Un alto cargo de Junts en Gerona se niega a hablar en español con unos examinadores que no la entendían

La Universidad de Gerona se ha visto envuelta en una controversia que ejemplifica hasta qué punto el nacionalismo catalán puede convertir cualquier proceso académico en una batalla política. El caso protagonizado por Gemma Geis, exconsejera de Universidades del gobierno de Pere Aragonès, ha dividido a la comunidad universitaria y generado un debate que trasciende las aulas.

La polémica se desató cuando Geis, antigua vicealcaldesa de Gerona y actual profesora de Derecho Administrativo, se empeñó en utilizar exclusivamente el catalán durante su proceso de estabilización docente, a pesar de que la mayoría del tribunal evaluador procedía de universidades españolas y no dominaba la lengua autonómica. Esta decisión obligó a la institución académica a desembolsar 4.000 euros en servicios de traducción simultánea.

El incidente, que tuvo lugar durante una evaluación para consolidar su plaza de profesora agregada, expone las tensiones lingüísticas que persisten en el sistema universitario catalán. Tres de los cinco miembros del tribunal procedían de centros académicos de fuera de Cataluña, circunstancia que la exconsejera de Junts aprovechó para reivindicar lo que denominó sus «derechos lingüísticos».

La actuación de Geis no pasó desapercibida para sus evaluadores. Maria Mercè Darnaculleta, la única profesora de la Universidad de Gerona presente en el tribunal y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, censuró públicamente la decisión calificándola de «falta de respeto a la ética universitaria». Darnaculleta argumentó que la insistencia en el uso del catalán «contradice abiertamente dos principios básicos de la ética universitaria como son la neutralidad y la universalidad».

Por su parte, Luis Medina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, expresó su perplejidad ante la situación, sugiriendo que se podría haber optado por el inglés como lengua vehicular común. «Quería trasladar a la candidata un pequeño lamento: podría haber utilizado un idioma común que es el inglés», declaró el académico madrileño.

La respuesta de Geis fue recurrir a la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, denunciando lo que consideraba una «agresión contra sus derechos lingüísticos». La defensora del pueblo catalana respaldó parcialmente sus alegaciones, instando al rector de la Universidad de Gerona, Joaquim Salvi, a intervenir en el conflicto y exigir disculpas por parte de los miembros del tribunal.

Sin embargo, la universidad optó por mantenerse al margen, amparándose en la independencia de los órganos de selección. Esta postura ha generado una oleada de críticas desde el propio Consell d'Estudiants de la institución, que ha publicado un comunicado expresando su «más fermo y rotundo apoyo» a la exconsejera.

Los representantes estudiantiles han calificado el caso como una «vulneración grave e intolerable de los derechos lingüísticos» y han lamentado que la universidad «haya renunciado a defender un principio fundamental recogido en sus propios estatutos». Esta posición estudiantil refleja cómo el nacionalismo catalán ha permeado incluso entre las nuevas generaciones universitarias.

El escándalo ha trascendido el ámbito académico para convertirse en munición política. Pere Lluís Huguet, diputado del Partido Popular por Tarragona y presidente de la Comisión de Universidades en el Parlament, ha denunciado «el fanatismo ideológico» de la exconsejera. «Algunos se empeñan en enfangarlo todo con su fanatismo ideológico», ha declarado el parlamentario popular.

Huguet ha criticado duramente la decisión de Geis, señalando que «la Universidad de Gerona ha tenido que costear la traducción porque la exconsejera de Aragonès se negó a utilizar una lengua oficial en Cataluña, como es el castellano, ante un tribunal compuesto por profesores de diferentes regiones». El diputado ha calificado la imposición como «absurda» y reflejo de cómo «el independentismo convierte cualquier trámite académico en una trinchera política».

Desde Vox, el diputado Manuel Acosta ha sido aún más contundente, acusando a Geis de «fomentar el enfrentamiento» y de representar «una parte de la sociedad catalana cuya única forma de interacción social es la hostilidad». Acosta ha criticado también la actuación de la Síndica de Greuges, a la que acusa de defender «el catalán por encima de todo, de la razón, de la educación y del sentido común».

El caso Geis ilustra una realidad incómoda: cómo las reivindicaciones lingüísticas pueden instrumentalizarse políticamente, generando conflictos artificiales que dividen a la comunidad académica. Mientras los estudiantes aplauden una supuesta defensa de la lengua catalana, los críticos denuncian un sectarismo que antepone la ideología al pragmatismo universitario.

La controversia plantea interrogantes sobre los límites de los derechos lingüísticos en el ámbito académico y hasta qué punto es razonable imponer costes adicionales a las instituciones públicas por cuestiones que podrían resolverse con mayor flexibilidad. El caso quedará como ejemplo de cómo las tensiones identitarias pueden contaminar espacios que deberían priorizar la excelencia académica por encima de las batallas políticas.