Los jueces de la Audiencia Nacional van cercando a Sánchez pese a no poder encausar a sus aforados

Cuando Pedro Sánchez habló en su discurso de investidura de «alzar un muro», seguro que no estaba pensando en el que hoy más divide a los miembros de su Gobierno, su partido y su familia: el aforamiento. A los que lo tienen, las balas de la Justicia les silban cada vez más cerca; a los que no lo tienen, esas balas ya les han dado.

Los jueces de la Audiencia Nacional que investigan el ramillete de casos de corrupción que afecta al sanchismo están pisando con pies de plomo porque saben que el terreno que tienen es escarpado. José Luis Calama, Santiago Pedraz e Ismael Moreno van estrechando el cerco al Gobierno, achicando el espacio a Pedro Sánchez, pero bordeando la línea de aforados. Porque a estos últimos no pueden investigarlos, sino que solo puede el Tribunal Supremo.

De ahí se explica que, hasta la fecha, el propio presidente del Ejecutivo, Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, la presidenta del PSOE, el que fuera número dos de Santos Cerdán, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y el ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado hayan ido sorteando las minas. Todos tienen en común que son aforados ante el Tribunal Supremo.

La exvicepresidenta Montero dejó de serlo al renunciar a su escaño en el Congreso para pasar a ser aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como diputada del Parlamento andaluz, pero recuperará su aforamiento ante el Supremo en breve, porque está previsto que ocupe un escaño en el Senado como senadora por designación autonómica. La que fuera número dos de Sánchez ha visto cómo iban cayendo, imputados, los tres presidentes que ha tenido la SEPI bajo su mandato: Vicente Fernández, Bartolomé Lora y la actual, Belén Gualda, que fue imputada el lunes junto con otras 24 personas. Sin embargo, Montero está a resguardo. De momento.

Lo mismo pasa con Grande-Marlaska. Pedraz imputó este jueves en el caso Leire a la directora general de la Guardia Civil y al DAO, puesto que ninguno de los dos es aforado. El ministro del Interior reconoció el martes en el Senado que su subordinada sí le informó, cuando ocurrió, de que Leire Díez le había pedido que restituyera al comandante Rubén Villalba (miembro de la trama). Y también confirmó que, el 30 de mayo de 2025, participó en una reunión con: Mercedes González; el teniente coronel Antonio Balas; el jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Alfonso López Malo. Según el ministro, para trasladarles su absoluto apoyo.

El de la cloaca del PSOE es el caso que a más aforados ronda. Empezando por Sánchez, en su doble condición de presidente del Gobierno y de secretario general del PSOE. En los mensajes y cuadernos de Díez aparecen constantes alusiones al «one» o «P.S». Están imputados Cerdán y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, puesto que ninguno de los dos es aforado.

Sí lo es la presidenta del partido, Cristina Narbona, que por ese motivo solo ha sido llamada a declarar como testigo. La publicación de los mensajes entre Narbona y la fontanera del 24 de abril de 2024, el día en que el presidente del Gobierno redactó su famosa carta a la ciudadanía, derribaron el último dique de contención de Sánchez. Pero de momento Pedraz ha evitado llamar a declarar al presidente como testigo, que dado su blindaje ante el Supremo es lo único que podría hacer.

El instructor del caso Leire ha sorteado a otros dos aforados, a los que no obstante menciona en sus autos: el secretario de Política Municipal del partido, Juanfran Serrano, que es diputado actualmente, y el que fuera director adjunto del Gabinete de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando, que hoy es secretario de Estado de Telecomunicaciones.

A Sánchez tampoco le han reclamado como testigo, por ahora, ni el juez Calama en el caso Plus Ultra ni el juez Moreno en la pieza separada que abrió en diciembre para investigar si existe una caja B en el PSOE.

En el caso del ex teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, el juez Pedraz le ha citado como testigo el 15 de julio, para que aclare sus reuniones con Díez y con el abogado Jacobo Teijelo. De nuevo, se trata de un aforado. Han sido llamados él y la fiscal Beatriz López Pesquera, que participó en al menos uno de los encuentros.

En torno al ministro Torres y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pulula la investigación del juez Moreno sobre las mascarillas que los gobiernos de Canarias y Baleares adjudicaron a una empresa de Víctor de Aldama. La abogada de Koldo García ha intentado que el magistrado de la Audiencia Nacional archive esta investigación, con el argumento de que el Supremo ya juzgó un caso de mascarillas (el que acabó con la condena del propio Koldo y de José Luis Ábalos). Sin embargo, el instructor rechazó hace unas semanas la petición y ha seguido adelante. Como siguen los demás.