El Parlament investigará el bloqueo electoral y la presunta corrupción en la Federación Catalana de Fútbol

El próximo martes 20 de enero se ha convocado la Comisión de Deportes del Parlament de Cataluña. En la orden del día se ha pedido la comparecencia de Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte; Oriol Camacho, secretario general de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), y una representación de la Oficina Antifraude de Cataluña.

También están citados Joan Soteras, presidente de la FCF; José Miguel Calle, director general de la FCF, y Sergi Garrido, vicesecretario de la FCF. El presidente de esta comisión es Lluís Mijoler, miembro de los Comunes y antiguo alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Además de Mijoler forman parte de la comisión Manuel Reyes y Pau Ferran (PP), Mònica Ríos y José Ignacio Aparicio (PSC), Montse Ortiz (Junts), Marta Vilalta (ERC), Alberto Tarradas (VOX) y Laura Fernández (CUP). Esta comisión quiere informarse sobre las elecciones a la FCF, sobre la actuación del Tribunal Catalán del Deporte, y la situación actual de la FCF. Ahora bien, el tema principal que debería abordarse en esta comisión es la negativa, por parte de Soteras, de convocar una Asamblea Extraordinaria y convocar elecciones.

Que una federación deportiva niegue de facto la voz a los clubes que la mantienen viva es, cuando menos, un síntoma inquietante. El pasado 19 de noviembre, 442 clubes federados solicitaron la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria en la FCF, porque no aguantan más la presunta corrupción instalada en ella. La justicia investiga la existencia de una presunta trama de votos, con falsificaciones incluidas, y quieren unas nuevas elecciones limpias.

Pese que esa petición tenía el apoyo de una mayoría mucho más holgada que la exigida –el 35% del censo, cuando solo se necesita el 15%–, la Comisión Ejecutiva federativa dictó acuerdos que acabaron invalidando masivamente adhesiones y retrasando la convocatoria, que todavía está pendiente de fecha.

La propia FCF, según la resolución que hizo pública, rechazó numerosas firmas. De 442 adhesiones invalidó 256 y reconoció únicamente 186 como válidas. Sin embargo, esas 186 representan el 15% exigido por la normativa aplicable, de modo que la obligación de convocar la asamblea estaba cumplida. Esa contradicción, validar la cifra necesaria y, aun así, negarse a convocar, no es un tecnicismo. Es la negación al ejercicio efectivo de la soberanía asamblearia y la expulsión de la Federación de cualquier atisbo de democracia interna.

Voto de censura

Soteras ha manifestado públicamente que la entrega de esas 442 firmas era un voto de censura. Y no se equivoca. Con el fin de poder solicitar un voto de censura contra el presidente de una federación deportiva catalana, o contra la totalidad de la junta directiva o contra cualquiera de sus miembros, es necesario solicitarlo a través de un escrito motivado, con la firma y los requisitos necesarios para la identificación de los solicitantes, por la mayoría de los miembros de la propia junta directiva o bien, como mínimo, por el 15% de los miembros de la asamblea general.

Soteras ha declarado públicamente que existía ese 15%. También lo ha dicho el consejero de Deportes, Berni Álvarez. Con lo cual, se llame de una manera o de otra, lo fundamental es que existe ese 15% y, por lo tanto, debe convocarse la Asamblea General.

Consejo Catalán del Deporte

De no hacerlo ellos o la Generalitat, se estará incurriendo en un delito. Y hablando de la Generalitat, también debe aclarar la comisión un hecho importante que es un secreto a voces. El pasado martes 13 de enero el gobierno de la Generalitat ha eliminado el Consejo Catalán del Deporte (CCE), dejando solo la Consejería, para evitar duplicidades. Carmen Bastida será nombrada directora de administración. El tema clave es el actual secretario general, Abel García, el cual está aguantando en el cargo a Soteras. Este hecho grave debe ser aclarado por la comisión.

La Junta no puede arrogarse la potestad de vetar el debate. La competencia para convocar elecciones, aprobar reglamentos y, en definitiva, decidir sobre la continuidad de quienes gobiernan corresponde a la Asamblea General, órgano supremo de la federación. El ordenamiento prevé incluso la posibilidad de la separación del cargo por decisión asamblearia.

No se trata de invenciones procesales, sino de normas claras de derecho deportivo y asociativo. ¿Es lícito negar el debate a clubs y deportistas que pagan religiosamente sus cuotas? Para ellos sí. Con lo cual, esta manera de actuar demostraría que la actual junta de la FCF actúa de forma dictatorial.

Al impedir la celebración de la Asamblea, se vulneran derechos constitucionales básicos. ¿Cuáles? El de reunión, artículo 21 CE, y el de asociación, artículo 22 CE), en su manifestación de participación en los órganos de gobierno de las asociaciones. Además, la vía administrativa ofrece remedios inmediatos. El CCE puede requerir a la FCF o convocar subsidiariamente si la federación no cumple, aunque la administración no se caracteriza por su agilidad y, este caso, no es una excepción.

La política del zarpazo institucional, anular adhesiones, exigir trámites no previstos, decidir a puerta cerrada, erosiona la confianza. La Comisión de Deportes del Parlamento debatirá el asunto y no lo podemos considerar una anécdota. Es la última oportunidad para restaurar la legalidad y devolver a los clubes su palabra. Si la democracia asociativa tiene sentido, se empieza por respetar el derecho de los asociados a convocar, debatir y decidir.

Por tanto, si estamos de acuerdo en que el 15% está demostrado que ha sido entregado y eso implica, sin ninguna duda, la obligatoriedad de convocar una Asamblea; si el consejero ha reconocido en sede parlamentaria que la Asamblea se tiene que convocar, y la Federación ha superado el plazo de 15 días y no la ha convocado, se producen dos consecuencias. La primera es que la Generalitat tiene que convocarla subsidiariamente; y la segunda que Soteras y la Junta Directiva han cometido una falta muy grave y se debe pedir su inhabilitación inmediata.