La huelga de profesores suma otro foco de presión al Gobierno de Illa tras semanas de caos ferroviario

Los docentes catalanes pararán este miércoles en todos los niveles educativos para reclamar mejoras laborales y más recursos, con manifestaciones en las principales ciudades y acciones de protesta que se suman a la crisis ferroviaria de Rodalies que ya erosiona al Gobierno de Salvador Illa.

El profesorado de Cataluña, desde infantil hasta bachillerato y FP, tanto de la red pública como de buena parte de la concertada, está llamado a una huelga general este miércoles 11 de febrero para exigir mejoras salariales, reducción de ratios, más recursos y menos burocracia, en una jornada que incluirá manifestaciones en Barcelona, Gerona, Léida, Tarragona y otras ciudades, así como diferentes acciones reivindicativas anunciadas por los convocantes. La protesta se produce en plena crisis de Rodalies, tras el accidente mortal de Gelida y semanas de incidencias y retrasos, y añade un nuevo foco de presión sobre el Gobierno de Salvador Illa por la degradación de servicios públicos esenciales.

Reclamaciones: salarios, ratios y fin de la burocracia

Los sindicatos educativos denuncian que el profesorado catalán ha perdido más de un 20 % de poder adquisitivo desde los recortes de la anterior crisis y reclaman una mejora salarial que permita recuperar ese terreno perdido. Piden también la reversión completa de los recortes, incluida la recuperación de horas lectivas y complementos específicos que, según las organizaciones, mantienen al sistema en una situación de precariedad estructural.

Otra de las grandes exigencias es la reducción de ratios por aula para poder atender mejor al alumnado y garantizar una escuela inclusiva con recursos reales, no solo sobre el papel. Los sindicatos critican además la creciente carga burocrática que soportan los centros, con tareas administrativas que, aseguran, restan tiempo a la docencia y a la atención directa a los alumnos.

Reclaman igualmente estabilidad de plantillas, más personal de apoyo y una planificación educativa menos improvisada, tras años de cambios de calendario, currículos y criterios de evaluación que los docentes consideran poco consensuados y mal implantados. En conjunto, las organizaciones describen la situación como un «ciclo de recortes y sobrecarga» que ha ido deteriorando la calidad de la enseñanza en Cataluña.

La huelga está convocada por las principales organizaciones del sector educativo, entre ellas USTEC·STEs, CCOO, UGT y otras centrales con presencia en infantil, primaria, secundaria y formación profesional, que han decidido coordinar un «ciclo de movilizaciones» si la Generalitat no presenta cambios de calado. Estos sindicatos ya han anunciado, además, una semana de huelga conjunta del 16 al 20 de marzo, lo que anticipa un conflicto prolongado si no hay acuerdo.

La Generalitat ha fijado unos servicios mínimos que, según los docentes, dificultan el ejercicio efectivo del derecho de huelga. En educación infantil, primaria y secundaria se establece un docente por cada tres aulas, mientras que en educación especial los servicios mínimos alcanzan el 50 % del personal. En guarderías se fija también alrededor de un 33 % de la plantilla, y en servicios como comedor o actividades extraescolares se marca un mínimo del 50 %, lo que permitirá abrir muchos centros, pero con funcionamiento muy limitado.

Manifestaciones y acciones previstas este miércoles

Las principales manifestaciones del 11F serán al mediodía y por la mañana en las capitales catalanas, con recorridos ya anunciados por los sindicatos. En Barcelona, la marcha central saldrá de la zona de Jardinets de Gràcia y se dirigirá hacia la sede del Departament d’Educació en la Via Augusta, con previsión de una importante participación de profesorado de toda el área metropolitana.

En Gerona la movilización se ha convocado en el centro de la ciudad, mientras que en Lérida se han anunciado concentraciones en puntos como la plaza Ricard Vinyes, y en Tarragona y otras capitales de demarcación también habrá marchas y actos de protesta frente a edificios administrativos. Además de las manifestaciones, las organizaciones prevén encierros en centros educativos, asambleas abiertas y piquetes informativos a primera hora de la mañana en distintos puntos del territorio.

En cuanto a la movilidad, algunos medios locales recogen que los convocantes han anunciado posibles cortes puntuales de carreteras y acciones en vías de acceso a las ciudades, aunque estos dispositivos pueden variar y dependerán del seguimiento y de las decisiones que se tomen sobre el terreno durante la jornada. Las autoridades, por su parte, han llamado a seguir la información actualizada sobre tráfico y transporte público ante la coincidencia de la huelga educativa con un contexto ya tensionado por las incidencias ferroviarias.

Un conflicto que se suma al desgaste por Rodalies

La huelga educativa del 11 de febrero llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno de Salvador Illa, que encara febrero con protestas de médicos, maquinistas y ahora profesores, en plena crisis de Rodalies. El accidente mortal de un tren en Gelida, que dejó un maquinista en formación fallecido y provocó un auténtico colapso del servicio, ha multiplicado las críticas por la gestión del sistema ferroviario y ha puesto en el centro del debate la calidad de los servicios básicos en Cataluña.

Plataformas de usuarios, oposición política y distintos colectivos sociales cuestionan la capacidad del Ejecutivo para garantizar un transporte fiable y una educación de calidad, mientras se encadenan incidencias, retrasos y jornadas de huelga en sectores clave. En este contexto, la protesta de los docentes no solo plantea reivindicaciones laborales, sino que se convierte también en un termómetro del malestar social con el funcionamiento de la escuela pública y con la gestión de la Generalitat.

Los sindicatos han advertido de que, si no hay propuestas concretas sobre salarios, ratios y recursos, el conflicto se alargará más allá de febrero, con la semana de huelga ya convocada en marzo y nuevas jornadas de protesta sobre la mesa. El Gobierno, por su parte, insiste en que quiere negociar pero defiende los servicios mínimos y la necesidad de compatibilizar el derecho de huelga con la atención al alumnado y a las familias, en un escenario político en el que cada nueva incidencia añade presión a un Ejecutivo bajo escrutinio.