Illa se gastará 360.000 euros en una auditoría externa para «agilizar» las leyes de la Generalitat

La Generalitat vuelve a confiar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en esta ocasión para que el organismo lleve a cabo una auditoría externa de 18 meses para evaluar y optimizar las leyes que regulan la vida cotidiana y la actividad económica en Cataluña, con el propósito de hacerlas «más claras y eficaces». Con un presupuesto de 360.000 euros, esta iniciativa se enmarca en la apuesta del ejecutivo por una administración más cercana y eficiente, según ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

La auditoría, que comenzará este mismo año, analizará cómo se diseñan, aplican y evalúan las normas en Cataluña. La OCDE elaborará un informe con recomendaciones para alinear la política regulatoria catalana con las mejores prácticas internacionales, dicen desde el ejecutivo de Salvador Illa. Además, el convenio incluye la formación de personal administrativo y un seguimiento riguroso de las propuestas de cambio.

Para ello, se entrevistará a personal técnico, representantes del ámbito local, entidades sociales y económicas, y se contará con el asesoramiento de expertos internacionales. Este enfoque participativo busca garantizar que las mejoras respondan a las necesidades reales de la sociedad catalana.

Una administración más eficaz

El anuncio de esta auditoría no es un hecho aislado, sino que se suma otras medias de la Generalitat para optimizar la administración. Según Paneque, Cataluña lleva años implementando herramientas para mejorar la regulación, como la evaluación de impacto de las leyes antes y después de su aprobación, la simplificación de procedimientos administrativos y la reducción de normativas redundantes que generan costes innecesarios.

Entre las iniciativas destacadas, la Generalitat creó en mayo de 2025 una nueva Dirección General destinada a agilizar la administración mediante el uso de inteligencia artificial. Esta dirección impulsa proyectos como la incorporación de asistentes virtuales para facilitar trámites administrativos y herramientas inteligentes para la redacción de sentencias o informes ambientales, marcando un hito en la digitalización de los procesos burocráticos.

También presentó hace unas semanas un plan integral para simplificar más de 170 trámites burocráticos antes de junio de 2026. Bajo la dirección del consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, esta reforma busca reducir los tiempos de espera, eliminar pasos innecesarios y mejorar la experiencia de los ciudadanos al interactuar con los servicios públicos. «Queremos hacer la vida más fácil a la gente», afirmó Dalmau.

El plan, enmarcado en el programa Catgirem, se centra en rediseñar los procedimientos administrativos más complejos y con mayor volumen de solicitudes, que en 2024 sumaron más de 657.000 peticiones solo en los diez trámites digitales más utilizados.

Entre los procedimientos prioritarios se encuentran las ayudas para la compra de vehículos eléctricos, la homologación de estudios extranjeros no universitarios, la obtención de títulos de familia numerosa o monoparental, el reconocimiento del grado de discapacidad, las pensiones no contributivas y la renta garantizada de ciudadanía

En cualquier caso, la colaboración de la Generalitat con la OCDE no es nueva, porque ambas partes trabajarán en un plan para mejorar el rendimiento académico en Cataluña. Hay que tener en cuenta que la OCDE es el organismo responsable de las pruebas PISA.

Con una inversión de 1,48 millones de euros, distribuida en 370.000 euros anuales durante cuatro años (2025-2028), el acuerdo busca identificar las debilidades del sistema y proponer mejoras para revertir los malos resultados académicos de los estudiantes catalanes, constatados en evaluaciones como PISA 2024, donde Cataluña quedó por debajo de la media española y de la OCDE en matemáticas, ciencias y comprensión lectora.