Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil
Asuntos Internos de la Guardia Civil detecta «indicios sólidos de corrupción» en un militar interventor en Valencia
La presunta trama utilizaba los anticipos de caja y la adjudicación de contratos de obra en los cuarteles
El servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil acusa a un militar teniente coronel interventor de participar en una presunta trama con «indicios sólidos de corrupción» derivados de los anticipos de caja y la adjudicación de contratos de obra en los cuarteles.
Se trata, han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, de un militar destinado en la comandancia de Valencia porque era jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil.
Un informe adelantado por el diario.es apunta a que este cargo militar habría armado una presunta trama de «corrupción sistémica» con sobrecostes de hasta un 348% en obras en cuarteles del Instituto Armado para luego adquirir tres viviendas ruinosas con fondos en metálico reformadas por los empresarios adjudicatarios de la red.
Según el documento que recoge este medio, el interventor «poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos» y «utilizó su posición de jefe de la UGE para favorecer a una red de empresarios que, en contrapartida, asumieron los costes de adquisición, reforma y equipamiento de su patrimonio inmobiliario privado, generando un beneficio patrimonial ilícito financiado por fondos públicos».
Preguntada por este asunto este viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios tras reunirse este viernes con Lambda, ha afirmado que no tiene «conocimiento» del caso.
Qué delitos se investigan
El informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil asegura que el teniente coronel que era el máximo responsable de la Unidad de Gestión Económica del instituto armado en la Comunidad Valenciana adjudicaba obras con sobrecostes para enriquecerse personalmente.
Fuentes cercanas a la investigación al teniente coronel han confirmado a EFE que el SAI atribuye a este mando los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales desde marzo hasta agosto de 2021, según ha adelantado el periódico Levante-EMV.
Esta persona, identificada como M.Á.E.T., según Asuntos Internos, utilizó su posición como máximo responsable durante décadas de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana para controlar la adjudicación y validación de obras en cuarteles con prácticamente los mismos empresarios y sobrecostes que pudieron generar un beneficio ilícito mediante fondos públicos.
El informe del SAI señala que el teniente coronel habría adjudicado de forma irregular obras a las que aplicaba sobrecostes que pueden haber llegado en algún caso al 348 % y ha señalado que el principal empresario investigado, C.G. M., llegó a facturar hasta un millón de euros desde 2008 hasta el año 2022.
Las investigaciones han constatado que el teniente coronel reinvertía las ganancias, ya que adquirió tres propiedades en ruinas para vivienda particular o revender, unas obras que encargaba a las mismas empresas a las que adjudicaba los contratos públicos.
