La realidad desmonta el relato nacionalista: la gran mayoría de catalanes defiende el bilingüismo

En la sociedad catalana, la cuestión lingüística emerge constantemente como un punto focal de debate, identidad y, a menudo, conflicto político. A pesar de las políticas lingüísticas de inmersión y la promoción del catalán como lengua vehicular, una parte significativa de la población catalana, que valora profundamente su cultura y lengua propia, también defiende el bilingüismo con el español, y cuestiona las políticas que perciben como la marginación de una de las lenguas oficiales.

Si somos sinceros, de hecho, debemos afirmar que la realidad social de Cataluña es intrínsecamente bilingüe. El español, o castellano, es la lengua materna de una gran parte de sus habitantes y, junto con el catalán, constituye el bilingüismo social cotidiano. La defensa del bilingüismo en Cataluña no implica una renuncia al catalán, sino el reconocimiento de que ambas lenguas son propias del territorio y de sus ciudadanos.

Esto es lo que reflejan a menudo las encuestas, y el ejemplo más reciente lo encontramos esta semana, en la última encuesta Ómnibus realizada por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, que constata que el 90 % de los catalanes se muestra de acuerdo (11 %) o muy de acuerdo (78 %) en que el personal que realiza atención al público en los servicios sanitarios atienda tanto en catalán como en español.

En el sector del comercio –otra de las dianas habituales del activismo nacionalista–, también hay un 88 % de encuestados que defiende poder ser atendido indistintamente en catalán o español.

Aunque la inmersión lingüística en catalán ha sido el modelo dominante, una parte de la sociedad y diversas entidades reclaman un cumplimiento efectivo de la cooficialidad en las aulas, garantizando una presencia adecuada del castellano como lengua vehicular. La ciudadanía aboga por una presencia normalizada de ambas lenguas en la rotulación, la comunicación institucional y los medios de comunicación.

Críticas a la inmersión

Las lenguas son herramientas de comunicación y riqueza cultural, y su uso no debería ser fuente de confrontación o exclusión. Las políticas lingüísticas implementadas por la Generalitat, a menudo vinculadas a la ideología del nacionalismo catalán, se han centrado históricamente en el concepto de «normalización lingüística», buscando revertir la situación de desventaja histórica del catalán.

Ahora bien, su aplicación genera críticas. Se cuestiona que las instituciones autonómicas operen casi de forma monolingüe en catalán, dejando al margen la otra lengua cooficial, el castellano. El uso de multas o sanciones a comercios y empresas por no rotular en catalán o por incumplir cuotas lingüísticas en otros ámbitos es percibido como un modelo coercitivo.

Una crítica central es la instrumentalización política del catalán. Al vincular el idioma directamente con el proyecto independentista, se dificultó su uso y defensa por parte de aquellos catalanes que, siendo bilingües y amando su cultura, no comparten la agenda secesionista.

Sentencias judiciales, como las relativas a la obligación de impartir un mínimo de horas en castellano en la escuela (el conocido 25 %), han puesto de manifiesto la tensión entre la legislación autonómica y la jurisprudencia que busca garantizar los derechos de los castellanohablantes, reafirmando que el bilingüismo es un mandato constitucional.

Teniendo en cuenta esto y las encuestas aparecidas recientemente, donde un porcentaje de la población considera que el bilingüismo debe imperar en Cataluña, y no la imposición única del catalán, como lengua de referencia en las instituciones públicas, coartando a las personas que, si bien lo entienden, no se expresan con facilidad, es fácil establecer la realidad, que muchas veces pasa desapercibida por los políticos que no pisan la calle y no conocen la realidad.

Un verdadero pacto lingüístico

La sociedad catalana es un ejemplo de bilingüismo de facto. Los catalanes que defienden un modelo bilingüe no son adversarios del catalán; al contrario, reconocen su valor y la necesidad de protegerlo. Sin embargo, se oponen a que esta protección se logre a expensas del castellano, marginando a una parte importante de la ciudadanía.

Abogar por el bilingüismo en Cataluña es pedir un marco de convivencia lingüística que respete la realidad de sus hablantes. Implica que la Generalidad de Cataluña abandone las políticas que buscan la uniformidad monolingüe y garantice la cooficialidad efectiva en todos los ámbitos, reconociendo que la fuerza del catalán reside en su uso social y en el aprecio de sus hablantes, no en la imposición legal.

Un verdadero pacto lingüístico en Cataluña debería basarse en el consenso, la libertad de elección y la no discriminación, permitiendo que ambas lenguas florezcan en un entorno de respeto mutuo y enriquecimiento cultural. Es la vía más sensata para asegurar que el catalán y el castellano sigan siendo, de forma natural, lenguas de todos los catalanes.