Dos informes jurídicos ven «inconstitucional» la polémica ley catalana que regula el alquiler temporal

Dos informes independientes entre sí presentados por la Unión de Propietarios de Vivienda de Cataluña, Som Habitatge, concluyen que la ley catalana aprobada por el gobierno de la Generalitat el pasado mes de diciembre para regular los alquileres de temporada y de habitaciones presenta severas deficiencias, y que incluso podría ser «inconstitucional».

«Debería estudiarse correctamente el rigor técnico de la nueva normativa», ha asegurado la presidenta de Som Habitatge, Núria Garrido, este lunes en la presentación de los dos informes, dirigidos, respectivamente, por el catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili (URV) –y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda– Sergio Nasarre y por el catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Girona (UG) Joan Manuel Trayter.

El primero de ellos constata «problemas de inconstitucionalidad graves» en la ley 11/2025 y detecta en ella hasta diez contravenciones. Nasarre –que ha realizado el estudio junto a los profesores Héctor Moreno y Gemma Caballé– señala que los problemas se encuentran en dos artículos «clave», que son el 66 bis y el 66 ter, ya que «en la práctica, equiparan los elementos clave del alquiler de temporada y de habitaciones al de vivienda habitual».

Nasarre recuerda que todos los organismos internacionales coinciden en que «el elemento esencial de una vivienda es la estabilidad», y que por tanto «ahora una nueva ley no puede decir que es vivienda una cosa que no tiene ningún tipo de estabilidad ni dignidad». «Decir que personas que malviven en habitaciones de forma permanente están en una vivienda normal es legalizar el sinhogarismo», ha insistido el catedrático.

Siguiendo la premisa de este ‘pecado original’, el investigador apunta que la norma aprobada por el Ejecutivo de Salvador Illa también modifica el objeto, causa, precio y forma de los contratos de alquiler. Nasarre también ha señalado que la norma autonómica «altera» el funcionamiento del mercado, provocando una «disrupción» en el resto del Estado.

«Hace diez años –ha defendido Nasarre– el mercado de alquiler de temporada y habitaciones era anecdótico, pero una serie de normas, catalanas y españolas, han ido expulsando la oferta del mercado residencial al temporal». Y también ha criticado el control de rentas, que cumple dos años habiendo producido una caída de la oferta en Cataluña «de entre el 20 y el 25%», así como un aumento del precio del metro cuadrado –en Barcelona, donde hay datos– y una precarización del tamaño de la vivienda.

Los inspectores

El segundo informe, elaborado por Joan Manuel Trayter, se centra en aspectos de la ley 11/2025, como la creación del polémico cuerpo de un centenar de inspectores. «La ley da a estas personas unos poderes brutales: pueden entrar a cualquier edificio, e incluso a los domicilios, y también adoptar medidas cautelares innominadas», explica Trayter, aunque señala que la norma no especifica qué titulación deberán tener estos inspectores, que tendrán la condición de agentes de la autoridad.

Trayter también se ha referido a las sanciones previstas en la ley, aunque ha lamentado que «ya teníamos otras normas que castigaban las mismas conductas» fraudulentas, lo que puede llevar a que las multas que impongan estos inspectores queden en «papel mojado», porque «no se pueden sancionar dos veces los mismos hechos». «El defraudador puede salir beneficiado de estas prisas y esta forma de legislar de cara a la prensa y no al rigor técnico».

Además, también resalta que la normativa se ha articulado en base a normas urbanísticas y no civiles, lo que está tensionando otro tipo de espacios como los equipamientos comunitarios.

Próximos pasos

Preguntados sobre si presentarán un recurso de inconstitucionalidad, Som Habitatge ha asegurado que pondrán ambos informes a disposición del gobierno de la Generalitat, de todos los partidos políticos y de las asociaciones que los requieran, para que cada uno «actúe en función de lo que puede hacer», según se ha expresado la directora general de la entidad, Anna Puigdevall.

Puigdevall ha confirmado que ya se han reunido con el Partido Popular –«hablamos con todos los partidos», ha dicho–, que ya expresaron su intención de recurrir la legislación. «Pedimos que se legisle más a favor de que haya un mercado de vivienda y no en contra de propietarios e inversores, que es un poco lo que estamos viendo ahora», ha añadido.