Una foto de archivo de una prisión
Tres suicidios en dos semanas en las cárceles catalanas, dos de ellos en aislamiento
Los fallecimientos en Puig de les Basses y Ponent reavivan las dudas sobre el uso del aislamiento en las prisiones que gestiona la Generalitat y la eficacia de sus planes de prevención del suicidio
Tres presos se quitan la vida en prisiones de Cataluña en solo quince días, según ha adelantado el diario The Objective, mientras la Generalitat habla de casos aislados y las entidades de derechos humanos alertan del impacto del régimen de aislamiento en la salud mental de los internos.
Al menos tres reclusos se han suicidado en las últimas dos semanas en cárceles catalanas, dos de ellos cuando cumplían sanciones en módulos de aislamiento, lo que ha encendido todas las alarmas sobre las condiciones en los centros penitenciarios gestionados por la Generalitat. Los fallecimientos se han registrado en las prisiones de Puig de les Basses (Figueres, Girona) y en el centro de Ponent (Lleida), en un contexto de creciente preocupación por el aumento de los riesgos de suicidio entre la población reclusa y por el uso del régimen cerrado como herramienta disciplinaria.
Tres muertes en Puig de les Basses y Ponent
Según la información difundida por la agencia EFE, dos de los internos fallecieron en la prisión de Puig de les Basses, uno de ellos en el Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), mientras que el tercer caso se produjo en la cárcel de Ponent. En dos de los suicidios, los presos se encontraban en situación de aislamiento, una circunstancia que diversos colectivos vinculan a un mayor deterioro psicológico y a un incremento del riesgo de conductas autolíticas.
Los casos se concentran en apenas quince días de marzo, en un sistema penitenciario que ya venía arrastrando una estadística preocupante: en 2024 se registraron once suicidios en las cárceles catalanas, después de otro repunte en 2022, con catorce muertes de este tipo. La propia Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat ha admitido en sede parlamentaria que la tasa de suicidio entre personas privadas de libertad es entre un 6% y un 7% superior a la del conjunto de la población.
El foco sobre el régimen de aislamiento
Las entidades de derechos humanos y observatorios del sistema penal llevan años cuestionando el uso del aislamiento prolongado, especialmente en los DERT, donde los internos pasan encerrados hasta 21 horas al día y solo acceden al patio una vez al día. Organismos internacionales han advertido de que este tipo de régimen cerrado puede generar graves secuelas psicológicas a partir de pocos días y desaconsejan su aplicación continuada.
El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) ha denunciado un aumento del uso del aislamiento en las prisiones catalanas y reclama más transparencia sobre las circunstancias concretas de las muertes recientes. La organización insiste en que la opacidad deshumaniza y exige que se hagan públicos los datos y protocolos de actuación para prevenir nuevos suicidios dentro de los centros.
La respuesta de la Generalitat y los planes de prevención
El Departament de Justicia de la Generalitat ha lamentado los fallecimientos y ha recordado que en 2024 se puso en marcha un plan de choque contra el suicidio en colaboración con la Conselleria de Salud, después de cuatro muertes en un corto periodo de tiempo. Ese plan incluye el análisis detallado de cada caso, la revisión de las tasas de detección de riesgo y la implicación tanto de equipos técnicos como de otros internos para identificar señales de alarma.
La Secretaría de Medidas Penales ha subrayado que el suicidio es una lacra social que afecta a toda la sociedad, aunque reconoce que las condiciones de privación de libertad incrementan la vulnerabilidad de los presos. Entre las medidas anunciadas figuran más formación específica para los profesionales, actividades de sensibilización y protocolos reforzados de seguimiento de los internos catalogados como de riesgo.
Malestar entre funcionarios y debate sobre el modelo penitenciario
El clima en las cárceles catalanas se enmarca también en un creciente malestar entre los funcionarios, que en los últimos años han protagonizado protestas y bloqueos a los centros denunciando falta de personal, agresiones y sensación de descontrol. Sindicatos penitenciarios han llegado a acusar a la Generalitat de no garantizar la integridad física ni de los internos ni de los trabajadores, y reclaman refuerzos de plantilla y una protección jurídica más clara para su labor.
Mientras el Govern insiste en sus planes de reinserción y en la necesidad de abordar el suicidio como problema de salud mental, diversas voces reclaman un replanteamiento profundo del modelo penitenciario catalán, especialmente del uso del aislamiento y de los recursos destinados a la atención psicológica. El reto pasa por compatibilizar la seguridad en los centros con la dignidad de las personas privadas de libertad y la defensa efectiva de su derecho a la vida.
