El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, en una imagen de archivo
Política
El PP llevará al Constitucional la nueva ley catalana del alquiler de temporada: «Ataca la propiedad privada»
Juan Fernández considera que la aprobación de la ley evidencia que en Cataluña gobierna un «tripartito encubierto»
El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña, Juan Fernández, ha anunciado este jueves que su partido llevará al Tribunal Constitucional (TC) la nueva ley catalana que regula el alquiler de temporada y de habitaciones, aprobada este jueves en el hemiciclo, en sesión plenaria, con los votos a favor del bloque de izquierdas –PSC, ERC, los Comunes y la CUP– y el «no» rotundo del resto: Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC).
La nueva ley establece que cualquier alquiler «destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda» sea considerado «permanente», con independencia de la duración del contrato, lo que hace que estas rentas queden sujetas a la regulación de precios si están en zonas tensionadas. Así, solo serán alquileres de temporada los que se acredite que se destinan a uso recreativo y turístico.
Para el PP, la nueva ley supone un «ataque a la propiedad privada y al derecho a la propiedad», motivo por el cual la elevarán al TC. Según Fernández, la votación de esta ley deja en evidencia que en Cataluña gobierna un «tripartito encubierto», y ha asegurado que «el PP estará enfrente para luchar y defender la propiedad privada y el derecho a la vivienda», pero que lo hará «de una forma muy diferente», ha añadido Fernández.
Sindicat de Llogateres
Por su parte, el portavoz del lobby Sindicat de Llogateres, Txema Escorsa, ha celebrado la nueva norma –considera que es «un primer paso para acabar con la trampa del alquiler de temporada y de habitaciones»–, pero ha advertido que será necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos en el Congreso de los Diputados en febrero para «blindarla».
La ley también regula el alquiler de habitaciones, con precios limitados, de manera que la suma de las rentas pactadas para cada habitación no sobrepase el precio del alquiler del piso. También crea el registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento de vivienda, y se declara a los inspectores agentes de la autoridad y se regulan sus funciones.
El texto, además, concreta la destinación de las fianzas que tenga en depósito el Instituto Catalán del Suelo para incrementar los recursos públicos para la construcción de vivienda protegida y amplía los ámbitos en que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto".
