Rafael Arenas: «El 'procés' no ha acabado, lo que empezó en Cataluña se ha extendido al resto de España»

Con 16 años de experiencia a sus espaldas, la asociación Impulso Ciudadano es uno de los nombres clave del constitucionalismo catalán: la entidad liderada desde su fundación por José Domingo ha venido defendiendo en las calles y en los tribunales los derechos de todos los catalanes en materia de derechos lingüísticos, neutralidad institucional y símbolos nacionales.

Hace unas semanas, domingo pasó a presidir el patronato de la nueva Fundación Impulso y Cooperación, de ámbito nacional, y pasó el testigo al frente de Impulso Ciudadano al catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Arenas, que ahora atiende a El Debate para reflexionar sobre la marcha de Cataluña y España.

–¿La Fundación Impulso y Cooperación es el salto de la actividad al resto de España?

–No, hemos dado el paso de constituir la fundación porque esta fórmula nos ofrece ventajas fiscales, mayor visibilidad y la capacidad de tener una estructura más potente. En realidad, el salto a España ya lo dimos hace años. Es cierto que Impulso Ciudadano nació en Cataluña, pero tenemos socios de todo el país, y nos preocupamos por la situación en todo el territorio. Además, los problemas que empezaron en Cataluña se han extendido al conjunto de España.

–Es la tesis de Alejandro Fernández y Cayetana Álvarez de Toledo, ¿verdad? Que del procés catalán se ha pasado al proceso español.

–Sí. A nosotros nos preocupa el deterioro del Estado de derecho no solo en Cataluña, sino en toda España y el riesgo que supone para Europa, porque cuando se degrada el Estado de derecho en una comunidad política, no tiene freno, es como las epidemias. Y, efectivamente, desde nuestra perspectiva el procés no ha acabado: el problema es definir qué es el proceso.

–¿Qué es el proceso?

–Yo he preguntado muchas veces a gente de toda España cuál creen que es el problema de Cataluña. Y me dicen «los independentistas» o «los socialistas», pero yo creo que no: el problema en Cataluña es que hay una administración y unos poderes públicos que hace tiempo que actúan al margen de la ley y vulnerando los derechos de los ciudadanos.

Que haya más o menos independentistas es secundario: somos un país libre, y cada uno puede pensar lo que quiera. Si las autoridades independentistas se comprometieran a que las administraciones cumpliesen con la ley, no habría problemas.

–Desde que accedió al poder, Salvador Illa ha querido erigirse como el adalid de la ‘pacificación’ y la ‘normalización’ de Cataluña.

–Esta situación que describo se mantiene exactamente igual, o peor, con Salvador Illa. Mira, por ejemplo, en derechos lingüísticos estamos igual que antes. Hay decenas de sentencias –y esto lo lleva la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)– que declaran que hay derecho a recibir una educación en catalán y en castellano, pero cuando se pide a la Generalitat que conceda esa educación a una familia, la niega, para que tengas que ir a los tribunales.

–¿Y fuera del ámbito de la escuela?

–Nos encontramos con que las presiones sobre los comercios, las multas lingüísticas o las exigencias lingüísticas para los trabajos más diversos siguen exactamente igual. O que muchos ayuntamientos –incluso gobernados por el Partido Socialista– no tienen la bandera de España.

–Los hay que dicen que las banderas son «trapos», que no hay que darle tanta importancia.

–A quien diga eso, míralo con desconfianza, porque no es verdad. La especie humana es simbólica, y los símbolos identifican valores. Los nacionalistas son los primeros plenamente conscientes de ello: si no, ¿por qué quitar la bandera española de los ayuntamientos? O ¿por qué esa campaña desde 2012 de colocar esteladas en todas las rotondas? Porque a través del símbolo haces visible lo que hay detrás.

El hecho de que desaparezca la bandera española –y en eso Illa es un campeón– indica que la comunidad política de referencia es Cataluña, y que la pertenencia a España es accidental, puede darse o no. Por eso durante la época del procés había muchas personas a favor de ir a votar, aunque fuera para votar que no a la independencia. La normalización de símbolos vinculados al independentismo o la ruptura con España va calando en la población.

–Otro tema que abordan en Impulso Ciudadano es el discurso del odio: ud. mismo compareció en la subcomisión del Congreso sobre el tema explicando la situación en Cataluña. ¿Qué le parece el anuncio de Illa de monitorear los discursos de odio en internet?

–Bueno… (ríe). Es que estamos siempre con lo mismo. Hace unos años, cuando en la época de Quim Torra se intentó lanzar una campaña para estigmatizar a los que retiraban lazos amarillos, creamos un observatorio de violencia política… e identificamos que en Cataluña esta se da fundamentalmente de los nacionalistas contra los que se oponen al nacionalismo.

Conseguimos cerrar el chiringuito que había abierto la Generalitat, porque oponíamos rigor a propaganda. Y por eso cuando desde el gobierno de la Generalitat se habla de monitorizar el discurso del odio me da la risa, porque los primeros que lo sufrimos somos nosotros. Es como poner a un ladrón a monitorizar que no se cometan robos, no tienen ninguna credibilidad.

–Una diferencia entre los años del procés como tal y hoy en día es la irrupción de Aliança Catalana. ¿Qué opina de Sílvia Orriols?

–Primero, que habla con mucha convicción y con un proyecto político, y eso en una España en la que muchos políticos solo quieren llegar al poder y gestionar, sorprende. Segundo, hasta donde yo sé, el proyecto político de Sílvia Orriols es el proyecto nacionalista: es decir, igual de supremacista, igual de excluyente e igual de contrario a los valores democráticos. Es el mismo, pero sin los miramientos que en su día tuvieron Convergencia o ERC: sus planteamientos políticos son aquello contra lo que nosotros luchamos desde hace más de una década.