamos ayer, tras una consulta formal elevada por el propio Ministerio del Interior sobre la posibilidad de emplear la versión digital del documento «como medio de acreditación válido de la identidad del votante ante las mesas electorales para el ejercicio activo del derecho de sufragio».

Las sospechosas prisas del Ejecutivo

La celeridad con la que el Ejecutivo ha impulsado la utilización del DNI digital para votar en las urnas no ha provocado ni un solo debate público. Y eso es, precisamente, lo más significativo. La medida ha pasado totalmente desapercibida. De hecho, hoy sigue sin poder utilizarse para casi ninguna de las utilidades que señala el Gobierno. Incluso en la propia Policía.

Jaime Gómez-Obregón, el conocido ingeniero galardonado en múltiples ocasiones por sus iniciativas en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción, publicó un tuit esta semana de lo más elocuente: «Para renovar el pasaporte hace falta llevar el DNI a una comisaría de la Policía Nacional. He preguntado en la Policía Nacional si puedo identificarme ante la Policía Nacional con miDNI de la Policía Nacional. Me han dicho que no sirve».

No es el único caso. «Es muy llamativo que hoy pueda utilizarse el DNI digital del Gobierno para votar, pero no para embarcar en un vuelo nacional, aunque sea de Madrid a Barcelona o Sevilla», señala un experto en aplicaciones tecnológicas consultado por este medio. El contraste es evidente.

Es obvio que once meses después la aplicación del DNI en el móvil no sirve para casi nada, salvo para votar.

Eso sí, la respuesta a la pregunta de por qué Marlaska aseguró que miDNI valía para ejercer el sufragio universal el mismo día de la aprobación por el Consejo de Ministros si ni siquiera se había pronunciado la Junta Electoral es sencilla: porque ya había conseguido que el máximo árbitro administrativo aprobara tres años antes miDGT con un sistema de identificación similar sin tan siquiera exigir los controles de verificación de la propia aplicación, como reveló ayer El Debate.