Cataluña tampoco se escapa del «reto marrón» y municipios de Lérida y de las comarcas del interior han cerrado piscinas

Este verano, Cataluña no se ha librado de esa moda viral, tan insólita como preocupante, que es el llamado «reto marrón», un desafío que incita a jóvenes a defecar en piscinas públicas, grabarlo y difundirlo en redes sociales.

Desde su aparición en 2018, este fenómeno ha resurgido con fuerza este año y ha obligado al cierre temporal de más de 300 piscinas municipales en toda España. En Cataluña, los incidentes más recientes han afectado a localidades como Berga, Bellver de Cerdanya, Sant Joan de Vilatorrada, Tàrrega, Alcarràs, Almacelles, Bellpuig, Camarasa, La Pobla de Lillet o incluso Lérida.

En Tàrrega, en la provincia de Lérida, las piscinas municipales tuvieron que cerrar tres veces en una sola semana (el miércoles, viernes y sábado 16 de agosto) debido a la presencia de excrementos humanos en el agua, presuntamente vinculados a ese reto viral. La alcaldesa, Alba Pijuan, calificó estos actos como «profundamente egoístas» y aseguró que «parece ser que los excrementos se llevan en una bolsa de casa», lo que evidencia la premeditación de los responsables.

El Ayuntamiento contrató una empresa de seguridad privada y agentes de paisano, además de exigir la identificación con DNI para controlar el acceso de los usuarios. Municipios de Lérida, como Alcarràs, Almacelles y les Borges Blanques, también tuvieron que cerrar piscinas por el mismo motivo. En total, una decena de instalaciones en la provincia han sido afectadas este verano.

El patrón es idéntico en todos los casos: un bañista detecta heces en el agua, se alerta al personal, y se activa un protocolo sanitario que incluye evacuación inmediata, retirada de restos, hipercloración del agua y análisis bacteriológicos. Este proceso, que puede durar entre 8 y 48 horas, supone un coste económico significativo y priva a los usuarios de un recurso vital en días de temperaturas extremas.

Y el último municipio que se ha sumado a la lista es Lérida. Se tuvieron que cerrar las piscinas de Baláfia una jornada, en plena ola de calor. La alcaldesa accidental, Cristina Morón, calificó el incidente como una «gamberrada» y un «acto vandálico» que se llevó a cabo durante la noche. Los responsables habrían saltado la valla del recinto para llevar a cabo esta acción. Que obligó a cancelar las actividades deportivas de verano programadas durante 24 horas.

Además, según explicó Morón, se necesitaron ocho horas de tratamiento del agua, además de nuevas analíticas para garantizar su seguridad, lo que supuso un coste adicional para el Ayuntamiento. «Estos actos, además de estúpidos, generan malestar y un gasto innecesario en mantenimiento», lamentó la regidora, que hizo un llamamiento al civismo. También se han intensificado las rondas de vigilancia en el recinto para prevenir nuevos incidentes.

Las autoridades sanitarias alertan sobre los riesgos de esta práctica, porque puede transmitir muchas enfermedades. Y es que las heces contienen microorganismos como E. coli, Salmonella, Shigella, Giardia o Cryptosporidium, capaces de provocar desde gastroenteritis leves hasta infecciones graves como hepatitis A o fiebre tifoidea. Los niños, cuyo sistema inmunitario aún está en desarrollo, son especialmente vulnerables, ya que suelen tragar agua mientras juegan, aumentando el riesgo de contagio.

Mientras tanto, los ayuntamientos han respondido con diferentes medidas. En Tàrrega, además de la vigilancia reforzada (como en Lérida), se ha apelado a la colaboración ciudadana para denunciar conductas sospechosas. En Sant Joan de Vilatorrada, el alcalde Jordi Solernou anunció que los responsables identificados no podrán volver a acceder a las piscinas municipales.

Algunos consistorios han instalado cámaras de seguridad y controles de acceso con DNI para prevenir nuevos incidentes. Aunque no existe una ley estatal específica que penalice defecar en piscinas, las normativas locales permiten imponer sanciones administrativas que, en casos graves, pueden alcanzar los 600.000 euros.