El independentismo no dejará caer a Sánchez: ni Junts ni ERC prevén cambiar de bando pese a los escándalos

La política y el mundo institucional catalán en general hace tiempo que se sienten felices repitiendo una y otra vez que la crispación ha abandonado Cataluña y se ha ido a Madrid. Desde las tribunas más cercanas al poder insisten en que la capital de España se ha procesizado, en referencia al procés que asoló la sociedad y la economía catalana desde 2014 en adelante.

El poder establecido señala al PSOE y al PP como responsables del empozoñamiento de la política española y se sienten ajenos a la situación política que vive nuestro país, a pesar de que tanto el hecho de que Sánchez sea presidente como todo lo que suceda a partir de ahí se debe al apoyo que el independentismo le brinda.

El independentismo actúa con superioridad moral y se presentan como víctimas de la situación y de la forma de proceder. Es más, se señala al PP como responsable de la crispación y de la polarización que vive España.

Los últimos días la idea que se ha repetido de forma machacona desde las tribunas públicas y medios de comunicación catalanes es que la condena al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es la muestra más fehaciente de lawfare que ha habido hasta ahora.

Desde estos ambientes se usa la condena –que se considera política casi de forma unánime– para recordar que el independentismo es también inocente, como el exfiscal, y que ellos también han sido víctimas de la persecución política -judicial.

Todo ello sucede en la semana en la que ha seguido el juicio a la familia Pujol por evasión de divisas a Andorra. La coincidencia ha sido una feliz casualidad para el independentismo y el socialismo catalán, para continuar con la campaña de exculpación de Jordi Pujol sin necesidad que medie juicio alguno.

Quita de deuda

El Gobierno se esfuerza para intentar contener al independentismo y mantenerlo a su lado. Por ese motivo, el Consejo de Ministros de esta semana aprobó remitir al Congreso la quita de la deuda autonómica que deberá ser debatida y aprobada tras las vacaciones parlamentarias del mes de enero.

Desde Moncloa se espera que Junts acabe votando a favor de la quita y que el debate incomode a las autonomías del PP, algunas de ellas en precampaña electoral. Mientras, desde Cataluña los entes, instituciones como la patronal o los colegios profesionales apoyan la posición del Gobierno y sus socios independentistas, reclamando mejoras en la financiación y la aprobación de presupuestos.

ERC no parece pagar precio alguno por su apoyo a un gobierno manchado por la corrupción, dado que el hundimiento electoral de los Comunes-Sumar parece que les permite mantener sus posiciones.

Junts, por su parte, no tiene aliciente alguno para ir a una convocatoria electoral anticipada, dado que Aliança Catalana podría pegarle un bocado más que considerable a su electorado, en caso de que finalmente los de Sílvia Orriols decidieran concurrir a las elecciones generales.

La estrategia independentista pasa por mantener a Sánchez como mal menor, aprovechar su debilidad extrema para conseguir de él las máximas concesiones y intentar crecer a base de blandir a los cuatro vientos el presunto riesgo de que el PP y Vox accedan al poder.

En realidad, el independentismo usará el tiempo que le quede a Sánchez en la Moncloa para prepararse para la llegada de la derecha al poder. Para ellos es una situación deseada, porque con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa es más fácil volver a incendiar las calles y reintentar un nuevo impulso del procés.