Un albañil acorralado destapó el entramado de «corrupción sistémica» que lideraba un teniente coronel de la Guardia Civil

Una obra con acabados que no están a la altura del precio pagado, una pregunta y una respuesta. Así empezó a destaparse la trama que la magistrada ha ido desgranando y que tiene a un teniente coronel de la Guardia Civil como presunto líder de un entramado de «corrupción sistémica». Miguel Ángel E. T. está acusado de la comisión de seis posibles delitos por desviar dinero público entre 2018 y 2022.

La magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia señala que el alto mando del Instituto Armado se servía, presuntamente, de su posición privilegiada dentro del cuerpo para firmar pequeñas obras en dependencias oficiales con un presupuesto inflado y que justamente esa cantidad de más servía para abonar obras en propiedades privadas.

El periodo de investigación judicial se ha centrado entre principios del año 2018 y finales de 2022 y todo empezó a raíz de la confesión de un albañil implicado originalmente en la trama.

Dicho trabajador estaba realizando unos trabajos contratados por el teniente coronel en unas viviendas de la Benemérita en la ciudad de Valencia. Al parecer el resultado final no se ajustó al alto presupuesto con el que se contaba, por lo que al ser cuestionado por un cargo del Instituto Armado, el albañil confesó, en diciembre de 2021, los hilos que se movían con determinadas contrataciones, apuntando directamente a Miguel Ángel E.T.

El caso llegó a Asuntos Internos de la Benemérita donde se continuó destapando el caso y se estableció la posible comisión de hasta siete delitos diferentes. El informe establecía al teniente coronel como cabecilla y incluía a otras trece personas como implicadas directamente en el desvío de dinero público.

La magistrada recibió tanto el informe del Servicio de Asuntos Internos como por parte del Instituto Valenciano de Finanzas y armó una instrucción que ha rebajado el número de delitos a seis: malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y grupo criminal. En la horquilla superior el alto mando podría enfrentarse a una solicitud de cárcel de más de 20 años, pero dependerá de los escritos de acusación.

La jueza estima que el teniente y los otros treces imputados (su mujer, un guardia civil de confianza, un empresario con su hija y el que era su yerno por aquel entonces y los ocho contratistas afines a los trabajos) permitieron el desvío de 130.000 euros entre 2018 y 2022. Y todo haciéndose valer de que Miguel Ángel E.T. había sido durante casi dos décadas el responsable de las finanzas de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. Es decir, que su autoridad en materia económica era tal que podía acordar presupuestos desmedidos sin levantar ninguna sospecha.

Es más, no consta en la instrucción ninguna alerta superior al control económico de las obras y el caso se tuvo que destapar desde dentro, por un albañil que, ahora, ha quedado libre de cualquier imputación judicial.

El modus operandi pasaba por aplicar un sobrecoste inicialmente ligero a pequeñas obras que el teniente podía firmar sin supervisión. Constan en la instrucción incrementos de 200 y 300 euros, pero también presupuestos inflados un 348 %. Ese dinero que se pagaba de más a través del erario público se reinvertía en trabajos que los mismo operarios y empresario realizaban tanto en propiedades del alto mando como en inmuebles de personas cercanas, tanto familiares como amigos.

Con estos contratos menores de la Guardia Civil los contratistas trabajaron, al menos, en tres propiedades del alto mando ubicadas en la localidad valenciana de Siete Aguas. Una de ellas se pudo vender, tras las correspondientes intervenciones, por ocho veces más del valor que tenía inicialmente, lo que disparó los beneficios.

El teniente coronel se habría aprovechado, presuntamente, de su puesto de interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) en la 6ª Zona del Instituto Armado para, según la jueza, «crear en su propio beneficio una red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública de la Guardia Civil».

Ahora la jueza ha acordado dictar el auto de procedimiento abreviado, que pone fin a la fase de instrucción, y dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral.

De ello dependerá que el teniente coronel de la Guardia Civil acabe sentado en el banquillo de los acusados por servirse del Instituto Armado para, presuntamente, beneficio propio.