El acusado de matar a su exnovia de 26 años en el barrio de El Clot de Barcelona en marzo de 2022 durante el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Barcelona

El acusado de matar a su exnovia de 26 años en el barrio de El Clot de Barcelona en marzo de 2022 durante el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de BarcelonaEUROPA PRESS

Cataluña

El gobierno catalán estudia pagar extra a los abogados que no usen el español en los juicios de oficio

Es una propuesta del Consejo de la Abogacía Catalana, que se pague 25 euros extras a los que hagan intervenciones orales en catalán

El uso del catalán en la justicia sigue siendo uno de los grandes retos pendientes para los nacionalistas. En este sentido, el Consejo de la Abogacía Catalana ha planteado ampliar el actual programa de fomento de la lengua en el Turno de Oficio para que también se incentiven las intervenciones orales de los abogados en las salas de vistas.

La propuesta, trasladada al Departamento de Justícia, al Departamento de Política Lingüística, al presidente del Parlament, Josep Rull, y a varios grupos parlamentarios, pretende extender a los juicios una política que desde hace años ya se aplica en el ámbito escrito. Actualmente, los abogados del Turno de Oficio reciben una compensación económica de 25 euros cuando presentan determinados escritos procesales en catalán, como demandas, recursos o contestaciones.

El objetivo del programa es reforzar la presencia de la lengua catalana en la Administración de justicia y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a utilizarla en sus relaciones con los tribunales, aseguran desde la entidad. Sin embargo, desde la abogacía catalana consideran que limitar los incentivos a los documentos escritos resulta insuficiente para normalizar su uso en el conjunto del procedimiento judicial.

Las vistas orales, que incluyen juicios, comparecencias y otras actuaciones ante el juez, constituyen una parte central del proceso. Por este motivo, el Consejo de la Abogacía Catalana defiende que también deberían formar parte de las medidas destinadas a promover el uso del catalán.

El presidente de la institución y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu, sostiene que el idioma que se utiliza al inicio de una vista suele marcar el desarrollo posterior del juicio. Según explica, cuando el primer abogado interviene en catalán, lo habitual es que toda la sesión continúe en esa lengua, mientras que si se empieza en castellano el resto de las intervenciones tienden a mantenerse en ese idioma.

A su juicio, incentivar el uso oral del catalán podría tener un efecto multiplicador dentro de los tribunales. Por ello considera necesario que los profesionales del Turno de Oficio reciban un complemento económico cuando utilicen esta lengua durante sus intervenciones ante el juez, de forma similar a lo que ya ocurre con los escritos procesales.

El actual programa de fomento lingüístico se reactivó en 2021 con la voluntad de impulsar el uso del catalán entre los profesionales del derecho, especialmente en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita. Desde entonces, los datos muestran una evolución al alza.

Durante 2025, los abogados del Turno de Oficio realizaron 17.666 actuaciones en catalán, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior. También ha aumentado el número de profesionales que participan voluntariamente en el programa. En total, 1.528 letrados se han inscrito en esta iniciativa, lo que equivale al 26,3% de los abogados que ejercen en el Turno de Oficio en Cataluña.

Para el Consejo de la Abogacía Catalana, estas cifras indican que los incentivos económicos han contribuido a aumentar progresivamente el uso del catalán en la actividad judicial. Por esta razón, la institución cree que ampliar el programa al ámbito de la oralidad permitiría consolidar esta tendencia y reforzar la presencia de la lengua también durante las vistas judiciales.

Desde la abogacía catalana insisten además en que la propuesta no pretende introducir nuevas obligaciones legales, sino facilitar el ejercicio de un derecho que ya está reconocido en la legislación vigente. El ordenamiento jurídico garantiza que tanto ciudadanos como profesionales puedan utilizar el catalán ante los tribunales sin que ello suponga retrasos ni perjuicios en el procedimiento.

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