Pedro Sánchez y Salvador Illa, en una imagen de archivo
Illa copia el modus operandi de Sánchez legislando a golpe de decreto: triplican a las leyes aprobadas en 2025
La Generalitat esquiva el Parlament recurriendo de forma masiva a los decretos-ley, una práctica excepcional que se ha convertido en habitual en Cataluña, al igual que hace el Gobierno central
La Generalitat de Cataluña, liderada por Salvador Illa, ha multiplicado por tres el uso de decretos-ley en 2025 frente a las leyes aprobadas por vía ordinaria en el Parlament, imitando el modus operandi del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta estrategia permite al Ejecutivo catalán legislar sin necesidad de mayorías parlamentarias estables, saltándose el debate legislativo habitual. La medida responde a la falta de apoyos suficientes para el trámite ordinario, según datos publicados por La Razón.
Cifras reveladoras en Cataluña
En 2025, la Generalitat ha aprobado un volumen de decretos-ley que triplica las leyes tramitadas por el Parlament, convirtiendo una figura prevista para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» en rutina. Esta práctica, excepcional según la Constitución, evita el control parlamentario y acelera la imposición de medidas. Fuentes como La Razón destacan cómo Illa esquiva así las deliberaciones democráticas esenciales.
El modelo catalán reproduce el patrón nacional: el Gobierno de Sánchez aspira a 140 reales decretos en 2025, frente a solo 41 leyes y 16 orgánicas, según su Plan Normativo. En el conjunto de la legislatura, Sánchez acumula cerca de 160 reales decretos-ley frente a 164 leyes ordinarias, un equilibrio precario que menoscaba el rol de las Cortes.
Precedentes en Moncloa
Pedro Sánchez ha normalizado los decretos desde 2018, superando los 138 en menos de cinco años y batiendo récords históricos. En 2025, el Congreso convalidó 14 reales decretos-ley y solo 13 leyes, sumando 27 iniciativas frente a las 25 de 2024. Esta vía rápida, criticada por entidades como Hay Derecho por su «abuso», incluye normas ómnibus heterogéneas que diluyen la urgencia constitucional.
En Cataluña, el eco es idéntico: la ausencia de mayorías fuerza a Illa a decretar, debilitando la separación de poderes y el debate en el Parlament. Esta tendencia nacional alerta sobre el riesgo para el Estado de Derecho, priorizando la inmediatez ejecutiva sobre la deliberación representativa.
