El informe del comité de expertos para modernizar la administración catalana: simplificar trámites y más IA

Un año después, el comité de expertos encargado de diseñar una estrategia para la reforma de la administración pública catalana (CETRA) ha entregado este lunes al Govern su informe final, que reúne 50 propuestas para transformar el funcionamiento de la Generalitat y hacerlo más ágil, transparente y centrado en el servicio al ciudadano. El acto de presentación, celebrado en el Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, ha contado con la presencia del presidente Salvador Illa y del presidente del Parlament, Josep Rull.

Entre las medidas destacadas figuran la creación de una dirección pública profesional, una futura ley de empleo público, la simplificación de trámites, la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión administrativa y una mejora sustancial de la atención ciudadana.

Illa ha subrayado que Cataluña necesita «instituciones que funcionen» en un momento en que «la antipolítica gana terreno», y ha defendido que la reforma será «un proceso constante y continuo». «Nada termina, porque el mundo sigue evolucionando», ha señalado.

El comité, formado por 68 expertos, ha trabajado durante un año y algunas de sus recomendaciones ya se están aplicando. El Govern ha empezado a desplegar un nuevo modelo de atención ciudadana con diez Oficinas de Atención Ciudadana, una por cada veguería, que ofrecerán servicios integrales para reducir desplazamientos y tiempos de espera. Todas deberían estar operativas en 2027. Además, en 2026 se pondrán en marcha cinco oficinas móviles para llegar a municipios pequeños, y desde enero el teléfono 012 ampliará su horario de atención a fines de semana.

Simplificación de 170 trámites antes de 2026

Otro eje clave de la reforma es la agilización de los procedimientos administrativos. Hasta junio de 2026 se prevé rediseñar más de 170 trámites para reducir plazos y burocracia. En una primera fase ya se están revisando 31 procedimientos prioritarios, como los títulos de familia numerosa o las ayudas para la compra de vehículos eléctricos. El Govern también apuesta por la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión diaria, con el objetivo de rediseñar 120 procesos en cuatro años, bajo la coordinación de una nueva Dirección General de IA.

El informe propone crear una dirección pública profesional, que sustituya el actual sistema de designación política de altos cargos por uno basado en el mérito y la capacidad. El Govern prevé aprobar el anteproyecto de ley en marzo. En paralelo, se impulsará una ley de empleo público para modernizar los procesos selectivos, con pruebas más competenciales y menos memorísticas, y una reducción de hasta el 60% en la duración de oposiciones y concursos.

Entre las medidas más destacadas para la ciudadanía figura la eliminación de la cita previa obligatoria y el reconocimiento del derecho al error, tanto para los ciudadanos, como para los empleados públicos. La proposición de ley que lo regula ya se tramita en el Parlament y busca establecer una relación «basada en la confianza mutua» entre la administración y la sociedad.

Con la entrega del informe, el Govern ha activado la Comisión Interdepartamental para la Implementación de las Medidas de Transformación de la Administración (CIMTA), presidida por la secretaria general de la Presidencia, Eva Giménez, que deberá elaborar en cuatro meses un plan de aplicación. También se ha creado el Consejo Asesor para la Reforma de los Servicios Públicos (CARE), presidido por Carles Ramió, que hará seguimiento de las medidas y evaluará su impacto.

Llamamiento al consenso político

El presidente del Parlament, Josep Rull, insistió en la necesidad de «consolidar el prestigio institucional» en un momento de «desafección y riesgo de antipolítica», y pidió «grandes consensos» para que las reformas sean «estructurales y duraderas».

En la misma línea, el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, defendió que la modernización administrativa es una «prioridad política» y llamó a los grupos parlamentarios a actuar con «mirada larga, generosidad y valentía».

El acto ha contado también con el respaldo del ámbito económico y empresarial, con la presencia de representantes del Colegio de Economistas de Cataluña, Pimec, Cecot y UGT, entre otros, que han coincidido en calificar la simplificación administrativa como una reivindicación histórica del tejido productivo catalán.