Illa se prepara para dar nuevas concesiones a ERC y los Comunes a cambio del «sí» a los Presupuestos

El gobierno de la Generalitat quiere abrir cuanto antes las negociaciones con sus socios habituales, ERC y Comunes, para aprobar los presupuestos de 2026 lo antes posible. ¿Cuándo? Teniendo en cuenta las exigencias de unos y de otros es difícil saberlo. Por este motivo, el presidente de la Generalitat habla de «semanas o meses». Pero los socialistas quieren poner toda la carne en el asador, teniendo en cuenta que Salvador Illa sigue gobernando con los presupuestos que consiguió aprobar el gobierno de Pere Aragonès (ERC), los de 2023.

Desde luego, los socialistas ya han dado un paso importante: el modelo de financiación autonómica pactado entre ERC y el Gobierno, que era una de las condiciones que ponían los republicanos para empezar a negociar cualquier cosa. De este modo, este acuerdo despeja uno de los principales escollos que hasta ahora condicionaban su disposición a sentarse con el Govern. Sin embargo, los contactos iniciales aún no aseguran que las negociaciones sean rápidas ni fáciles, ya que ERC seguirá evaluando otras prioridades, como la gestión del IRPF en Cataluña, la vivienda y los servicios públicos.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha insistido en que su partido no hablará de presupuestos si antes no hay un acuerdo sobre esa recaudación del IRPF, para que todo ese impuesto lo pueda gestionar la Generalitat. Solo entonces, ha dicho, «estaremos en disposición de iniciar la negociación», aunque ha advertido que no es suficiente «decir que se quieren crear las condiciones para un entendimiento, hay que demostrarlo».

La prioridad de los Comunes: sanciones y vivienda accesible

Por su parte, los Comunes mantienen su posición firme: antes de negociar, quieren que se apliquen las sanciones contempladas en la ley de vivienda a los propietarios que se saltan los topes de alquiler o incumplen la normativa de publicación de anuncios. Actualmente, hay 65 expedientes en tramitación, de los cuales 35 corresponden a publicidad irregular y 30 al exceso de precios en zonas tensionadas. La formación ha recordado que resolver estas cuestiones es un requisito previo para sentarse a debatir los presupuestos.

Además, reclaman limitar la compra especulativa de vivienda y duplicar la dotación de la ley de barrios, con el objetivo de recuperar cada año 40 zonas degradadas en Cataluña, frente a las 20 actuales. Estas medidas supondrían un aumento del gasto anual hasta los 400 millones de euros.

Mientras tanto, la consejera de Economía, Alícia Romero, ha acelerado los trámites internos para preparar las cuentas. Ha enviado la ley de acompañamiento al Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) para obtener el dictamen preceptivo antes de su tramitación parlamentaria. Este documento propone la supresión de 19 impuestos para reducir la burocracia y simplificar la gestión, especialmente en el sector agroalimentario.

El presupuesto de la Generalitat podría alcanzar los 65.000 millones de euros en 2026, y su no aprobación implicaría la pérdida de aproximadamente 2.000 millones. Entre las medidas incluidas, se contempla la desaparición de entidades duplicadas dentro del sector público, como el Consejo Catalán del Deporte, cuyas funciones serán asumidas por la consejería correspondiente.

Aunque el acuerdo de financiación con ERC puede allanar el camino, nada garantiza que la negociación presupuestaria se cierre sin fricciones. ERC y Comunes buscan maximizar sus logros y no revelar todas sus cartas, lo que obligará al Govern a equilibrar las demandas de vivienda, barrios, educación y servicios públicos con la viabilidad económica de las cuentas.