El presidente de Junts, Carles Puigdemont, desde Perpiñán
Análisis
Puigdemont intenta desgastar a Illa con la crisis ferroviaria pero mantiene el 'teléfono rojo' con Sánchez
La política catalana es más un arte de espejos y de encuentros a media luz, entre bambalinas, que una confrontación de ideas y proyectos
El momento político en Cataluña es confuso. Mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sigue hospitalizado, Junts ataca y negocia con el PSOE simultáneamente. Por un lado, los de Carles Puigdemont exigen dimisiones tanto en el Parlament como en el Senado a cuenta del colapso de los trenes en Cataluña y en toda España... pero por el otro negocian cómo llevar a votación el decreto ómnibus que contribuyeron a tumbar esta semana en el Congreso.
En el pleno del parlamento autonómico, celebrado a lo largo de esta semana, el grupo de Junts exigió la dimisión de Silvia Paneque, consejera autonómica de Territorio. Al día siguiente el portavoz de la formación neoconvergente en el senado, Eduard Pujol, exigía a Oscar Puente que haga las maletas y abandone el ministerio de Transportes.
Sin embargo, la política catalana es más un arte de espejos y de encuentros a media luz, entre bambalinas, que una confrontación de ideas y proyectos. A la vez que Junts ataca al PSC y al PSOE, no cierra la puerta a negociar el traspaso definitivo a Cataluña de las competencias en inmigración.
La regularización de 500.000 inmigrantes en situación irregular, pactada entre el PSOE y Podemos, ha hecho que los morados dejen –de repente– de tachar de racistas a los de Puigdemont y se abran a negociar la transferencia de esta competencia a Cataluña, a lo que hasta ahora se habían negado, bloqueando cualquier posibilidad de que la transferencia pactada entre Junts y el PSOE se materializara.
Una semana incómoda
La semana no está siendo feliz para Junts. El voto contra el decreto ómnibus, junto al PP y Vox, incomoda a la dirigencia del partido de Puigdemont, porque permite a ERC situar a Junts en la derecha. Para más inri, el Sindicat de Llogateres («sindicato de arrendatarias»), una organización populista de extrema izquierda, convocó manifestaciones a las puertas de la sede de Junts y los acusó de trabajar «al dictado de los lobbys» por no apoyar el mantenimiento de las medidas sobre el alquiler que protegen a okupas e impagos.
Concentración frente a la sede de Junts, el miércoles
A pesar de que Junts anunció la ruptura de toda relación con el Gobierno, no todos los puentes se dinamitaron y las conversaciones sobre qué puede incluir y qué no un decreto a aprobar durante el mes de febrero para salvar las pensiones y otras medidas sociales están en marcha.
Teléfono rojo
El cierre de un acuerdo sobre la transferencia a Cataluña de las competencias en materia de inmigración permitiría a Junts competir en el espacio electoral de Aliança Catalana y cerrar un acuerdo sobre la votación del decreto ómnibus, aunque fuera rebajado, con lo que la incómoda foto al lado de los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal quedaría, cuanto menos, matizada.
En Junts no comparten el optimismo monclovita sobre la posibilidad de resucitar la mayoría de la investidura e iniciar un proceso de negociación a varias bandas que lleve a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Dado que ERC no piensa ni empezar a negociar los presupuestos de la Generalitat hasta que no se materialice la transferencia de la recaudación del IRPF, es inviable que Junts dé su brazo a torcer en Madrid.
El mantenimiento de un teléfono rojo entre Waterloo y la Carretera de la Coruña es de interés mutuo para Puigdemont y Sánchez. El primero quiere saber de primera mano cómo avanza su amnistía y cuando podrá volver a Gerona; el segundo está dispuesto a lo que haga falta para permanecer en La Moncloa.
