Cataluña aprueba la ley que regula el alquiler de temporada para frenar la escalada de precios

El Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves una ley pionera para regular el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones, con el objetivo de evitar que esta modalidad se utilice para esquivar el límite de precios del alquiler habitual en zonas tensionadas. La norma ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC, los Comunes y la CUP, mientras que Junts ha apoyado algunos artículos, pero ha votado en contra del núcleo central de la ley. PP y Vox han rechazado el texto.

La cámara ha dado luz verde a la ley tras el aval casi íntegro del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que confirmó la constitucionalidad del proyecto, aunque cuestionó la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas. El texto definitivo incorpora varias enmiendas para impedir que estas viviendas caduquen y garantizar su función social.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha defendido el proyecto durante el debate final, que ha llegado al pleno con enmiendas de Junts, PP y Vox, así como con enmiendas conjuntas del PSC-Units, ERC y Comuns al dictamen del CGE, solicitado por Junts y el PP.

La nueva ley, tramitada como proyecto de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, introduce cambios en diversas normativas, entre ellas la Ley del derecho a la vivienda, el texto refundido de la Ley de Urbanismo y la ley de mejora urbana, ambiental y social de barrios y villas. También modifica decretos ley relacionados con la movilización de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y con medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.

Entre las principales novedades, el texto establece que en los municipios con una demanda residencial fuerte y acreditada, el uso predominante de las viviendas debe ser el de residencia habitual y permanente. En este marco, el alquiler de temporada queda supeditado a un plan especial que justifique su interés público y social, la idoneidad de la localización y las condiciones de acceso y temporalidad.

La ley también regula por primera vez el alquiler de habitaciones, fijando precios limitados y estableciendo que la suma de las rentas pactadas por cada habitación no pueda superar el precio máximo del alquiler del piso completo.

Además, se crea un registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y una comisión de supervisión de los contratos de arrendamiento de vivienda. El texto refuerza asimismo la capacidad inspectora de la administración, al declarar a los inspectores agentes de la autoridad y regular sus funciones.

Además, la norma concreta el destino de las fianzas depositadas en el Instituto Catalán del Suelo para incrementar los recursos públicos destinados a la construcción de vivienda protegida y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto.

Con esta aprobación, el Govern y los grupos que han respaldado la ley subrayan su voluntad de reforzar la regulación del mercado del alquiler y garantizar el acceso a una vivienda asequible, especialmente en las zonas más tensionadas del territorio catalán.

Un debate polarizado con el derecho a la vivienda en el centro

PSC, ERC, Comunes y CUP han coincidido en calificar la aprobación como un «gran paso» y una «gran noticia» para la defensa del derecho a la vivienda. La diputada del PSC Eva Candela ha celebrado el «pacto progresista» alcanzado en el Parlament y ha defendido que permite avanzar en «políticas que busquen la libertad y el bienestar reales», al tiempo que ha reprochado a otros grupos que presenten los acuerdos de izquierdas como sinónimo de caos e inseguridad.

Desde ERC, Ester Capella ha reivindicado la capacidad del Parlament para legislar en el marco de sus competencias y «ejercer soberanía», negando que la ley suponga una invasión competencial. Según Capella, la norma «rompe el barraquismo vertical» y representa un paso más en la garantía de derechos.

Comunes y CUP han respaldado la ley, pero han reclamado ir más allá. La diputada de los Comunes Susana Segovia ha advertido de que sin inspecciones ni sanciones la regulación puede quedar en papel mojado, y ha pedido más voluntad política para combatir el fraude. Por su parte, Laure Vega (CUP) ha celebrado la aprobación, aunque ha subrayado que se está regulando para evitar prácticas que esquivaban una normativa ya existente, y ha cargado contra la derecha por oponerse a la regulación de precios. Ambas formaciones han reclamado seguir avanzando, prohibir la compra especulativa y bajar el precio del alquiler.

Junts ha mantenido una posición intermedia: ha apoyado algunos artículos y el grueso del dictamen de la Comisión, especialmente los relacionados con la agilización administrativa, pero ha rechazado el núcleo central de la ley. La formación se ha opuesto a la regulación del alquiler de temporada, al registro de grandes tenedores y a las enmiendas para blindar la prórroga de las viviendas de protección oficial en zonas tensionadas. La diputada Glòria Freixa ha advertido de que la contención de rentas es «contraproducente» y ha acusado a la mayoría de «asustar» al mercado del alquiler.

PP, Vox y Aliança Catalana han coincidido en denunciar una invasión de competencias estatales y la inseguridad jurídica de la norma. El PPC, en boca de Àngels Esteller, ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley y ha acusado al Govern de asumir «los dogmas de la izquierda radical». Vox y Aliança Catalana han expresado argumentos similares, y han alertado de que la regulación desincentivará el mercado del alquiler y criminaliza a los propietarios.