El PP pide vetar a Ineco en la valoración de contratos europeos tras las denuncias de irregularidades en Adif

El Partido Popular ha pedido prohibir que empresas públicas del Gobierno participen en la valoración técnica de contratos financiados con fondos europeos si no existe una cobertura contractual explícita. La medida se dirige especialmente contra Ineco tras las denuncias sobre posibles irregularidades en procesos de licitación vinculados a Adif.

La propuesta se recoge en una resolución presentada por el grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de gestión y control del Plan de Recuperación aplicados por Adif y Adif Alta Velocidad hasta diciembre de 2024.

El informe del órgano fiscalizador advertía de deficiencias en la investigación de dos denuncias relacionadas con posibles alteraciones de puntuaciones en informes técnicos utilizados para adjudicar contratos financiados con fondos europeos.

Según recoge el Tribunal de Cuentas, en julio de 2022 se registró una denuncia en Ineco en la que se señalaba que un empleado de Adif «habría dado instrucciones a dos trabajadores de Ineco para cambiar sus valoraciones sobre las ofertas técnicas» presentadas en tres licitaciones vinculadas al Plan de Recuperación.

Dos meses después se presentó una segunda denuncia en Adif por una supuesta «falsificación de puntuaciones en licitaciones». Tras analizar los hechos, la empresa pública concluyó que «no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación», aunque el Tribunal de Cuentas reprochó al gestor ferroviario falta de rigor en la investigación de los hechos.

A raíz de estas advertencias, el PP propone impedir que medios propios de la Administración –como Ineco– participen en valoraciones técnicas de licitaciones del Plan de Recuperación si no existe una relación contractual formal que respalde esa intervención.

Además, los populares plantean reforzar los mecanismos de control en los procesos de contratación vinculados a fondos europeos. Entre las medidas propuestas figura la implantación de verificaciones anuales obligatorias para detectar posibles amenazas a la imparcialidad en las valoraciones técnicas.

Estas comprobaciones deberían incluir compromisos futuros en las denominadas Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses, tanto para personal propio como externo, incluidos los medios propios de la Administración que participen en la gestión de los expedientes.

El PP también plantea la elaboración de un plan antifraude específico frente a posibles prácticas colusorias en las licitaciones, así como la auditoría externa de todos los contratos del Plan de Recuperación superiores a un millón de euros.

Otra de las propuestas pasa por reformar las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses para que se elaboren de forma específica para cada expediente de contratación y no de manera genérica.

El debate sobre el papel de Ineco se produce además en un contexto de creciente presión política sobre la empresa pública, después de que su nombre haya aparecido en las investigaciones relacionadas con la denominada trama Koldo por su papel en la validación de contratos públicos.

Propuestas

El resto de grupos parlamentarios también ha presentado sus propias propuestas de resolución al informe del Tribunal de Cuentas. El PSOE plantea reforzar los mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés en las tareas vinculadas a la gestión del Plan de Recuperación.

Por su parte, Vox propone que Adif y Adif Alta Velocidad adopten medidas para reducir el riesgo de prácticas colusorias en las licitaciones y reclama la elaboración urgente de un plan de acción en este ámbito.

Sumar, en cambio, apuesta por reforzar los sistemas internos de evaluación del riesgo de fraude, actualizando la valoración de los riesgos asociados a posibles prácticas colusorias en los procedimientos de contratación financiados con fondos europeos.