El cupo catalán es inviable, inconstitucional y contrario a la igualdad de los españoles, según los expertos

El Gobierno de Sánchez y el catalán, liderado por el también socialista Salvador Illa, han anunciado un acuerdo de financiación que tendrá que ser refrendado por el Congreso de los Diputados. Los expertos no lo ven viable: «La generalización de un sistema de cupo al estilo vasco es imposible, por la sencilla razón de que el cupo no cubre el coste de los servicios que el Estado presta en la comunidad autónoma correspondiente», señala el catedrático Mikel Buesa, gran conocedor del cupo vasco.

Buesa contradice de este modo que el modelo catalán pueda ser extrapolable a otras comunidades del Régimen Común, como ayer dijo Illa, o que Cataluña pueda tener un cupo como el vasco, que es la petición de Junts, el partido de Puigdemont. Los miembros del partido del ex presidente fugado estaban ayer visiblemente contrariados porque la propuesta de acuerdo con Cataluña no es tan ambiciosa como la que ya tienen los vascos y navarros.

El catedrático recuerda que «el País Vasco y Navarra poseen un sistema por el cual no aportan nada a la solidaridad interregional». Ambas regiones lo tienen por la disposición adicional recogida en la Constitución, que les reconoce un derecho histórico a un régimen fiscal diferente, pero otra cosa sería que se acogiesen a él otras regiones como Cataluña. «Si las tres comunidades que obtienen más recursos de los que necesitan -Madrid, Cataluña y Baleares- se quedaran con ellos, las demás no tendrían recursos suficientes, porque se recaudaría menos de lo necesario para cubrir sus gastos», explica Buesa. El efecto sede de las empresas favorece a Madrid y Cataluña, que recaudan, respectivamente, 120.575 y 53.543 millones de euros.

«No puedes establecer un sistema en el que cada cual dependa de sus propios recursos. Si lo hicieras, las regiones que tienen menos recursos tendrían que tener menos servicios públicos, menos hospitales, menos escuelas... Eso atenta contra el principio de igualdad. Además, es inconstitucional. La Constitución deja claro que el régimen económico de una comunidad autónoma no puede implicar una situación de privilegio respecto a las demás», añade el catedrático. El artículo 138 de la Constitución dice: 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Recaudar los propios impuestos

El principal anuncio hecho ayer es el propósito de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) asuma todos los impuestos que hasta ahora recauda Hacienda en la región, un proceso que se iniciará con la próxima campaña del IRPF. «No es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, por mucho que los nacionalistas catalanes pretendan hacerlo. Seguramente implicará una reducción de la capacidad recaudatoria que afectará a los ingresos del Estado en las Administraciones Públicas del conjunto de España», apunta Buesa.

La petición de Cataluña de tener un régimen fiscal propio e incluso obtener una condonación de la deuda se basa en la famosa teoría de que España les roba, o que su región está infrafinanciada, algo que no es verdad: «Está en la media de la financiación a las comunidades autónomas», señala Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). «Siendo 100 la media de financiación para las comunidades autónomas, las cuatro infrafinanciadas se situarían entre los 91 y los 95 puntos (Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha). País Vasco estaría en 220, Navarra en 160-180, La Rioja y Cantabria en 120-125, y las demás escalonadas, con Madrid y Cataluña muy cerca de 100, en la media de financiación», añade.

Dicen que Cataluña está infrafinanciada, pero no es verdad

Como bien indican Jesús Fernández Villaverde y Francisco de la Torre en su libro La factura del cupo catalán, la razón de ser de esta financiación privilegiada para Cataluña se basa en que la región tiene «una estructura de gasto excesiva por la creación de una administración pública autónoma sobredimensionada».

Este exceso de gasto y mala gestión se traducirá en que seguramente subirán los impuestos, se reducirán las pensiones y el gasto social y las demás comunidades autónomas recibirán menos dinero, explican los autores del libro. También se incrementará el fraude, por el empeoramiento del control, y los propios catalanes verán cómo empieza a llegarles menos dinero de otras regiones, y entonces se sentirán engañados. La ocurrencia de los independentistas tendrá consecuencias serias no solo sobre las demás regiones de España; también sobre la propia Cataluña.